La ayuda de Rajoy permitirá a Madrid liquidar en 2013 casi todas sus facturas

Las medidas aprobadas o anunciadas por el Gobierno central en los últimos días para aliviar las cuentas de comunidades autónomas y corporaciones locales permitirán al Ayuntamiento de Madrid reducir un tercio sus facturas pendientes, y agilizarán sobre todo los pagos en 2012 y 2013, años en los que no estaba previsto hacer casi ninguno ante la precariedad de las arcas públicas.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido (alcalde de Sevilla, PP), se han reunido esta tarde por espacio de dos horas para discutir los apuros de financiación de los Ayuntamientos. El encuentro ha servido además para lanzar una nueva línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial para facilitar los pagos pendientes.

En los días previos a mudarse del flamante Palacio de Cibeles por el ajado Palacio de la Marquesa de Sonora (sede del Ministerio de Justicia, construido en tiempos de la Revolución Francesa), el entonces concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo (PP), se lamentaba, entre la ironía y la nostalgia, con tener que soltar el timón de las cuentas municipales ahora que amaina la tormenta y el barco deja de cabecear. O más bien, ahora que el huracán que amenaza con llevarse por delante a navíos aparentemente más lustrosos (comunidades autónomas como la valenciana, por ejemplo) ha dejado en poco los apuros de la capital.

Antes de marchar, Bravo legó a la nueva alcaldesa, Ana Botella (PP), un plan económico y financiero que, a falta aún de que sea aprobado por el Gobierno (el anterior, de junio, no pasó el filtro con el PSOE aún en La Moncloa), ya ha sido adoptado por ésta como “hoja de ruta” para el resto de su mandato, hasta 2015.

El plan peca de irreal en ciertos aspectos: para empezar, se fundamenta en unas previsiones (elaboradas por el Gobierno central antes del otoño) excesivamente halagüeñas. Para 2012, por ejemplo, auguraba un crecimiento del 2,3%, cuando el consenso generalizado hace esperar una nueva recesión este año. Sin embargo, contaba con un as en la manga: debido precisamente a esas dificultades ahora generalizadas entre autonomías y ayuntamientos, el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) parecía inclinado a conceder a estos algunos de sus ruegos para aliviar a corto plazo su financiación.

En su primer Consejo de Ministros, Rajoy aprobó el 30 de diciembre un incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la principal herramienta recaudatoria de los ayuntamientos (en el caso de Madrid, supone casi una cuarta parte de sus ingresos), del 4% en 2012 y otro tanto en 2013. Esa subida, sumada a la ya prevista en la capital por la revisión catastral del año pasado, supondrá un encarecimiento del recibo del 10% este año y del 16,2% el que viene, tomando como referencia el de 2011. Y reportará al Gobierno municipal 60 millones (30 por año).

El pasado 13 de enero, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, avanzó en un mitin electoral en Málaga una medida para “favorecer la liquidez de las comunidades y las corporaciones [locales] para que puedan financiar servicios públicos básicos”. Esta tarde, el ministro lo ha confirmado en su reunión con la FEMP.

El Gobierno adelanta cada año a los Ayuntamientos su participación en los ingresos del Estado, y al final del ejercicio se liquidan las cantidades. En 2008 y 2009, esa liquidación le ha salido a los municipios a pagar, es decir, van a tener que devolver parte del dinero que se les adelantó y que luego el Estado no llegó a ingresar. La FEMP solicitó al anterior Gobierno una ampliación del plazo de devolución de cinco a diez años. “El impacto de esta medida es de 267 millones durante el periodo 2012-2016, a razón de 56 millones al año hasta 2015 y 43 en 2016”, establece el plan económico financiero del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, sumado al alza excepcional del IBI este año y el que viene, la inyección del Gobierno sumará 327 millones, más de un tercio de las facturas pendientes.

La hoja de ruta municipal incluía un escenario hipotético en el que, además de esta medida, el nuevo Gobierno concediera también otras dos peticiones del Ayuntamiento: refinanciar los vencimientos de la deuda (en 2012, por ejemplo, son 510 millones) y elevar el porcentaje de las entregas a cuenta del 95% al 98% (lo que supondría 43 millones adiciones esta año, 344 en total). Combinadas las tres, permitirían al Ayuntamiento ponerse al día con sus proveedores el año que viene, en lugar de en 2016 como está previsto.

La deuda con las empresas que prestan servicios para el Ayuntamiento se eleva a 937 millones. No debe confundirse con la deuda municipal, que suma 6.348 millones, y que, de cumplirse el plan, se reduciría a 5.624 millones en 2012 y 3.100 en 2016. Pagar a los proveedores es “el objetivo prioritario” del Gobierno municipal. Ana Botella se comprometió a intentar disminuir los plazos el pasado 5 de enero. Sin embargo, en la hoja de ruta aparece como la última de las preocupaciones: los 937,9 millones al final de 2011 se convertirían en 917,2 en 2012, 908,3 en 2013, y 827,4 en 2014. Sólo a partir de 2015 (después de las elecciones municipales, con otro Gobierno local ya, que podría o no refrendar el plan) empezaría a reducirse de verdad: a 443,6 ese año, y del todo el siguiente.

En conjunto, la subida del IBI y la ampliación del plazo de devolución aprobadas por el Gobierno sumará 172 millones entre 2012 y 2013 para las arcas municipales, años en los que lo previsto era reducir las facturas pendientes solo 29,6 millones. Si se dedica íntegramente ese dinero a pagar a proveedores, como parece deducirse de las declaraciones de intenciones de Bravo en su momento y Botella ahora, se podría reducir la deuda a 736,3 millones, casi seis veces más de lo previsto.

Pero hay que tener en cuenta además la nueva línea de crédito del ICO. La anterior, lanzada en otoño, permitió al Ayuntamiento tomar prestados 286,6 millones de euros (el máximo), que tendrá que devolver de aquí a 2015 (en 2012, por ejemplo, tendrá que abonar 100; en total, deberá abonar 38 millones en concepto de intereses). En caso de ampliarse los límites, el Gobierno local podría dejar saldada la mayor parte de sus facturas antes del final de 2013.