Andalucía protesta por el cambio de los temarios de las oposiciones a profesor

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha trasladado este martes una "protesta" formal al Ministerio de Educación por la decisión "unilateral" y "sin precedentes" que este ha adoptado al publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden que deroga los temarios de las oposiciones docentes que se aprobaron en noviembre de 2011 y se restablecen los de 1993.

Según han informado fuentes de la Administración educativa, esta "protesta" de Andalucía se ha realizado en el transcurso de una Comisión General de Educación (un órgano de coordinación de políticas educativas entre Ministerio y comunidades autónomas) que ha tenido lugar este martes en Pamplona (Navarra). Aunque en el orden del día no estaba incluido tratar este asunto -ya que la Comisión General se había convocado para "llevar una posición común del Estado español a la Unión Europea sobre la empleabilidad y la cultura emprendedora", algo que se ha conseguido-, Andalucía ha aprovechado el turno de Ruegos y Preguntas para "dejar constancia de la protesta" de la comunidad a esta orden ministerial.

De este modo, ha trasladado al responsable del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que "nunca antes se había adoptado una decisión de este tipo sin la consulta previa a la Conferencia Sectorial o, como mínimo, a la Comisión General" porque, entre otras cosas, "es obligatorio y preceptivo" hacer dicha consulta previa a las comunidades autónomas, que también tienen competencia en materia educativa. "Creemos que la educación es una cuestión de Estado y las comunidades también somos Estado, por lo que se nos tenía que haber consultado", recalcan las citadas fuentes.

La Junta de Andalucía, que cree que esta orden del Ministerio de Educación "podría ser hasta recurrible" aunque avanza que no la recurrirá porque no quiere "perjudicar" a los opositores, también considera que, al tratarse de una medida "unilateral", tendrá que ser el Ministerio el que se haga "responsable de los perjuicios ocasionados" a los aspirantes que llevan meses preparándose para acceder a una de las 2.389 plazas convocadas

en la comunidad. "Tanto que hablan de pacto educativo y de consenso y ahora nos encontramos con esta decisión sin que, en ningún momento, hayan hecho consulta previa alguna", afean desde Educación a los responsables de esta materia en el Gobierno de Mariano Rajoy.