Guerrero vuelve a salpicar a los exconsejeros en el caso de los ERE

El ex director general de Trabajo Javier Guerrero achacó de nuevo la responsabilidad de la gestión de los ERE (expedientes de regulación de empleo) a los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera. Guerrero, principal imputado del caso por tráfico de influencias, malversación y prevaricación, declaró ante la Guardia Civil durante seis horas y alegó que las ayudas del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones fueron “codecisiones compartidas”.

Mientras Fernández está imputado por los mismos cargos que Guerrero, Viera (diputado en el Congreso y líder del PSOE sevillano) no está imputado en la causa. Guerrero ya declaró ante la policía en dos ocasiones y alegó que durante su periodo de nueve años como alto cargo se limitó a ejecutar las órdenes de ambos consejeros. Ayer los agentes también le interrogaron sobre las funciones de Ramón Díaz, parlamentario andaluz que llegó a ser su mano derecha en Empleo. “Les expliqué que se encargó de negociaciones en mi ausencia”, dijo.

El ex director general llegó intranquilo a la cita con los agentes, fijada a las 9.15 de la mañana en el cuartel de la cuarta zona de la Guardia Civil en Sevilla, pero pronto se relajó al darse cuenta de la cordialidad de los guardias civiles y que la declaración sería prolongada (acabó a las 15.30). “Llegué acojonado pero me atendieron muy bien”, destacó, en tono jovial, en declaraciones a este periódico. A continuación, elogió el conocimiento de los agentes sobre el complejo modus operandi desarrollado en Empleo por parte de los agentes de la Guardia Civil.

“Es la primera vez que entienden las ayudas individuales y las ayudas a empresas, así como el modelo de tramitación (...) Me habré podido equivocar o no, pero el sistema fue el que me dio la Junta”, alegó. El ex alto cargo sostiene que numerosos intrusos (prejubilados que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas) tenían derecho a sus ayudas individuales requeridas, y que el error vino al incluirlos en los expedientes de determinadas empresas en vez de crear pólizas exclusivas.

Guerrero destacó el interés de los agentes por entender las funciones y el nivel de responsabilidad del parlamentario socialista Ramón Díaz, su mano derecha en la gestión de los ERE. “Me llegó de asesor de la Faffe [agencia pública de Empleo] y ya tenía experiencia acumulada durante los años en UGT”, explicó. Díaz sucedió al intermediario imputado Juan Lanzas al frente de la Federación del Metal de UGT, y posteriormente logró una plaza en la empresa pública Faffe con un despacho en la dirección general de Trabajo.

El ex director general destacó que el interrogatorio versó también sobre los ERE de empresas como Río Grande, Acyco y Calderinox, y las respectivas negociaciones para despidos pactados. “Hablamos de la regulación general de tramitación de la Junta y cómo proponía al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) e informaba a los consejeros en los consejos rectores”, aclaró. Además, Guerrero describió “las mediaciones” de Juan Lanzas y el asesoramiento a las empresas por parte de los bufetes Garrigues y Estudios Jurídicos Villasís.

Por último, Guerrero explicó a Europa Press que los agentes evitaron interrogarle sobre las declaraciones del exchófer Juan Francisco Trujillo en las que dijo que se habían gastado juntos la mayor parte de 900.000 euros en “cocaína, fiestas y copas”.