Empleo pagó comisiones por despedir 348 trabajadores de una empresa pública
Anticorrupción pide investigar la relación de las consultoras con los imputados
La Junta de Andalucía pagó 1,7 millones en comisiones a la consultora Vitalia para el ERE (expediente de regulación de empleo) de la empresa pública Egmasa. La Consejería de Empleo andaluza pactó con la empresa intermediaria del grupo Eurobank y actualmente en proceso de disolución un 11% de "gastos externos", a pesar de que la empresa afectada pertenece a la propia Administración. La Consejería de Empleo, bajo el mandato de José Antonio Viera, alcanzó en 2003 el compromiso para subvencionar el ERE y fijó un gasto de 16 millones procedentes del fondo para empresas en crisis.
La elevada comisión se repartió entre el comercial Francisco González, detenido por la policía y acusado de estafa y cohecho, el negociador Jesús Bordallo y la consultora catalana Vitalia. La firma Irson Empresarial, administrada por María Vaqué, imputada en la Audiencia Nacional por la descapitalización de la mutua Fortia, percibió gran parte de los 1,7 millones, según fuentes del caso. Mientras, la Dirección General de Seguros ha expedientado a la consultora Vitalia a través de tres expedientes.
La Junta llegó a pagar hasta un 25% en comisiones en los ERE a Vitalia, empresa que tramitó las pólizas de 60 los 72 intrusos (prejubilados que no trabajaron en las empresas beneficiadas). El pasado miércoles el PP elevó el porcentaje al 29% y cifró entre 150 y 200 millones las comisiones pagadas por la Administración. La norma fue pagar el ERE de empresas ajenas, pero en algunos casos la Junta también subvencionó las prejubilaciones en empresas públicas como Altadis y Egmasa.
El ERE de esta última, una firma dedicada a labores vinculadas al medio ambiente, afectó a 348 trabajadores (vigilantes y peones de extinción de incendios) de una plantilla total de 5.500 empleados. En este ERE la Junta identificó al exconcejal de IU en Almonte (Huelva) Antonio García como intruso al prejubilarse de forma irregular tras un despido declarado improcedente.
La póliza, que aún abona la Junta, contó con hasta cuatro suplementos, que encarecieron el coste de la póliza y las comisiones, aunque las cifras definitivas de los “gastos externos” no están claramente definidas en la documentación del ERE aportada por la Junta y la aseguradora Vitalicio al juzgado que investiga el fraude.
Mientras, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez Mercedes Alaya que ordene a la Guardia Civil investigar las relaciones desde 2001 entre las empresas subvencionadas, las aseguradoras y las consultoras, así como a los 30 imputados que acumula la causa. El fiscal busca analizar “la facturación, retribuciones del trabajo y capital, rendimientos profesionales” y toda la información que contribuya a lograr pistas para el retorno de dinero público logrado ilícitamente.
La Junta entregó a la juez los expedientes con las subvenciones más cuantiosas y otras ayudas directas a empresas. Pero la fiscalía considera que aún hay abundante información pendiente de investigar y requiere “todos los expedientes”, también los de menor cuantía e incluso los que no fueron concedidos.
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