El fiscal pide 18 años de cárcel para un guardia urbano por tráfico de drogas

 La Fiscalía de Lleida solicita una pena de 18 años de prisión para Jordi M., un agente de la Guardia Urbana de Lleida acusado de traficar con la droga que intervenía a pequeños traficantes haciéndose pasar por un agente secreto de los Mossos d’Esquadra. El juicio se ha iniciado esta mañana en la Audiencia Provincial de Lleida con la declaración del policía local y otros tres acusados, E. L., A. Ch. y L. Ch.

La fiscalía considera que Jordi M. formaba, junto con los otros imputados, una banda dedicada al robo y tráfico de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y marihuana. Uno de ellos era el encargado de contactar con pequeños traficantes y posteriormente el agente de la Guardia Urbana, acompañado de otro acusado, se personaba en sus domicilios para conseguir droga sin pagar nada por ella.

Para alcanzar el objetivo, el agente mostraba una placa falsa de mosso, esposas y una pistola para intimidar a los traficantes en el momento de hacer efectivo el pago por la droga. También llevaba un pequeño ordenador portátil para simular que les denunciaba. Después de registrar la vivienda, se apoderaba de toda la droga que encontraba y en alguna ocasión también de diversas cantidades de dinero en metálico. La droga conseguida bajo intimidación la guardaban en casa de la única mujer acusada y la vendían después a terceras personas.

La fiscalía solicita para el guardia urbano un total de 18 años de cárcel: siete por tráfico de drogas, 10 por robo y un año y seis meses por usurpación de funciones, así como 800 euros de multa y la inhabilitación para todo empleo público que suponga el ejercicio de funciones policiales. La pena para los otros tres acusados oscila entre 4 y 15 años y medio de prisión.

La investigación policial del caso se inició en 2008 a raíz de una denuncia del Ayuntamiento de Lleida tras sospechar que el policía local podía estar implicado en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas. El Consistorio le abrió un expediente disciplinario, le retiró el arma reglamentaria y le suspendió de empleo y sueldo.

Pero poco después las diligencias judiciales se archivaron por falta de pruebas y el Ayuntamiento de Lleida se vio obligado a reincorporarlo al cuerpo. No obstante, la policía autonómica realizó un seguimiento del agente y el juez autorizó la intervención de sus teléfonos y los de sus cómplices. La investigación permitió demostrar que el agente acusado seguía dedicándose al tráfico de hachís y cocaína.

Los cuatro acusados han negado todos los hechos que les imputa la fiscalía y han explicado que nunca se dedicaron a vender la droga, sino que esta era para consumo propio, ya que eran adictos tanto a la cocaína como al hachís.