Adoctrinar

Que cada vez que haya cambio de Gobierno se lleve a cabo una reforma educativa es un incordio para muchos y una bendición para unos pocos (verbigracia, para los editores de libros de texto). En general, es una muestra preclara de lo que le cuesta a nuestra democracia escapar de su corsé cortoplacista, ver más allá y pactar políticas de largo alcance. De la nueva reforma que se avecina, sólo me detendré en el jaleo renovado en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EPC), en adelante reconvertida en Educación Cívica y Constitucional (ECC).

La polémica que ha suscitado esta materia en los últimos años es sorprendente: activísimas campañas de sectores conservadores desprestigiando y caricaturizando su sentido y contenido; asociaciones de padres objetores con el lema: “Porque no quiero un caballo de Troya en mi casa; porque la moral, a mis hijos, se la enseño yo”; más de 50.000 casos de objeción de conciencia, unos 3.000 expedientes judiciales y una sentencia del Tribunal Supremo desestimando esas objeciones. La acusación más común ha sido la del adoctrinamiento ideológico. Supuesto adoctrinamiento del que —ha anunciado el ministro Wert— estará libre la nueva materia de ECC, centrada en cambio “en el conocimiento de la Constitución, así como la historia de la Unión Europea y sus instituciones”.

Es llamativo que quienes más se quejan de la crisis de valores, quienes más lamentan y deploran el relativismo moral que nos caracterizaría, son los más contrarios en cambio a la enseñanza de una ética pública y común. Por una parte, los que creen en la solidez de la enseñanza religiosa, insustituible a su juicio por una materia laica igualmente sólida en términos éticos; por otra, los que repiten que lo importante es que haya más clases de matemáticas, lengua o economía, y no esas materias maría, caracterizadas por su meliflua utilidad o su parca rentabilidad.

Aún no sabemos exactamente cuál será el contenido del cambio de EPC a ECC, pero lo que sí resulta claro es la tendencia a priorizar el aspecto jurídico e institucional frente al propiamente ético y político, terreno propicio a la deliberación y el debate. Recuerda a la postura que mantiene el propio Partido Popular respecto al matrimonio homosexual: lo que en realidad han puesto en duda durante todos estos años es su moralidad; pero en lugar de plantear el debate en el plano ético, lo llevan al jurídico, como si fuera un mero asunto de encaje —o desencaje— constitucional. Si la asignatura se centrara sólo en los acuerdos jurídicos, en la estructura institucional, sin servir de reflexión al cómo y porqué de esos acuerdos, sin fundamentar y cuestionar su legitimidad, resultaría sin duda coja. En definitiva, puede que a ser buena persona se enseñe en casa (se debería, al menos); pero, ¿y a ser buen ciudadano? ¿Es “adoctrinar” enseñar e invitar a reflexionar sobre ello?