Más de 500 estudiantes de la Amazonía peruana fueron abusadas por sus profesores de manera sistemática

María tenía once años cuando uno de los profesores de su comunidad la llevó a su cuarto con engaños, le tapó la boca con una colcha y abusó de ella. Para que la niña de la etnia awajún callara, la amenazó de muerte. Sin que nadie se enterara, poco después el agresor se marchó del pueblo nativo Tutino del distrito Cenepa, provincia Condorcanqui, Amazonas, una región peruana de la selva norte que colinda con Ecuador. Envalentonado por la impunidad, el sujeto volvió cuatro años después, a mediados de 2015, para hundir a María en el terror. La violó nuevamente, la embarazó e hizo que repitiera segundo de secundaria.

El bebé no nació, pero la vida de María se quedó suspendida en el dolor. Ella es una de las 524 estudiantes (varones y mujeres) de la provincia Condorcanqui que entre el 2010 y el 2024 padecieron algún tipo de violencia sexual de parte de sus profesores, promotores educativos o personal administrativo de sus colegios. Una denuncia que se apoderó de la discusión pública en las últimas semanas, y que confirmó no solo la vulnerabilidad y los riesgos a los que están expuestos los niños de los pueblos originarios, sino también el desprecio y la indolencia con la que son tratados por las autoridades públicas de mayor rango.

El ministro de Educación, Morgan Quero, sostuvo que las violaciones en la Amazonía son “una práctica cultural para ejercer una forma de construcción familiar” y que por ello serían muy prudentes en cómo encarar el asunto. Sus declaraciones enervaron a la población y desataron una nueva crisis en el Gobierno. La ministra de la mujer, Ángela Hernández, respaldó sus palabras y aconsejó a las adolescentes a “postergar sus relaciones sexuales” y, en el caso de que las tuvieran, les pidió que se protegieran. De inmediato, diversas organizaciones indígenas emitieron comunicados en rechazo, remarcando que emplear la cultura como excusa es una forma de perpetuar la impunidad y de invisibilizar la gravedad de estos delitos.

La magnitud del problema no solo radica en el alto número de víctimas y victimarios (524 cada cual) —este es un dato contrastado por las investigadoras—, sino en la incapacidad del sistema judicial: apenas cuatro profesores fueron cesados temporalmente y solo 111 fueron destituidos. Setenta y dos fueron absueltos, 195 consiguieron la prescripción de sus casos, nueve fueron al archivo y al resto o no se les aplicó ningún proceso administrativo disciplinario o sus casos aún están pendientes de investigación. Y podrían ser más, pues se perdieron más de 2.500 expedientes en un incendio en las oficinas de la unidad de gestión educativa local (UGEL) de Condorcanqui, a mediados de 2022.

Por estos días la voz más potente, sin duda, ha sido la de Rosemary Pioc Tenazoa, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis. Ella fue quien hizo la denuncia pública y logró que el tema fuera incluido en la agenda de los noticieros y el Ejecutivo. Son sus últimas horas en Lima antes de emprender el largo viaje hasta el distrito de Nieva, en Condorcanqui —27 horas en dos buses y un colectivo—, y esta mujer de piel tostada está dando su octava entrevista del día, a las nueve de la noche, en un café, después de reunirse con ejecutivos del PNUD y otras contrapartes de las Naciones Unidas que se han interesado en el caso y le han prometido un apoyo concreto. Como por ejemplo, acondicionar la primera cámara Gesell de la zona -una habitación condicionada para permitir la observación con personas que se utiliza en comisarías de policía-, lo cual permitirá un mejor manejo de las investigaciones y, además, evitará la revictimización.

“Nuestro pueblo está muy indignado con las declaraciones de los ministros. Que pidan disculpas públicas y que renuncien. No tienen corazón”, dice de entrada Rosemary Pioc, quien dice haber sido amenazada por algunos de los profesores implicados e incluso por jueces coludidos. “Mis padres temen por mi vida, pero yo me siento fortalecida porque sé que estoy haciendo lo correcto. Los abusos tienen que parar”, señala esta maestra bilingüe, de sangre jíbara, cuya única guardaespaldas por ahora es una de sus hermanas.

Si bien en breve pedirá garantías para continuar con su lucha, el pedido que más le ronda en la cabeza es gestionar un tamizaje a toda la población de Condorcanqui para descartar VIH, el principal agravante del caso. “Existen denuncias de que hay profesores con el virus que han contagiado a varios estudiantes. Nosotros hemos contabilizado 60 adolescentes que han sido infectados, pero es un asunto muy delicado, así que queremos un diagnóstico preciso”, explica Rosemary Pioc. Mientras la prevalencia nacional del virus de inmunodeficiencia humana es de 0,3%, en la población awajún, la segunda etnia más numerosa de la selva peruana, es sumamente más alta: 1,8%. Solo entre el 2010 y mediados del 2022, se reportaron 222 fallecidos en la Red de Salud de Condorcanqui a causa de un VIH avanzado.

Condorcanqui, además, es la séptima provincia más pobre del Perú. La precariedad es absoluta. Hasta hace un par de años, según el portal Salud con Lupa, el 87% de los 71 establecimientos de salud de la zona no contaban con médicos, por lo que para atender operaciones sencillas como la extracción del apéndice debían viajar —incluso por tres días, surcando los ríos, en el caso de las comunidades más alejadas— para llegar al hospital más solvente. “Las carencias son tan grandes que muchas niñas no tienen dinero para comprarse toallas higiénicas y artículos de aseo. Varios de estos profesores les pedían sexo a cambio de toallas para su menstruación. Es inaudito”, cuestiona la dirigente Rosemary Pioc, dejando en evidencia un modus operandi.

En septiembre del 2023, a Pioc le llegó una denuncia de una alumna de sexto grado, donde cuenta que un profesor le ofreció 130 soles (35 dólares) por tener relaciones sexuales y otros 50 soles (13.5 dólares) para los gastos de su fiesta de promoción de primaria. Otra estudiante, de quince años, notificó que no iba a clases porque su tutor le dijo que quería que fuera su enamorada y no se había quedado tranquilo con su “no” de respuesta. Hay un patrón en estos delitos de hostigamiento y violencia sexual: la mayoría han sucedido en residencias estudiantiles, ideados para los chicos que viven en los lugares más remotos. No obstante, en la práctica, sin contar con la infraestructura debida, se han convertido en espacios donde quedan a merced de los depredadores sexuales.

La problemática se pone más compleja todavía si se toma en cuenta que en varias comunidades awajún todavía se rigen bajo un precepto: a un miembro del pueblo no se le denuncia ante la Fiscalía ni la Policía, sino ante el apu, quien determina sanciones indulgentes como encerrar al culpable en un calabozo por algunos meses o multarlo con montos entre 2.000 y 5.000 soles (entre 540 y 1.350 dólares). A eso también se enfrenta Rosemary Pioc, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis. Este domingo 23, ella encabezará una marcha en la plaza de armas de Nieva y repartirá una donación de 250 paquetes de toallas higiénicas. Todavía espera las disculpas públicas del ministro de Educación.

Siga toda la información de El PAÍS América en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.