Los funcionarios volverán a manifestarse el día 18 contra los recortes

Los sindicatos CC OO, UGT e IAC volverán a salir a la calle en protesta contra los recortes salariales y de sus condiciones laborales y en defensa de los servicios públicos el próximo miércoles día 18. La manifestación, que saldrá por la tarde de la plaza de Sant Jaume y se dirigirá al Parlament, coincidirá con el primer día del debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de 2012.

Sindicatos y administración mantuvieron en noviembre y diciembre del año pasado hasta siete reuniones de la Mesa General de la Función Pública, que se cerró de forma súbita y sin acuerdo el pasado día 16. Los recortes que la Generalitat aplicará en el capítulo uno, el de gasto de personal, pretenden ahorrar 625 millones de euros. Las las principales medidas que tomará la Generalitat son la imposición de la reducción de un tercio de jornada y sueldo a 8.000 interinos (los de administración y servicios técnicos; en ningún caso servicios asistenciales) como moneda de cambio para evitar despidos; la rebaja de las pagas dobles (en la proporción que corresponde a las Administraciones autonómicas, un ahorro estimado de 306 millones); la no convocatoria de nuevas plazas públicas; la congelación de las aportaciones al plan de pensiones y al fondo de acción social; la desaparición del tíquet comedor las tardes que se trabaja, la suspensión de las pagas de productividad o asistencia; la reducción de los días de asuntos propios de nueve a seis, y la eliminación de los permisos por antigüedad.

Algunas de las medidas son temporales (como la reducción de las pagas dobles, complementos y la suspensión del plan de pensiones y el FAS), pero la mayoría son cambios estructurales que marcarán un antes y un después en las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos catalanes. Por ejemplo, las trabajadoras públicas eran las únicas que tenían derecho a percibir el 100% del salario durante el primer año de vida de sus hijos aunque se redujeran la jornada. Este derecho se elimina. Otro de los huesos que toca esta reforma son el derecho a percibir el 100% del sueldo en casos de largas bajas médicas (lo que se llaman mejoras por incapacidad temporal).

La única aportación de los sindicatos que la administración ha aceptado es que no se acepten nuevas prolongaciones de la vida laboral más allá de los 65 años. Es decir, que se promueva la jubilación forzosa. Esta medida no afecta a los que ya los han cumplido los años y siguen ocupando su puesto, pero la idea es que se denegarán nuevas peticiones.

En paralelo a las negociaciones de las semanas previas a Navidad los funcionarios ya protagonizaron movilizaciones. Solo dos días antes de romperse las negociaciones, 10.000 empleados públicos abarrotaron la plaza de Sant Jaume de Barcelona y hubo también protestas en Girona, Tarragona, Lleida y Tortosa. La tensión entre empleados públicos y administración catalana alcanzó su cúspide con el anuncio por parte del consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, de un paquete de "medidas de excepción" entre las que figuraba el retraso del ingreso de la paga de Navidad a los empleados públicos y el pago a proveedores. El remate llegó el día 22, con la crisis de las nóminas: no solo se retrasaba el pago de la extra, sino que el Gobierno retuvo a sus empleados el IRPF correspondiente a las cantidades no abonadas.