La normalidad regresa a las cárceles tras el bloqueo de los funcionarios

La normalidad ha regresado a las cárceles catalanas, donde se han podido efectuar los relevos, después de las protestas que ayer protagonizaron los funcionarios de prisiones, según el Departamento de Justicia, que ha tildado los hechos como "coacciones desproporcionadas e irresponsables". El portavoz del sindicato CSIF de prisiones, Cristian Pérez, ha informado a Efe de que han suspendido las protestas para intentar forzar el próximo lunes una reunión negociadora con el Departamento de Justicia y ha confirmado que esta mañana las prisiones están funcionando con plena normalidad.

Los funcionarios de prisiones decidieron anoche permitir el cambio de turno y posponer su protesta laboral hasta la próxima semana, cuando esperan que se reabran las negociaciones del convenio laboral con el Departamento de Justicia, que esta mañana no tenía constancia de ningún nuevo incidente en las prisiones. Los funcionarios bloquearon durante el día de ayer los centros penitenciarios de Quatre Camins de La Roca del Vallès, la cárcel de Joves, Brians 1 y Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, y Tarragona e impidieron los cambios de turno.

Este bloqueo, según ha informado el Departamento de Justicia, supuso que los cinco centros penitenciarios afectados, que suman un total de 5.508 presos, funcionasen con solo 152 trabajadores "con el riesgo que esta desproporción supone tanto para los reclusos como para los funcionarios", algunos de los cuales tuvieron que prolongar sus jornadas más de 30 horas. El departamento tachó los hechos de "especialmente graves por la situación de vulnerabilidad de los internos". Los 3.000 internos de Brians 1 y Brians 2 estuvieron confinados en sus celdas más de 24 horas y desayunaron y comieron sin salir de ellas, lo que, para Justicia, "es un hecho inaceptable que lesiona sus derechos fundamentales". Como consecuencia de las acciones de los funcionarios, ayer se cancelaron 41 conducciones de internos a los juzgados, lo que provocó la suspensión de 11 juicios, 5 ruedas de reconocimientos y la práctica de 3 pruebas que se tenían que hacer en investigaciones judiciales, según Justicia, que cree que la seguridad de las cárceles no estuvo garantizada mientras duraron las acciones ilegales de bloqueo.

Según el departamento, los funcionarios pretenden presionar al Gobierno en las negociaciones sobre las condiciones laborales del colectivo tras la finalización del convenio suscrito en el año 2006. Según el director general de Servicios Penitenciarias, Ramon Parés, la intención del departamento es reducir en 40 euros el sueldo mensual y rebajar de 16 a 12 los días de asueto que hasta ahora tenían los funcionarios, un esfuerzo que considera que está acorde con la situación de crisis económica que atraviesa Cataluña.

Parés ha indicado que no negociará con los sindicatos hasta que abandonen los bloqueos de las prisiones y considera que "las condiciones retributivas y la jornada laboral se tienen que ajustar a la situación económica actual, tal como ha sucedido con otros colectivos profesionales de la función pública". El departamento asegura que está haciendo un esfuerzo "particular" para poder llegar a un acuerdo y ha mostrado su voluntad de reiniciar el diálogo, aunque ha calificado las protestas de los funcionarios de "coacciones desproporcionadas e irresponsables". La Generalitat ha reiterado que las negociaciones se retomarán cuando los funcionarios de prisiones "den plenas garantías de que mantendrán el normal funcionamiento de los centros".