Gallardón cambia guardias jurados por policías municipales para ahorrar

“La inseguridad es el principal problema de los madrileños”, afirmaba el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, en 2003. Acababa de estrenar el cargo, y en la capital se registraba una media de un asesinato cada tres días, y un centenar de robos al día. Por las noches, tan solo 75 patrullas municipales debían vigilar los 21 distritos.

La respuesta del regidor fue crear un cuerpo de agentes de movilidad para liberar a los policías de la gestión del tráfico, y por primera vez subcontratar a empresas privadas la vigilancia de edificios municipales. Los 11 millones dedicados aquel año a esta última tarea se han convertido en 24 millones en 2011, una carga que, pese a los últimos recortes (un 15% en 2010, según estimaciones municipales), resulta excesiva para las maltrechas arcas del Ayuntamiento.

El alcalde, que apura ahora el último tramo de su etapa municipal, desanda obligado por las circunstancias económicas el camino que emprendió hace ocho años, sustituyendo parte de esa vigilancia privada por policías municipales.

Los responsables del área de Seguridad del Ayuntamiento explican que la medida adoptada en 2003 permitió reforzar las patrullas nocturnas, elevando así el porcentaje de ciudadanos que se sienten muy seguros o bastante seguros por la noche del 31% de la encuesta de 2006 al 63% de 2009. En la actualidad, hay 200 patrullas nocturnas, a las que se suman 40 más de la Policía Nacional. El Ayuntamiento se ha comprometido a que no se verán afectadas ni éstas ni las diurnas: los agentes reubicados no se sacarán de las patrullas (eso sí, no ha explicado entonces de dónde).

La vigilancia de las sedes de las juntas de distrito, los organismos autónomos y las áreas de Gobierno durante el horario diurno y en las jornadas laborables dejará de encomendarse a vigilantes a medida que vayan extinguiéndose o modificándose los contratos ahora en vigor. Así se pretende ahorrar 8,3 millones de euros, dejando la factura final en solo 16 millones. Esta medida formaba parte de las promesas electorales del entonces candidato y ahora portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, que pretendía sustituir a los vigilantes privados por los agentes de más edad de la Policía Municipal, y ahorrar así 20 millones de euros.

Sólo en vigilar cuatro edificios vacíos, cuatro grandes proyectos aparcados por la crisis (el complejo Legazpi, el estadio Vallehermoso, el Faro de Moncloa y el palacio de la duquesa de Sueca), el Ayuntamiento paga 1,8 millones a Prosegur.