El Ararteko defiende el acercamiento de los presos etarras a cárceles vascas

“Queremos demandar que los presos de ETA cumplan su condena en cárceles próximas a sus lugares de origen”, defendió ayer el titular del Ararteko, Iñigo Lamarca, en un artículo que difundió en pleno debate sobre la política penitenciaria con los reclusos etarras y en vísperas de la reunión de hoy entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el lehendakari, Patxi López, en la que se abordará esta cuestión. Junto a ello, Lamarca reclama la excarcelación de los reclusos que padecen enfermedades graves o la concesión de la libertad condicional a quienes cumplan los requisitos legales para ello.

Estas demandas coinciden en parte con las que vienen formulando en los últimos meses la izquierda abertzale y las asociaciones de familiares de los presos de la banda. También el PNV y el propio López han reclamado una política penitenciaria más flexible, mientras que el Gobierno mantiene que debe ser ETA la que dé primero el paso de disolverse de una forma definitiva.

El Ararteko ve su idea compatible con los derechos de las víctimas

El artículo, que el Defensor del Pueblo vasco colgó además en su página web (www.ararteko.net), defiende que la política penitenciaria que viene aplicándose a los presos de ETA ha estado condicionada por las necesidades de la lucha antiterrorista mantenida por los distintos Gobiernos en las últimas décadas. Para el Ararteko, el anuncio del cese definitivo de su actividad criminal, que ETA hizo el pasado 20 de octubre, abrió una nueva situación en la que “decae el objeto en el que se ha basado la restricción de derechos” de los reclusos.

La dispersión, el empleo excesivo de la prisión provisional, las limitaciones de la posibilidad de acogerse a beneficios penitenciarios, la aplicación retroactiva de interpretaciones restrictivas en el cómputo de la pena a través de la llamada doctrina Parot son algunas de las consecuencias de esta política penitenciaria especial con los presos etarras que enumera Lamarca. A su juicio, estas deben cambiar y “asimilarse al régimen general que rige para cualquier persona en prisión”.

Lamarca defiende que “el hecho de que ETA haya abandonado explícita y definitivamente la actividad armada facilita una interpretación de la ley” acorde con la realidad social y las circunstancias del momento. En esa línea, recomienda que se facilite, “si se dan los requisitos establecidos y de manera individualizada”, la excarcelación de los presos enfermos o que puedan optar a la libertad condicional. Todas estas demandas, adquieren hoy “renovada vigencia y fuerza” al tiempo que son “compatibles con el respeto y los derechos de las víctimas”.

Ante las críticas que su planteamiento público pueda suscitar, Lamarca argumenta que “la actitud de permanente denuncia radical y firme del Ararteko contra ETA” y sus crímenes es perfectamente compatible con “la demanda de otra política penal-penitenciaria”. Asegura que su misión como Defensor del Pueblo vasco es interpretar la ley en un sentido lo más favorable posible a los derechos de las personas, y finaliza así su explicación: “Desde una óptica suprapartidista y de defensa de los valores democráticos, es hora de que el Estado de Derecho haga valer su superioridad moral” con los presos de ETA.

La única reacción al comunicado que se produjo ayuer llegó de la mano del parlamentario vasco de UPyD, Gorka Maneiro, quien acusó al Ararteko de haber “metido la pata” al “tener mayor compasión por los verdugos que por las víctimas”.