“Nadie sabe dónde están”: la ONU exige a Ortega acabar con las desapariciones forzadas en Nicaragua

Julio Antonio Quintana Carvajal, un abogado de 66 años, fue arrestado hace 15 días en León, la ciudad más importante del occidente de Nicaragua y bautizada, tras el derrocamiento de la dictadura somocista en 1979, como “la primera capital de la revolución sandinista”. Esa localidad, hace medio mes, fue el epicentro de la última cacería de opositores ordenada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, y realizada al mismo tiempo que el Parlamento leal a la pareja presidencial aprobó un cambio radical a la Constitución Política que, según críticos, consolidó e hizo ley un “modelo totalitario”. Por denuncias como esta, un grupo de expertos de Naciones Unidas que sigue el caso nicaragüense instó este miércoles a las autoridades del régimen de Ortega y Murillo “a liberar a las personas detenidas por sus críticas sobre la deteriorada situación de derechos humanos en el país y a informar de inmediato a sus familiares y abogados sobre su suerte y paradero”.

Quintana Carvajal fue apresado por razones políticas, junto a una treintena de ciudadanos a escala nacional. Sólo en León fueron capturadas más de diez personas, varios de ellos médicos, como el especialista en salud pública Arnoldo Toruño, otro anciano de 78 años retirado de la vida pública hace ya varios años. Esta última redada policial ha alarmado en Nicaragua por dos patrones específicos: casi la mitad de los detenidos son personas adultas mayores y todos, el 100%, están –o han estado– “en desaparición forzada por ocultamiento de paradero”, denunció la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), una organización que brinda acompañamiento jurídico a las víctimas de prisión política desde el exilio.

“Nadie sabe dónde están”, se quejan los familiares de los detenidos. En las principales prisiones del país, empezando por la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como El Chipote, los oficiales niegan tener en custodia a estas personas. Sin embargo, la UDJ alerta que no se trata de un patrón nuevo, porque ya era una práctica usada, pero que su uso se ha recrudecido en los últimos meses.

Si bien hasta noviembre se contabilizaban 46 personas presas políticas en Nicaragua, a finales de noviembre se sumaron los 30 ciudadanos más, entre ellos el abogado Quintana Carvajal, quien durante la dictadura de Somoza ya había sufrido el mismo suplicio: ser preso político. Aunque en este momento nadie sabe ni de su paradero ni de su condición física y emocional, sus allegados temen que se repita el pasado: las torturas que en los años setenta le provocaron una fractura costal, quemaduras por los cigarros encendidos que le aplicaban y una lesión cerebral con secuelas de pérdida de sensibilidad en la mitad del cuerpo. Denuncias muy parecidas a la recabadas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales a partir de 2018, cuando Ortega y Murillo iniciaron a usar como método represivo sistemático la prisión por motivos políticos.

“A Julio Quintana Carvajal le está pasando de nuevo”, denunció este miércoles la excarcelada política y exguerrillera sandinista Dora María Téllez, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). “El líder indígena miskito Brooklyn Rivera también lleva desaparecido más de un año”, advirtió.

Desaparición forzada y destierro

Según la UDJ, casi el 100% de las personas que han sido detenidas en 2024 se encuentran en desaparición. “Esto demuestra un nuevo y drástico patrón en cuanto a las detenciones ya que, en años previos, si bien las personas capturadas eran incomunicadas, la condición de desaparición no solía exceder los 90 días”, indica un informe realizado por el organismo y publicado la semana pasada. “Por otra parte, se ha constatado otro patrón relativo a las personas que son detenidas: pasan un breve lapso en prisión, siempre bajo la condición de desaparición forzada por ocultamiento de paradero, y luego son desterradas de inmediato”, agregan.

El caso más reciente de lo que denuncia la UDJ es el del periodista y empresario Henry Briceño, de 75 años, en el municipio de San Rafael del Sur. Fue apresado el 24 de noviembre pasado. De inmediato fue desaparecido y más tarde abandonado a su suerte por agentes policiales en la frontera, es decir desterrado en secreto y a fuerza hacia Costa Rica junto a toda su familia. Sus propiedades fueron confiscadas en simultáneo y continúan tomadas por agentes policiales.

Expertos de Naciones Unidas piden cesar desapariciones

Los expertos de Naciones Unidas denuncian la existencia de una persecución sistemática. “Lo que observamos tras las protestas de 2018, y lo que seguimos viendo hoy, es un patrón claro y deliberado por parte de las autoridades nicaragüenses para eliminar y silenciar a las voces disidentes mediante el uso de desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas, así como el abuso de acusaciones relacionadas con el terrorismo y la seguridad nacional”, dijeron los expertos de Naciones Unidas. También resaltaron que incluso las salvaguardias legales más básicas, como el acceso a un abogado, a un médico o a medicamentos, y las visitas familiares, suelen ser negadas.

“A medida que pasa el tiempo, las condiciones de aquellas personas que siguen detenidas se deterioran aún más, lo que tiene un impacto profundo en su salud física y psicológica, mientras las familias a menudo no tienen forma de verificar dónde se encuentra su ser querido o temen denunciar las desapariciones forzadas por miedo a represalias, lo cual se complica aún más cuando las familias están en el exilio”, insistieron los expertos.