El desarrollo de Carpetania, en manos de los propietarios del suelo

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe han anunciado esta tarde el desbloqueo de la segunda fase del parque empresarial de La Carpetania, después de que la justicia obligase al Gobierno de Esperanza Aguirre a asumir ese desarrollo urbanístico y por tanto el coste de las expropiaciones previstas, que ascendían a unos 480 millones de euros.

La solución al conflicto entre la administración regional y local se ha solucionado por la vía de desentenderse ambas del desarrollo, que queda en manos de los privados al cambiarse el modelo de ejecución mediante la expropiación por el de cooperación.

Tanto el consejero de Economía, Percival Manglano, como el alcalde de Getafe, Juan Soler, ambos del PP, han destacado que con el desbloqueo se garantiza la expansión de la principal industria aeronáutica de la región, EADS-CASA, que había amenazado en 2009 con abandonar Madrid si no disponía de suelo para ampliar sus instalaciones, para lo que necesitaba adquirir 400.000 metros cuadrados de suelo industrial en el municipio. De esa expansión, arguyó en su momento la matriz de Airbus, dependía la creación de 25.000 puestos de trabajo.

A falta de conocer la opinión de los responsables de EADS, que declinan pronunciarse mientras no conozcan el contenido del protocolo, la consejería de Economía asegura que están contentos de que se solucione un problema enquistado durante años.

Con el documento firmado esta tarde por Manglano y Soler serán los propietarios de los terrenos los que se encarguen de la urbanización del suelo y deberán asumir las cesiones. Las empresas interesadas en instalarse en la segunda fase de La Carpetania comprarán directamente a los dueños. Los gastos que origine el cambio de modelo de actuación serán asumidos en un 60% por las Comunidad y en un 40% por el Ayuntamiento, que es la proporción que tiene cada uno en el Consorcio Urbanístico Parque Empresarial de La Carpetania.

El Gobierno regional aduce que el cambio de las condiciones económicas desde que se iniciase el proyecto en 2000 hace “imposible acometer esta actuación tal cual estaba concebida en su origen” ya que ahora “desde el punto de vista financiero resulta inasumible para las administraciones implicadas”.