El Gobierno de Perú fuerza el retiro del coronel que encabezó el allanamiento de la casa de Dina Boluarte

Integró el equipo de inteligencia del operativo Chavín de Huantar que hace 27 años liberó a 72 rehenes retenidos en la residencia del embajador japonés en Lima; participó en la captura de Fernando Zevallos, el Lunarejo, un narcotraficante de alto vuelo; apresó a Artemio, líder de los remanentes terroristas en el Alto Huallaga. También participó de la frustrada detención a Alan García, quien se suicidó antes de ser arrestado; lideró el arresto de Pedro Castillo luego de su brevísimo autogolpe; allanó las oficinas del Ministerio Público que determinaron la caída de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides; y le estaba siguiendo la pista a la presidenta Dina Boluarte y a su círculo de poder. Pero de ahora en adelante el coronel Harvey Colchado Huamaní no podrá continuar con sus investigaciones: este lunes fue pasado a retiro mediante una resolución ministerial.

Según el comunicado, las razones obedecen estrictamente a “una renovación de cuadros” y el cese se hará efectivo desde el 1 de enero de 2025. La noticia ha levantado polvo debido a que Harvey Colchado es un agente de amplia experiencia en operativos resonantes y con una edad que le permite seguir activo. El próximo año cumplirá 51 años. Pero en este 2024, su carrera dio un vuelco inesperado: pasó de comandar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) a resguardar puentes peatonales en las últimas protestas.

Conocido como René en el campo policial, Colchado fue suspendido tras un acontecimiento pocas veces visto: el allanamiento de la casa de un presidente en funciones. Ante el destape del Rolexgate, Colchado encabezó un contingente policial que tumbó la puerta de la vivienda de Dina Boluarte, ubicada en el distrito de Surquillo, en plena Semana Santa. Un hecho significativo que dio la vuelta al mundo y que agravó la imagen de la mandataria cuya popularidad se encontraba en caída libre.

El 11 de abril, Harvey Colchado cumplió 50 años y lo celebró con una torta temática que frunció el ceño de más de uno en Palacio. Una torta donde un agente fuerza una puerta con una comba. El coronel compartió la imagen en su estado de WhatsApp. El Ejecutivo lo tomó como una burla, lo suspendió y lo calificó como una “conducta reprochable, de una absoluta irresponsabilidad y falta de respeto hacia el alto cargo que ostenta la señora Boluarte”. Stefano Miranda, su abogado de aquel entonces, dijo que no era una mofa, que su patrocinado no lo compartió para que fuera difundido en los medios de comunicación y que la interpretación de los periodistas no podía representar un daño a la imagen institucional de la Policía.

Por esos días unos audios revelaron que Mateo Castañeda, el entonces abogado de Dina Boluarte, intentó convencer a Harvey Colchado de hallar pruebas que pudiesen comprometer al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, a cambio de estabilidad en su cargo y un ascenso a general. Colchado ha asegurado, además, que Castañeda se reunió con él para pedirle que moviera sus influencias para archivar el caso de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, acusado de liderar una organización criminal y tráfico de influencias. René se negó, así como el coronel Walter Lozano Pajuelo, alias Bica, quien también ha sido dado de baja. En tanto, Nicanor Boluarte es un fugitivo de la justicia desde hace un mes. Está no habido desde que ordenaron una prisión preventiva de 36 meses en contra suya.

Miguel Pérez Arroyo, abogado de Harvey Colchado, considera que el cese de ambos agentes de gran valía para el fuero policial solo se explica desde la represalia. “Es la orquestación de un abuso programado, estructurado. Es la concreción de un plan para la arbitrariedad y la venganza contra dos efectivos policiales, como Lozano y Colchado. Constituye un desperdicio en patrimonio del presupuesto público en la formación, probablemente, de los policías mejor preparados que existían en actividad. Este Gobierno está acostumbrado a deshacerse de lo mejor y malgastar el dinero público”, cuestionó.

La resolución del pase al retiro de Harvey Colchado y Walter Lozano lleva la firma del ministro del Interior, Juan José Santivañez, quien es acusado precisamente de proteger a Nicanor Boluarte de manera ilícita; encubrir presuntamente a Vladimir Cerrón, otro prófugo de la justicia —exsecretario general del partido Perú Libre—; y ponerle zancadillas a los comandos policiales que le resultan incómodos al Ejecutivo. Hace unas semanas, Santiváñez dijo que el cese de Colchado no dependía de él sino de una comisión especial de la Policía. Pero que una de las causales para darle de baja a un oficial es que tuviese más de cuatro años en un grado. “Colchado ya tiene más de diez años (como coronel”, señaló. Esta mañana, en un evento en el Callao, eludió el asunto y prefirió no hablar con la prensa.

Para la conductora del matinal Buenos Días Perú, Pamela Acosta la remoción de Harvey Colchado “es un mensaje para todos los policías que no se alineen al poder político”. Por su parte, Glatzer Tuesta, conductor del programa No hay derecho, sostuvo que con estas salidas “se le cumplió el sueño a las organizaciones criminales que andan como franquicias políticas”. Anuska Buenaluque, periodista de Epicentro TV, también expresó su indignación: “Decentes, valientes, principistas y policías. Se han jugado el pellejo mil veces por todos nosotros, y han puesto en riesgo a sus familias. Hoy un cobarde, hijo de un gobierno cobarde que protege a sus delincuentes, los manda a retiro porque no se han arrodillado. Digamos no”.

La semana pasada el Ministerio Público eliminó el puesto de coordinador del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), que le ponía la lupa a casos de altos funcionarios. Niegan que sea una desactivación y aseguran que es para ahorrar recursos. La DIVIAC, dirigida por Harvey Colchado, asistía a EFICCOP. Y aquel puesto de coordinadora lo ocupaba la fiscal Marita Barreto, quien se encuentra suspendida desde octubre por supuestamente filtrar información en uno de sus casos.

Hace un mes, Harvey Colchado solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor suyo y de 800 agentes policiales que investigan la corrupción en las altas esferas del poder y “sufren acoso desde el propio Poder Ejecutivo”. Su defensa remarca que no se quedarán de brazos cruzados y tomarán diversas acciones legales.