El expresidente peruano Alejandro Toledo, condenado a más de 20 años por el ‘caso Lava Jato’

Después de más de 170 audiencias judiciales y un complejo proceso de extradición desde los Estados Unidos, Alejandro Toledo Manrique fue condenado a prisión este lunes por el caso Lava Jato. El Poder Judicial sentenció a 20 años y seis meses de cárcel por los delitos de colusión y lavado de activos al hombre que a inicios de este siglo encarnó el retorno a la democracia y lideró las marchas que se trajeron abajo al régimen fujimorista, capitalizando sus rasgos andinos para erigirse como el heredero del inca Pachacútec.

En julio de 2001, en su primer día como mandatario, Toledo juramentó simbólicamente en la Fortaleza de Sacsayhuaman, en el Cusco, tal y como lo hacían los incas en la época del Tahuantinsuyo, luego subió hasta las alturas de Machu Picchu y, en medio de un aura mística, dijo con histrionismo: “Vengo a pedirte, Cusco milenario, fuerzas para tumbar el desempleo y la pobreza en el Perú, ya no para tumbar una dictadura”. Dos décadas después, aquel heroísmo de Toledo se ha hecho polvo, y su destino, como el de otros jefes de Estado que cayeron en las garras de la corrupción, será pasar sus últimos días tras los barrotes.

La Fiscalía ha argumentado que Toledo, de 78 años, recibió 35 millones de dólares en coimas para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, allá por el 2004 y 2005. “Nunca hice ningún arreglo con el señor Barata [...]. Me han metido en este tema sin saber por qué”, dijo el economista la semana pasada en su última defensa. Las declaraciones del ingeniero brasileño Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, fueron claves para sostener la acusación.

Durante la lectura de sentencia se le vio a Toledo, de camisa y casaca, muy activo, tomando apuntes, rascándose las cejas, cruzando las manos y cuchicheando con su abogado, Roberto Su. El acto se llevó a cabo a pocos metros del penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate al este de Lima, donde el líder del extinto partido Perú Posible está recluido desde abril del 2023 tras ser extraditado de los Estados Unidos. La sala de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) fue inaugurada en agosto con el propósito de procesar a expresidentes presos. Desde la excarcelación de Alberto Fujimori, los únicos huéspedes de dicha prisión son Toledo y Pedro Castillo.

“Soy un error estadístico. Vengo de una familia de dieciséis hermanos y hermanas, seis mellizos, y he sido el único que tuvo el privilegio de poder salir a estudiar en el exterior, de haber llegado a los niveles más altos, académicamente y profesionalmente [...]. No entiendo que el amor a mi país me traiga aquí”, dijo hace poco Alejandro Toledo, cuya defensa ha consistido en exaltar su historia de éxito —nació en un centro poblado de la región Áncash y estudió en las universidades de San Francisco y Stanford—, remarcar su estado de salud —tiene cáncer de próstata y males cardiacos— y en negar cualquier vínculo con el caso Lava Jato.

Lo cierto es que el tribunal señaló que el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, demostró que Alejandro Toledo “se coludió con particulares”, y tuvo una “injerencia inusitada para acelerar el proceso de licitación” de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, un proyecto vial que conecta a Perú y Brasil. Además, determinó que “para hacerse del dinero del soborno convenció a su amigo Josef Maiman de que sea su intermediario y reciba, a través de sus empresas, la coima de Odebrecht”. El Ministerio Público sostiene que, además de los 35 millones de dólares, Toledo habría recibido otros 30 millones de dólares entre el 2006 y 2011 gracias a un esquema de lavado de dinero operado por el empresario israelí Josef Maiman, quien murió en el 2021.

“Más que cholo sagrado, Alejandro Toledo fue uno de los tantos políticos profanos que sucumbieron a la frivolidad y a la corrupción. Tuvo la oportunidad de ser el presidente del retorno a la democracia y prefirió ser el presidente del retorno a la cleptocracia”, ha dicho el analista político Gonzalo Banda. La compañera de Alejandro Toledo, la exprimera dama, de ascendencia judía, Eliane Karp también debe responder ante la justicia peruana. Sobre ella pesa una orden de prisión preventiva de 18 meses desde el 2017, así como una solicitud de condena de 16 años y ocho meses desde el 2019 por el presunto delito de lavado de activos. Karp se encuentra desde mayo de 2023 en Israel, país con el que el Perú no cuenta con un tratado de extradición.

La pena impuesta a Alejandro Toledo será computada desde el 23 de abril de 2023 y culminará el 22 de octubre de 2043, cuando tenga 97 años. “Les pido por favor que [consideren] en la decisión que tomen [que] tengo un cuadro de salud muy complicado. Tengo cáncer, tengo problemas en el corazón y en pocos meses voy a cumplir 80 años”, dijo el economista en uno de sus últimos intentos por persuadir al tribunal. Se ha determinado también que en el caso de Toledo no habrá suspensión de la pena debido a que su proceso de extradición le causó daños al Estado peruano. Tras conocer la sentencia, el hombre que alguna vez representó la esperanza democrática cruzó los dedos y se marchó a paso lento a su celda.