La UE pedirá 30 millones por hoteles ilegales de Lanzarote

Sobre los 22 hoteles de Lanzarote declarados ilegales penden varias amenazas. No sólo la sentencia de ilegalidad y la posible demolición, sino que la Comisión Europea acaba de pedir al Ministerio de Economía todos los expedientes de los fondos europeos invertidos en la isla entre 1994 y 2006 para ver cuántos fueron a estos establecimientos y afirma que pedirá la devolución del dinero si, como aquí ocurrió, "fue a proyectos ilegales".

El marido de una senadora del PP obtuvo 1,6 millones y no acabó su hotel

La cantidad supera los 30 millones de euros para zonas deprimidas que el Gobierno del PP concedió a estos establecimientos. Entre ellos está el hotel Playa, que José María Rosell, marido de la senadora del PP María del Mar Agüero, nunca concluyó pese a hacer recibido en 2000 1.660.000 euros para promocionar el empleo en la zona.

La semana pasada, la Subdirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Economía envió a la Comisión Europea el segundo gran paquete de información sobre las ayudas en Lanzarote. La Comisión le ha pedido todos los fondos europeos invertidos en la isla entre 1994 y 2006, en busca de un fraude masivo en las subvenciones hoteleras para zonas deprimidas. "Si los fondos europeos han ido a parar a proyectos ilegales en Lanzarote, le pediremos a España una corrección, cancelando toda o parte de la contribución de la UE", explica una portavoz de la dirección de Política Regional de Bruselas.

Al menos 10 hoteles recibieron más de 30 millones de euros entre 1998 y 2002, según la denuncia que el eurodiputado español de Los Verdes David Hammerstein llevó al Parlamento Europeo. Se trata de ayudas destinadas a zonas deprimidas. Estos hoteles han sido declarados ilegales en un rosario de sentencias que comenzó el verano pasado. El Timanfaya Palace recibió 885.979 euros; el Princesa Yaiza 4,092 millones; el Natura Palace 3,055 millones; el Millenium, que nunca se construyó, 4,67 millones; el Meliá Volcán, 3,173 millones; el Rubicón Palace, 6,82 millones; el Riverostar Papagayo, 1,548 millones, y el Iberostar Costa Calera 1,199 millones.

Este diario intentó, sin éxito, contactar con Rossell, presidente de la cadena Hoteles Playa, con sede en Andalucía, y que además fue presidente de la patronal turística Exceltur. Su esposa, la senadora del PP por Almería, no quiso hacer declaraciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias considera que los ayuntamientos de Yaiza y Teguise, en Lanzarote, vulneraron sistemáticamente la moratoria turística que limitaba el número de camas que se podían construir en la isla, entre otras irregularidades. Las sentencias dan la razón al Cabildo de Lanzarote y a la Fundación César Manrique, que querían limitar el urbanismo salvaje en la isla.

Francisco Martínez, de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, afirma que si alguien tiene que devolver el dinero será la Administración, "ya que los hoteles tienen alguna irregularidad administrativa, pero los empresarios los construyeron con permiso municipal". El caso es jurídicamente complejo, ya que los hoteleros recurrieron la moratoria y consiguieron su anulación, aunque no por ello dejó de estar vigente, a la espera de lo que diga el Supremo.

Los hoteleros pedirán que sea el Gobierno quien devuelva el dinero y dirán que cuando fueron subvencionados no sabían que los edificios fueran a ser declarados ilegales. Más difícil será el caso de Rossell, que dejó de construir su hotel por orden judicial y del que aún queda el esqueleto de hormigón junto a la playa en Yaiza.

Los hoteleros minimizan el impacto de las sentencias y niegan que pueda llevarles a la demolición, opción que sí contemplan las sentencias que los declaran ilegales. Las resoluciones judiciales han dejado en el aire hasta una gran urbanización de 1.800 viviendas y 4.500 plazas y han creado una situación de urbanismo ilegal comparable al que existe en Marbella, con miles de camas declaradas ilegales.

El Cabildo de Lanzarote, presidido por el PSOE, comenzará la semana que viene a negociar para legalizar algunos de los hoteles: "Carecen de licencia y tendrán que hacer los trámites correctamente. Hay hoteles incompatibles con la moratoria, que tienen más camas y alturas, y menos zonas verdes, y tendrán que adecuarse al plan de ordenación insular", explican fuentes del Cabildo.