Un informe de Human Rights Watch alerta de las amenazas de las ‘leyes mordaza’ de Bukele en El Salvador

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha alertado en un informe publicado este jueves del peligro que representan para libertad de prensa y el derecho a la privacidad la aprobación en el Parlamento de El Salvador de dos leyes sobre ciberseguridad y protección de datos impulsadas por el Gobierno de corte autoritario del presidente Nayib Bukele. “Estas nuevas leyes podrían utilizarse para eliminar publicaciones críticas contra el Gobierno con el pretexto de estar protegiendo datos personales”, ha explicado Juanita Goebertus, directora para las Américas del organismo con sede en Washington D. C. “Estas leyes son una fórmula ideal para aumentar la censura y la opacidad”, ha agregado.

Este organismo ha explicado en su informe de que la llamada Ley de ciberseguridad ordena la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), cuyo director será nombrado de forma directa por el mandatario. “Esta agencia tendrá la doble responsabilidad de desarrollar e implementar la normativa relacionada con la ciberseguridad nacional, así como de supervisar y regular los mecanismos de protección de datos”, señala el informe. “Tal y como está redactado el reglamento, otorga a la ACE amplias facultades para ordenar la eliminación de información sobre individuos en plataformas y sitios web”, alertan desde HRW.

A la organización le preocupa en particular que la Ley de protección, aprobada también por una Asamblea Legislativa bajo el control de Bukele, que reconoce el “derecho al olvido”, lo que “permite a los individuos solicitar la eliminación de sus datos de internet, incluyendo motores de búsqueda y hasta medios de comunicación, cuando consideren que estos datos son “inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos”, según HRW. Los activistas resaltan que aunque la ley excluye la eliminación de datos personales cuando sean “necesarios para ejercer el derecho a la libertad de expresión, de información y prensa, esta excepción está condicionada a que los datos publicados cumplan con el “principio de exactitud” —es decir, no pueden publicarse si son “inexactos, incompletos o desactualizados”. El otro problema es que los medios de comunicación y motores de búsqueda que incumplan estos requisitos podrían ser sancionados con multas de hasta 40 salarios mínimos mensuales.

Estas leyes se asemejan a un cargamento legal aprobado por el régimen de Daniel Ortega, que ha sido un duro golpe para la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua, país donde hay condena y persecución por los llamados ciberdelitos, que la dictadura nicaragüense implementa con amplia mano dura y una laxitud enorme sobre lo que se puede considerar un delito en Internet, incluyendo publicaciones contrarias a Ortega, su esposa y copresidenta, Rosario Murilo, sus hijos o allegados. Las leyes mordazas de Nicaragua han sido ampliamente condenadas por organismos de derechos humanos, porque representan vía libre al régimen para mantener su escandalosa persecución política y represión contra las voces disidentes, inclusive fuera del país.

Para HRW también es preocupante que la ley de protección de datos salvadoreña excluye de su competencia los datos o actividades relacionados con la “seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado, prevención, investigación, detección y represión del delito”. El Salvador vive en un permanente estado de excepción ordenado por Bukele bajo la justificación de una guerra abierta contra las pandillas y el crimen organizado, lo que le ha dado a las fuerzas de seguridad amplias facultades en su actuación, pero ha derivado en denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano. Aunque la ofensiva de Bukele ha disminuido el número de homicidios en el que era considerado uno de los países más violentos del mundo, ha habido denuncias de detenciones forzosas, desapariciones, torturas en las prisiones del Estado y violaciones al debido proceso en los juicios contra las decenas de miles de acusados de pertenecer a las llamadas maras.

“Aunque la disposición incluye una cláusula que exige el respeto al “debido proceso y los derechos humanos”, esta excepción definida de forma imprecisa otorga a las agencias gubernamentales una amplia discrecionalidad para publicar datos personales bajo justificaciones generales de seguridad y prevención del delito, poniendo en riesgo la privacidad de los individuos”, alerta el informe de HRW. “En el contexto actual de opacidad y acoso a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, existe un grave riesgo de que estas leyes puedan ser utilizadas como un instrumento para amenazar, silenciar o obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión e información”, ha advertido Goebertus.