El juez cita a declarar a 23 imputados más por el fraude de la Alhambra

Seis años después de las primeras declaraciones, el juez que investiga el supuesto fraude en el control de acceso y venta de entradas a la Alhambra ha citado a declarar a nuevos imputados. La compleja y dilatada instrucción del caso y los últimos informes periciales han propiciado la imputación principalmente de taquilleros, que hasta la fecha no habían sido implicados.

El próximo lunes comienzan las declaraciones que se extenderán hasta el 7 de marzo. El juez ha citado a 23 personas, si bien cuatro de ellas (dos oficiales de primera, uno de segunda y un peón de control e información) ya estaban imputadas en el caso, que afecta a unas 80 personas. Con posterioridad, el juez tomará declaración a cuatro testigos que habían sido solicitados por una de las partes.

El informe pericial sobre posibles irregularidades en la impresión de entradas, que esta misma mañana ha sido ratificado por el perito, detalla una serie de “incumplimientos de la normativa” solo en la impresión de entradas por parte de los expendedores o taquilleros de la Alhambra. En base a ese documento se producen fundamentalmente estas nuevas imputaciones.

Las entradas se retiraban de las taquillas en días anteriores o posteriores al día de la visita (cuando debía ser el mismo día), se utilizaban indebidamente códigos, se superaba el cupo de cinco entradas por comprador y día o se incumplía la comprobación de datos al confirmarlas,  siempre según las "irregularidades" detectadas y reflejadas por el perito. El documento concluye que en los incumplimientos participaron "todos los expendedores" de una relación aportada por el propio Patronato de la Alhambra.

Pues bien, tras analizar los datos que aparecen en ese informe sobre las impresiones realizadas por cada código de expendedor, y teniendo en cuenta el "indiciario grado de incumplimiento de la normativa", el juez ha imputado a 23 personas, a 19 nuevas en el caso. Los delitos en los que podrían haber incurrido son malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y daños al patrimonio histórico español, según consta en una providencia del titular del juzgado de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco.

El instructor le reclama además al Patronato información sobre la identidad de varias personas que llevaron a cabo impresiones en el centro de control y que le comunique las impresiones supuestamente hechas por ocho personas no expendedoras que podrían haber impreso entradas. Con qué código, pregunta, y cuál era el destino de esos billetes.

En 2008, otro informe pericial cifró en ocho millones el dinero supuestamente defraudado entre 2002 y 2005, que es el periodo que se investiga. Los imputados han negado desde el inicio la existencia de una trama en ese sentido, así como su implicación. En ocasiones, sí han reconocido que compensaban entradas de unos grupos a otros por diversas circunstancias y argumentan que era una práctica conocida por la dirección del Patronato.