El asesinato de una abogada destapa una presunta red de prostitución en el Congreso peruano

Hace una semana, un auto fue interceptado por cuatro sicarios en el distrito limeño de La Victoria. Los delincuentes dispararon a mansalva, alrededor de sesenta balazos. El chofer murió en el acto mientras que la pasajera, sentada en el asiento trasero, todavía tenía signos vitales a pesar de haber recibido impactos en la cabeza, la espalda y los brazos. La muchacha fue conducida a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital 2 de Mayo, donde murió el pasado martes luego de una larga agonía. En un inicio se pensó que era un caso más de sicariato; un taxista que se resiste a pagar cupo o extorsión y sufre las consecuencias, pero la muerte de Andrea Vidal Gómez ha remecido a la institución que se encarga de elaborar leyes en favor de la ciudadanía.

Una investigación del programa televisivo Beto a Saber ha revelado que el chofer fue una víctima circunstancial y que el atentado, en realidad, era contra Andrea Vidal, una abogada de 28 años que hasta septiembre había sido asesora en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. de Perú. Una extrabajadora de la misma área ha revelado desde el anonimato que el jefe de ambas, Jorge Torres Saravia, armó una red de prostitución en los pasillos del Parlamento, haciendo pasar a mujeres como secretarias u oficinistas a cambio de “prestarles servicios” a algunos diputados. Andrea Vidal, conocida como La China, era quien supuestamente las reclutaba.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas ya ha abierto una investigación preliminar contra Torres Saravia, quien habría tenido, según la denuncia, más de un conflicto con su mano derecha y por eso la despidió en septiembre. Su asesinato ha encendido las alarmas y hay quien sospecha que fue un intento de silenciarla. Según la filtración, una de las prostitutas contratadas por su despacho habría tenido encuentros con Alejandro Soto, presidente del Congreso, hasta mediados de este año. “Ellas iban y se acostaban con las personas por un beneficio. Una de ellas solía visitar a Alejandro Soto. Lo pueden corroborar con las cámaras y registros de ingreso”, señaló la fuente.

Tanto Jorge Torres Saravia como Alejandro Soto pertenecen a las filas de Alianza para el Progreso, agrupación política liderada por César Acuña, gobernador regional de La Libertad y dueño de un conglomerado educativo, quien ha sido acusado de plagio, lavado de activos y delitos de corrupción. Alianza para el Progreso es de las bancadas con más representación en la Cámara y por eso mismo tiene un alto poder de influencia. De acuerdo con las denuncias periodísticas, Torres Saravia es muy cercano a Luis Valdez, secretario general del partido, al punto de nombrarlo como su asesor cuando ocupó un escaño.

El último viernes, mientras Andrea Vidal luchaba por su vida, Torres Saravia dio unas declaraciones al paso. “Yo no las contrato directamente, lo hace Recursos Humanos”, dijo sobre las mujeres víctimas de la red. Pero además dijo solo conocer a una de ellas. El jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso había pedido licencia, pero su estadía ya tenía las horas contadas y fue removido de su cargo. El actual presidente de la Cámara, Eduardo Salhuana, notificó su salida y dijo que “rechazaba categóricamente estos sucesos que afectan la moral, la decencia y la imagen” de la institución. “No toleraremos conductas que traicionen la confianza depositada por los peruanos”, agregó sin dar más detalles sobre su destitución.

Este miércoles, tras la muerte de Andrea Vidal, Juan Burgos, titular de la Comisión de Fiscalización ha subrayado que investigará a fondo la presunta red de prostitución dentro del Congreso que “habría contado con la protección de la Mesa Directiva y sus aliados políticos”. Anunció que en la próxima sesión del 26 de diciembre pedirán la presencia del jefe de la Oficina de Recursos Humanos, así como de Jorge Torres Saravia. “Que se devele la verdad caiga quien caiga. Comprobados los hechos, la representación nacional debe acusar constitucionalmente a quienes resulten responsables de haber pervertido al Congreso”, dijo, solicitando el apoyo de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Juan Burgos también lamentó que un denunciado por violación sexual como Torres Saravia haya ocupado un cargo de alto rango en el Parlamento. “Tenemos que limpiar la casa”, afirmó. La periodista Alvina Ruiz también fue categórica en ese sentido. “Torres fue acusado por una mujer de drogarla y abusar sexualmente de ella hace dos años y, pese a ello, el sujeto siguió trabajando en el Congreso. Torres es sindicado de liderar esta presunta red criminal vinculada a la explotación sexual, que tiene un componente aún más aterrador y que debe ser investigado: el intercambio de asesoras y secretarias entre algunos congresistas como parte de la dinámica de abuso y cosificación, que vuelve este caso aún más complejo”, sostuvo en una columna de opinión.

Alejandro Soto, sindicado en esta trama de haber recibido favores sexuales ha rechazado el informe periodístico donde se le acusa. “Como expresidente del Congreso, nunca he recibido visitas clandestinas, como se pretende hacer creer. Cada funcionario es responsable de sus actos en su vida privada y deberá responder personalmente ante la justicia si es necesario”. El abogado cusqueño carga con una serie de presuntos delitos que han sido materia de investigación: haber contratado a la hermana de la madre de su último hijo, votar a favor de la aprobación de una ley que lo benefició y cobrarles una cuota a los trabajadores de su despacho para pagar publicidad en redes sociales.

El Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (SITRAPOL) también se pronunció sobre la presunta red de proxenetismo al interior de la Cámara. “Los graves hechos denunciados evidencian la vulnerabilidad que afecta a trabajadoras y trabajadores de la organización o del servicio parlamentario, cuya condición laboral muchas veces expone al abuso y la arbitrariedad. La mejor forma de prevenir y evitar estas situaciones es estableciendo mecanismos claros, transparentes y predecibles para el ingreso a laborar en nuestra institución”, expresaron.

Al igual que la presidenta Dina Boluarte, quien se despedirá del 2024 con un 3% de aprobación, la imagen del Congreso está hundida en un pozo de manera permanente. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos concluyó que apenas el 6% de la ciudadanía está conforme con el desempeño del Congreso. El asesinato de una de sus extrabajadoras para silenciarla termina de hundir la institución ante la opinión pública.