La UE aumenta su presión sobre Venezuela ampliando las sanciones al Gobierno de Maduro

Los Veintisiete han decidido este viernes extender sus sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, en un intento de aumentar la presión sobre Caracas de cara a la fecha clave del 10 de enero. Ese día se debe producir la posesión del nuevo presidente tras las elecciones de julio que, según la copia del 80% de las actas presentadas por la oposición, habrían dado la victoria al líder opositor Edmundo González, pero que Maduro, sin haber presentado las actas oficiales, insiste en que le dieron un nuevo mandato.

En la que debería ser su última reunión del año, los embajadores de la UE han dado su visto bueno a incluir en la lista negra europea a 15 funcionarios venezolanos más, según adelantó Europa Press y confirman a este diario varias fuentes diplomáticas europeas. La medida, que todavía tiene que aprobar formalmente el Consejo (los Estados), entrará en vigor a partir justo del 10 de enero, fecha hasta la que rige el actual paquete de sanciones, iniciado en 2017. Ese año, Bruselas aprobó un embargo de armas y equipos que pudieran usarse para la represión interna y elaboró una lista de individuos a los que se imponen prohibiciones de viajes y congelación de bienes. La lista negra europea afecta ya a más de medio centenar de individuos, prácticamente todo el Gobierno de Maduro, que de este modo tienen prohibido ingresar en territorio europeo y han visto congelados los activos que pudieran tener en la UE.

En un gesto de buena voluntad de cara a la celebración de las elecciones del 28 de julio, la UE decidió en noviembre del año pasado prolongar solo por seis meses, y no un año como es habitual, el régimen de sanciones, que afecta al círculo más estrecho de Maduro (aunque no a él), entre otros a la vicepresidenta Delcy Rodríguez o el ministro de Interior, Diosdado Cabello. Y cuando llegó, en mayo, la hora de prolongarlas de nuevo, lo hizo otra vez solo por seis meses e incluso sacó cuatro nombres de la lista, el del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Elvis Amoroso, cercano a Maduro, y otros tres miembros de ese organismo, al ver “pasos alentadores” en la senda hacia los comicios de julio.

El CNE ha sido, sin embargo, el principal instrumento de Maduro para reivindicar una victoria que la mayor parte de la comunidad internacional, incluida la UE, no le reconoce.

Desde el día después de los comicios venezolanos, la UE ha reclamado que el Gobierno venezolano hiciera públicas las actas electorales. La posición común es no reconocer la “legitimidad democrática” de Maduro hasta que no demuestre su autoproclamada victoria, algo que no ha hecho hasta ahora. No obstante, la inmensa mayoría de los Estados europeos (y de la comunidad internacional) no han dado el paso extra que reclama el propio Edmundo González, que ha pedido ser reconocido formalmente como presidente electo por la comunidad internacional. De los Veintisiete, solo Italia, tras Estados Unidos, ha hecho ese gesto que también es la posición formal desde septiembre del Parlamento Europeo, que esta misma semana entregó a González y a la también líder opositora María Corina Machado el premio Sajárov a la libertad de conciencia, el máximo galardón que concede el hemiciclo europeo.

Durante su visita de varios días a Estrasburgo para recibir el galardón, González, que asegura que estará en Venezuela el 10 de enero, pidió su reconocimiento como presidente electo y que aumente la “presión exterior articulada” contra el régimen de Caracas y forzarlo así a aceptar una transición democrática de la que hasta ahora, sin embargo, no ha dado señal alguna.

Durante su estancia en Estrasburgo, González se reunió con la nueva alta representante para Política Exterior, Kaja Kallas, según confirmó esta en un mensaje en las redes sociales. La estonia “reafirmó el firme apoyo de la UE a las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”, pero no hizo mención alguna a la demanda de reconocimiento como presidente electo de González. De igual manera, en las conclusiones del Consejo Europeo que este jueves reunió por última vez en 2024 a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión en Bruselas, el último y escueto último párrafo está dedicado a la “preocupación por la situación en Venezuela”. Los Veintisiete llaman a la liberación de todos los presos políticos y a que Venezuela respete el derecho internacional y prometen “movilizar todas las herramientas a su disposición” para apoyar la democracia y una “transición pacífica e incluyente” en Venezuela. Pero tampoco van más allá.