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El Gobierno constata irregularidades en Justicia por 23 millones de 2000 a 2009

Una investigación interna confirmado irregularidades en al menos una quincena de expedientes, cuyo importe rebasa los 23 millones de euros

El Gobierno ha acordado en su reunión de hoy poner en conocimiento de la Fiscalía irregularidades que ha constatado en contratos informáticos realizados por el Departamento de Justicia durante los tres mandatos de Juan José Ibarretxe, entre 2000 y 2009. Durante esos años los responsables de la cartera fueron Sabin Intxaurraga, ya fallecido, y Joseba Azkarraga, ambos de EA.

Una investigación interna ha confirmado esas irregularidades en al menos una quincena de expedientes, cuyo importe rebasa los 23 millones de euros. Se trata, según ha informado la portavoz, Idoia Mendia, tras la reunión semanal de Gabinete, de contratos pagados en su integridad por el Ejecutivo, pero cuyos trabajos están, aún a día de hoy, sin finalizar o incluso ni siquiera fueron empezados nunca.

En varios de ellos las tareas fueron contratadas y pagadas varias veces, bien con contratos sucesivos o a través de facturas por los mismos conceptos que ya recogían expedientes anteriores. El plazo fijado para la realización de los trabajos era tan escaso que apunta a que la empresa adjudicataria conocía de antemano que iban a serle encargados y ya tenía la tarea anticipada. En otros casos, sostiene el Gobierno "ninguna de las partes tenía intención de realizar lo contratado, por lo que dicha contratación no era sino una mera justificación formal para obtener financiación".

Las auditorías, una interna y otra externa, que han desembocado en esta accción legal fueron encargadas por el anterior viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, fallecido en octubre de 2010. Las empresas adjudicatarias reconocieron en reuniones que mantuvieron con él que habían cobrado íntegramente pero no habían ejecutado los trabajos. Estas tareas estaban relacionadas con la implantación del sistema de gestión procesal en los órganos que realizan tareas jurisdiccionales, con el desarrollo del expediente judicial electrónico y con la implantación de la nueva oficina judicial.

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