Una finca cuatro veces más barata

El Ayuntamiento de Barcelona expropió por seis millones de euros en el mandato anterior una finca de dimensiones parecidas a las de la parcela de la avenida de la Mare de Déu de Montserrat por la que el Consistorio actual está dispuesto a pagar 22,5 millones de euros para desencallar el proyecto de Can Batlló, en Sants. El grupo Inmogaudir es el propietario de la antigua colonia textil de Can Batlló y de la finca del Guinardó, que es zona verde y cuya expropiación ha entrado en juego después de que la inmobiliaria alegara falta de liquidez. El Consistorio y la inmobiliaria llegaron a un acuerdo —en el expediente de expropiación instado por la propiedad— según el cual el Ayuntamiento pagaba 22,5 millones por una finca de 16.000 metros cuadrados de Mare de Déu de Montserrat calificada de zona verde.

El último gobierno socialista pagó seis millones de euros por una finca cercana, también en Els Tres Turons, en Can Baró, de 15.800 metros cuadrados, de los que 4.900 tenían calificación de zona verde y 10.000 de equipamiento, por lo que el valor del suelo es mayor. Pese a ello, la propiedad y el Consistorio acordaron un precio de 379 euros el metro cuadrado, muy por debajo de los 1.378 que está dispuesta a pagar ahora la administración de CiU por la finca de Inmogaudir de Mare de Déu de Montserrat.

El gobierno de CiU defiende el acuerdo de los 22,5 millones alegando que, si la expropiación llegara a los tribunales, el precio final podría llegar a 48 millones de euros. Esa es la cantidad que se fijó por sentencia el año pasado por una finca parecida y cercana a la de Inmogaudir de Mare de Déu de Montserrat. Pese a la convicción del área de Hábitat Urbano de que el precio pactado —y reflejado en un convenio que tuvo que ser retirado por falta de apoyos— es el mejor para la ciudad porque así se lograría desencallar el proyecto de Can Batlló, ni la oposición ni los vecinos de Sants comparten esa idea. Así se puso en evidencia en la reunión de la comisión de seguimiento que se celebró ayer.

Es más, lo consideran “trato de favor” a la promotora Inmogaudir, que lleva años con el plan urbanístico de Can Batlló aprobado y no lo ejecuta por una supuesta “falta de liquidez". Tanto es así que el Consistorio ha decidido aportar 10 millones de euros para que comience la ejecución del plan. A cambio, obtiene 5.000 metros cuadrados para edificar en Can Batlló. Eso es lo único que, por ahora, ha cedido la inmobiliaria.

“Pagar 22,5 millones es completamente exagerado, y además, ¿qué va a hacer el Ayuntamiento con una zona verde? ¿Qué rentabilidad supone para la ciudad?”, se preguntaba el edil del PP Eduardo Bolaños. El regidor comparte otra salida que ayer apuntaba Assumpta Escarp (PSC): “Si resulta que el Ayuntamiento tiene que pagar las indemnizaciones y el coste de la urbanización de Can Batlló, la inmobiliaria le debería dar en contraprestación más edificabilidad en Can Batlló, no una zona verde en el Guinardó".

A juicio de Elsa Blasco (ICV-EUiA), sería “un disparate” pagar esa cifra porque no tiene nada que ver con otras que se han pagado en expropiaciones del entorno. Blasco cree que pagar 22,5 millones a la inmobiliaria supone un trato de favor frente a lo que se ha liquidado a otros propietarios cuando se trata de una negociación por mutuo acuerdo.