Nicaragua da asilo al líder de la revuelta indígena en Perú

Nicaragua ha concedido asilo a Alberto Pizango, líder indígena que organizó las protestas en la región amázonica que derivaron, la pasada semana, en la muerte de 33 personas, 24 de ellas policías. Así lo anunció ayer Tomás Borge, dirigente sandinista y embajador en Lima. Borge justificó la decisión en "el espíritu solidario del presidente Daniel Ortega con los perseguidos políticos". Pizango, acusado de sedición, se había refugiado el lunes en la Embajada nicaragüense.

El conflicto, desatado por varios decretos para impulsar las inversiones en la Amazonia, ha bajado de intensidad en estos días debido al repliegue parcial de los nativos, que habían cortado durante varias semanas las principales carreteras de la región.

El Gobierno de Daniel Ortega califica a Pizango de "perseguido político"

La crisis se ha cobrado ya una baja en el Gobierno de Alan García. Carmen Vildoso, ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, presentó su renuncia "por razones políticas". De acuerdo con el primer ministro, Yehude Simón, una de las razones esgrimidas por Vildoso es su desacuerdo con el manejo informativo de la crisis que está haciendo el Gobierno, que califica de "extremistas" a los indígenas alzados. Alan García ha acusado a Bolivia y a varios dirigentes indigenistas de instigar una rebelión para desestabilizar al Ejecutivo.

Aunque Yehude Simón declaró ante el Congreso que "se siente culpable" por la muerte de los policías durante los enfrentamientos del pasado viernes y sábado, y varias voces de oposición han pedido su renuncia, el primer ministro señaló que no dimitirá, al menos hasta que se resuelva la crisis. "Daré un paso al costado en el momento más adecuado para el país, y luego de conversarlo con el presidente", declaró.

Alrededor de un millar de indígenas ha iniciado el retorno a sus comunidades, de acuerdo con Roberto Guevara, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en la región de Amazonas. En las ciudades de Bagua y Bagua Chica, las autoridades han reducido la duración del toque de queda. Asimismo, los nativos accedieron a abrir ayer durante cuatro horas la vital carretera que une las ciudades de Yurimaguas y Tarapoto, bloqueada hace un mes, para permitir el ingreso de productos esenciales. Así se evitó un nuevo enfrentamiento con las fuerzas policiales. Los nativos anunciaron que mientras continúe su movilización sólo permitirán el tráfico los lunes.

"Poco a poco se está recuperando la normalidad; sin embargo, hay muchísima desconfianza y temor en la población", señaló Roberto Guevara. Por el momento, el conflicto ha costado 33 muertes confirmadas (24 policías, cinco indígenas de los piquetes y cuatro civiles que participaron en los choques), aunque los nativos aseguran tener más víctimas mortales en sus filas.

La discusión acerca de la validez de los decretos legislativos continúa. Ayer, el presidente de la región San Martín, acompañado por un apu (líder indígena) de la zona, presentó unas 100.000 firmas para solicitar al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre esas normas.