Guerrero pone el ventilador

Balones fuera, pero en todas direcciones. El ex director general de Trabajo Javier Guerrero, principal imputado en el caso de los ERE, puso el ventilador durante su declaración ante la Guardia Civil el pasado jueves y disparó contra todos: el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el despacho de abogados Garrigues, los sindicalistas y técnicos que le ayudaron en la Consejería de Empleo. Eso sí, entre líneas se divisan las medias verdades preñadas de imprecisiones y comentarios veladamente interesados de un imputado con un panorama judicial muy negro: la lista de delitos puede ser interminable si a la malversación, tráfico de influencias y prevaricación actuales se le suma un delito por cada subvención que concedió.

Durante seis horas de declaración policial, Guerrero mencionó una destrucción de documentos para ocultar pruebas en las dependencias de Empleo y solo admitió haber incluido a los intrusos en los expedientes. Al contrario que antaño, Guerrero reconoce ahora que Empleo controló el destino dado a las ayudas directas: “Carecía de personal y medios para ello. Nadie realizaba ese control”. Y va más allá al admitir que la Consejería subvencionó empresas pese a saber que estaban abocadas al cierre: “Aunque se les diera dinero, iban a cerrar (Santana Motor o Faja Pirítica)”. Estos son los aspectos más relevantes de su declaración:

• Zarrías. Ante las alarmas e informes de la Intervención General sobre el procedimiento para conceder ayudas, el ex alto cargo dispara contra la antigua cúpula de la Junta, informó ayer El Mundo. Guerrero alega que “intentamos regular la forma de concesión de las ayudas a través de órdenes y borradores que nunca prosperaron”. Asegura que estos borradores de órdenes se llevaron al “consejillo” [integrado por los viceconsejeros y presidido por el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías] “y nunca se trataron”. A pesar de que Guerrero no asistía a estas reuniones, asegura que no pasó este “filtro” y la regularización no llegó a tratarse en el Consejo de Gobierno. Ayer Zarrías replicó que las órdenes “nunca pasaban al consejillo, sino que estaban en manos del consejero” y tras su firma se publicaban en BOJA. “Solo pasaban los decretos y las leyes, y en la última etapa los decretos-ley (...) No sabe lo que es una orden. Eso es falso”, insistió el exconsejero.

• Viera y Fernández. El ex director general achaca a sus superiores, los exconsejeros Antonio Fernández [ya imputado] y José Antonio Viera [aforado ajeno a la causa] un perfecto conocimiento del procedimiento que la juez considera ilegal y de la inclusión de intrusos en los ERE. Con pelos y señales. “En el consejo de dirección de todos los lunes, cada centro directivo exponía lo que estaba llevando en ese momento, tratando las necesidades económicas y los pormenores de cada uno de ellos (...) todo lo relacionado con las ayudas y su tramitación era conocido y despachado en el consejo de dirección semanal. Incluso algunas de las ayudas, por su entidad eran despachadas personalmente con el consejero y viceconsejero (Faja Pirítica, Delphi)”. El nivel de detalle aumenta durante la declaración, que se torna más gráfica al abordar los problemas con la agencia IDEA por los pagos cruzados, “Antonio Fernández me dijo que hiciera lo que tuviera que hacer para solucionarlo. Me dijo que fuera a IDEA y le diera una patada en los cojones al gerente”.

• Origen del fondo. Sobre la fórmula para conceder subvenciones de manera discrecional pese a los reparos de la Intervención, Guerrero aclara que la clave fue el convenio firmado en 2001 entre los exconsejeros Viera y Fernández. Este acuerdo fijaba la subvención excepcional “para salvar la falta de normativa reguladora”. “En nueve años nadie puso reparo alguno a su uso (...) me indicaron en los consejos de dirección que esa era la nueva herramienta de trabajo”. ¿El objetivo? “El mantenimiento de la paz social, la ayuda a territorios deteriorados o a trabajadores que iban a sufrir el cierre de la empresa”.

• Intrusos. El ex alto cargo admite que incluyó intrusos (prejubilados que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas), pero estima que su generosidad tenía amparo legal. “Si alguien me pedía que le ayudara, no me importaba su afiliación política ni vecindad”. A continuación, achaca a las aseguradoras que las pólizas de los intrusos estuvieran agrupadas con las empresas, a pesar de que él firmó todos los convenios y conocía el procedimiento a la perfección. Prueba de ello son los “pagos cruzados”, órdenes que dio durante años directamente a las aseguradoras a espaldas de IDEA (la agencia pública pagadora). “No entiendo por qué la aseguradora los mete en una empresa o en otra”, explica. Por último, insiste en que tanto el consejero como el viceconsejero era informados de “estas ayudas individuales y las circunstancias de la concesión”.

• Jefe de servicio. Guerrero hace recaer el seguimiento de los expedientes sobre el ex jefe de servicio de coordinación en Empleo, Antonio Diz Lois. “Si tenía alguna duda le consultaba. Se encargaba de asesorar en caso de duda, pero sobre todo llevaba el seguimiento de pagos y de los expedientes”, comenta. Además, le achaca “llevar el control sobre la operativa” para evitar que IDEA cortara los pagos de las pólizas. Diversas fuentes de Empleo rechazan de plano que las funciones de Diz Lois fueran más allá de confeccionar la memoria del presupuesto e incluir en hojas de cálculo los expedientes.

• Bufete Garrigues y sindicalistas. Al prestigioso despacho de abogados el ex director general le achaca un poder soberano para decidir si en los ERE debía decidir quién figuraba como tomador de la póliza, si la Junta o la empresa que prejubilaba a sus trabajadores. Afirma que Garrigues elaboró en ocasiones protocolos de colaboración para subvenciones que pagaba la Administración con fondos públicos. Con imprecisión, atribuye al despacho haber ideado el convenio que originó el fondo para empresas en crisis. “Me han dicho que fue el despacho Garrigues quien asesoró para su confección”. Fuentes de Garrigues negaron que hicieran dicho protocolo que en 2001 originó el fondo. Por último, Guerrero afirma que los brokers (intermediarios a los que la juez acusa de comisiones desorbitadas) vinieron “de la mano de los sindicatos”.