Human Rights Watch denuncia que el Gobierno de Bukele ordena traslados de menores a cárceles para adultos en El Salvador

El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha aprobado una serie de medidas legales que permiten a las autoridades penitenciarias de El Salvador trasladar a menos de edad a cárceles para adultos en el país centroamericano, ha denunciado este lunes la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). El organismo alerta de que esta medida vulnera estándares internacionales de justicia juvenil y expone a los menores a mayores riesgos de abuso. “Estas reformas legislativas someten a niños y niñas al sistema penitenciario para adultos que ha sido responsable de torturas y otros graves abusos”, ha criticado Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. “Transferir a niños y adolescentes a centros de detención diseñados para adultos, aun en áreas separadas, representa un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador”, ha agregado.

Bukele, que ha mantenido una polémica guerra contra el crimen organizado y las pandillas no exenta de graves violaciones a los derechos humanos, sancionó el 13 de febrero una ley aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, que su movimiento político controla, que establece el traslado de menores acusados de “delitos cometidos en modalidad de crimen organizado” a pabellones separados dentro de centros penitenciarios para adultos administrados por la Dirección General de Centros Penales (DGCP). Esta medida ha levantado las alarmas entre las organizaciones de derechos humanos, que han denunciado que en esos centros penales se han registrado torturas y graves violaciones a los derechos de los menores.

“Más de 3.000 niños, niñas y adolescentes han sido detenidos desde que el presidente Bukele declaró un régimen de excepción en marzo de 2022, muchos de ellos sin vínculos aparentes con las pandillas o actividades delictivas. Las detenciones en muchos casos parecen estar basadas únicamente en denuncias anónimas o en su apariencia física”, ha denunciado HRW. Policías entrevistados por esta organización afirmaron de que las autoridades los presionaban para arrestar diariamente a un número determinado de personas. “Varios niños detenidos, así como sus familias, habían sufrido anteriormente la violencia de las pandillas, incluyendo intentos de reclutamiento forzado y amenazas de muerte. Para febrero de 2024, 1.065 niños habían sido condenados durante el régimen de excepción, en muchos casos por el delito excesivamente amplio de “agrupaciones ilícitas”, alerta HWR.

Bukele impuso su régimen de excepción como respuesta a la violencia descarnada que sufría el país centroamericano, sometido a las leyes impuestas por las pandillas, que controlaban amplios territorios y sometían a la población a un ambiente de terror y extorsiones. Las organizaciones de derechos humanos calculan han sido detenidas más de 80.000 personas y denuncian abusos, torturas, detenciones arbitrarias, juicios espurios y otras crueles violaciones a los derechos humanos. HWR documentó que, en un gran numero de casos de detenciones de menores, los fiscales presentaron pruebas “poco creíbles o no corroboradas” y que coaccionaban a los niños para que se declararan culpables de delitos que ellos dijeron no haber cometido. Estos niños y adolescentes se enfrentarían al infierno con el que lidian todos los días los adultos en las presiones salvadoreñas, como estar completamente incomunicados y sin acceso a recursos legales efectivos para su defensa, condiciones de hacinamiento extremo, tortura y violencia, así como un acceso muy limitado a servicios básicos, incluyendo alimentación, agua potable y atención médica. “Los niños y niñas, que ya han sufrido abusos aberrantes en centros de detención juvenil, enfrentarían condiciones y abusos aún más graves en las cárceles para adultos. Bajo ninguna circunstancia deberían ser trasladados allí”, ha exigido Goebertus.

HRW retoma informes de organismos locales, que han denunciado que al menos 368 personas han muerto en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción. “Fotos y testimonios identificados por Human Rights Watch y análisis de expertos forenses apuntan a un papel de las autoridades en varias de estas muertes”, afirman desde la organización. HRW recuerda, además, que las últimas reformas en materia de justicia juvenil en El Salvador aumentaron las penas máximas de prisión a 10 años para niños de 12 a 15 años y hasta 20 años para los mayores de 16 que sean acusados, entre otros, de los delitos de pertenencia a “agrupaciones ilícitas”. “Esas reformas son incompatibles con los estándares promovidos por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que recomienda a los gobiernos no reducir la edad mínima de responsabilidad penal “en ninguna circunstancia” e insta a elevarla a “14 años como mínimo”, recuerda HRW. El organismo insta a las autoridades salvadoreñas a reconsiderar las nuevas medidas. “Recluir a niños y niñas en prisiones para adultos no solo aumentará su exposición a abusos, sino que además limitará sus posibilidades de rehabilitación”, ha planteado Goebertus.