Anticorrupción pide investigar la relación entre consultoras e imputados de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que encargue a la Guardia Civil investigar las relaciones desde 2001 entre las empresas subvencionadas, las aseguradoras y las consultoras, así como a los 30 imputados en la causa. El ministerio público busca analizar "la facturación, retribuciones del trabajo y capital, rendimientos profesionales" y toda la información que contribuya a lograr pistas para el retorno de los fondos públicos logrados de manera ilícita.

La Junta entregó al Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla los expedientes con las subvenciones más cuantiosas por los ERE (expedientes de regulación de empleo) y otras ayudas directas a empresas. Pero la fiscalía considera que aún hay abundante información pendiente de investigar y que puede desvelar indicios de delitos, por lo que requiere a la juez que exija a la Junta más colaboración. De este modo solicita "todos los expedientes de las ayudas a empresas" concedidas a través de la agencia IDEA por orden de la Consejería de Empleo. Incluidas las ayudas denegadas pero que fueron pedidas por los empresarios ante la Secretaría General Técnica de Empleo mediante una "relación detallada" de personas, empresas o entidades locales.

"Se considera necesario que se examine la totalidad de los expedientes citados y no solo los de mayor cuantía, al poder tratarse las ayudas de menor cuantía de ayudas a empresas". El fiscal aclara cómo estas ayudas pueden haber beneficiado a multitud de empresarios que no merecían las subvenciones y que aún así recibieron ayudas autorizadas por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero: "Empresas ligadas de manera expresa o simulada, directa o indirectamente, a un mismo grupo de personas próximas o concertadas con los imputados en esta trama fraudulenta".

Anticorrupción pide a la magistrada del caso que profundice en "la actividad real de sociedades" utilizadas para el lucro ilícito de los imputados y para determinar el destino de los fondos percibidos para estudiar "su contabilidad, declaraciones tributarias, estructura empresarial y societaria".

Por último, la fiscalía pide a la juez que le requiera a la Agencia Tributaria para que designe un equipo concreto de técnicos para que realice funciones de auxilio judicial y se sume a la ayuda aportada por el técnico que designó en su día la Dirección General de Seguros.