Una propuesta simple, clásica, actual

¿Qué podemos hacer ante la brutal y en parte irreversible situación del desempleo? ¿Cómo enfrentarnos a la erosión de servicios públicos y su pérdida de legitimidad? Ayer se celebró en Nápoles el Forum dei Comuni per i beni comuni, una iniciativa municipal, con la presencia de alcaldes tan significativos como los de Milán (Pisapia), Cagliari (Zedda), Venecia (Orsoni), Bari (Emiliano), Bolonia (Merola) y el propio De Magistris, alcalde Nápoles. El asunto no puede ser más actual: la defensa de los bienes comunes, de los bienes públicos, de los bienes de todos. Como dice Robert Reich, lo que define una sociedad como tal es una estructura de beneficios y obligaciones comunes, que reposan en instituciones y valores de carácter público. Y lo que nos ocurre ahora es que estamos metidos en una deriva irracional por la cual todo lo que aparece como público, como común, se encuentra bajo sospecha. En los últimos años, las historias de éxito se concentran en quienes acumulan beneficios, evaden impuestos, presionan a los Gobiernos e instalan redes financieras globales. La fuerza cohesionadora de lo común, el relato de lo público, sobre el que se asentó la reconstrucción de Estados Unidos y de Europa tras la Gran Depresión y la guerra han ido dejando paso a la retórica y al relato de la ineficiencia y al derroche de lo estatal. Razones no han faltado, y hemos de reconocer que no siempre las cosas se han hecho bien, y muchas veces lo estatal es sinónimo de burocrático, rígido y jerárquico. Pero la alternativa que se nos ofrece no es ni mucho menos mejor. Lo privado, lo puramente mercantil, no resuelve ni fundamenta necesidades comunes ni amenazas compartidas. Con la racionalidad utilitarista del “cada uno a lo suyo”, no iremos muy lejos.

¿Pero hay salida frente al dilema de “más mercado o más estado”? La lógica de los bienes comunes es otra. Hablamos de bienes que por su propia naturaleza y más allá del tipo de propiedad que les pueda caracterizar, tienen una función básica, esencial para la colectividad. Una relectura comunal de la Constitución Española nos muestra que podemos considerar bienes comunes ríos, fuentes, lagos, el agua en general, el aire, los espacios naturales, los bosques, los montes vecinales “en mano común”, las costas, la fauna y flora, los bienes culturales y arqueológicos (artículo 132 y artículos 44, 45, 46); “bienes soberanos”, que fundamentan los servicios públicos considerados esenciales y de interés económico general, y que aseguran la vida, la dignidad, la educación, la salud… (artículos 9.2, 10, 15, 20, 27, 39, 41, 43); y “bienes sociales”, como la vivienda pública, el conjunto de edificios públicos, las redes de servicios públicos (artículo 132).

Los poderes públicos han de reconocer, regular y garantizar la existencia y protección de los bienes comunes

En estos 30 años hemos visto todo lo contrario. Privatizaciones y proliferación de gestión mercantil de bienes comunes esenciales para la comunidad, para la dignidad y supervivencia de las personas y de las colectividades en que se integran. Hemos ido asistiendo a una formidable transferencia de soberanía hacia la esfera mercantil. Los bienes comunes, por su propia naturaleza, han de ser gestionados colectivamente, ya que la lógica de su existencia y de la necesidad de preservarlos es universal, humana. Los poderes públicos han de reconocer, regular y garantizar su existencia y protección, pero no por ello han de estatalizar su gestión. Los ciudadanos son quienes pueden autogestionarlos desde una lógica democrática y comunitaria.

Lo que está en juego es la superación de la dicotomía Estado/sociedad, o bienes públicos/bienes privados, para avanzar en un derecho público participado, desde la proximidad y el control colectivo. La rápida difusión de la contemporaneidad de los bienes comunes muestra la necesidad que sentimos de dotarnos de una nueva racionalidad que canalice las transformaciones vitales que experimentamos y que combinen los aspectos sociales, económicos y políticos. Más allá del dilema público/privado, se busca reconstruir vínculos entre personas, entre necesidades y bienes, enraizando directamente en la ciudadanía los derechos vitales. No se trata de avanzar “en otra forma de propiedad”, sino en “lo opuesto a la propiedad”.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.