Condenados en Perú 10 militares por violar a mujeres campesinas hace 40 años

Cuarenta años después de haberse perpetrado los hechos y 20 después del inicio de la investigación fiscal, el caso Manta y Vilca ha obtenido este miércoles un desenlace con ribetes históricos: el Poder Judicial condenó con penas efectivas de cárcel entre seis y doce años a 10 exmilitares del Ejército peruano que en 1984 violaron sexualmente a nueve campesinas de la región Huancavelica, en la sierra sur.

En los días más sangrientos del terrorismo, el Gobierno de aquel entonces declaró en emergencia diversas zonas del territorio peruano, instalando bases militares. Sin embargo, hubo regimientos que, en lugar de cumplir su misión de proteger a la población, cometieron abusos de diversa índole, valiéndose de la lucha contrasubversiva. Eso fue lo que sucedió en dos distritos contiguos de Huancavelica: Manta y Vilca.

El fallo es emblemático porque se trata de la primera vez que el Perú abrió un proceso judicial por violencia sexual como crimen de lesa humanidad en el contexto del conflicto armado interno. Pero además ha ocurrido en medio de vientos en contra: hace un par de semanas, el Congreso aprobó en primera instancia un proyecto de ley que precisamente busca la prescripción de los procesos de aquellos investigados y sentenciados por crímenes de lesa humanidad por sucesos cometidos antes de julio del 2002.

En la audiencia pública, en la Sala Penal Nacional, ubicada en el Centro de Lima, el veredicto determinó 12 años de pena privativa de la libertad para Sabino Valentín Rutti; 10 años para Rufino Rivera Quispe, Vicente Yance Collahuacho, Epifanio Quiñonez Loyola, Amador Gutiérrez Lizarbe, Lorenzo Inga Romero, Raúl Pinto Ramos y Arturo Simarra García; ocho años de cárcel para Martín Sierra Gabriel y seis años para Pedro Pérez López. A otros tres exmilitares se les reservó la sentencia por ser reos contumaces. En cualquier caso, ninguno de los condenados estuvo presente en la audiencia.

A lo largo del proceso, su defensa se centró en desvirtuar los testimonios de las víctimas y en sostener que se trató de relaciones consentidas. No obstante, los jueces determinaron la fiabilidad de los testimonios. “Nos encontramos ante hechos graves. Si bien hay imprecisiones en los relatos, no es menos cierto que el señalamiento a los culpables es persistente y verosímil”, señaló la sala. Todos los condenados deberán pagar una reparación civil de 100.000 soles (27 mil dólares).

Los argumentos de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), la organización que brindó acompañamiento legal y psicológico a las víctimas, fueron citados en la sentencia, haciendo hincapié en que las violaciones sexuales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas fueron masivas y sistemáticas. “No resulta legítimo que se usen estrategias de violencia sexual como método de amedrentamiento”, se mencionó en otro pasaje de la audiencia.

Según el Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia, se reportaron más de 4.800 casos de violación sexual entre 1980 y el 2000, de los cuales el 83% fueron perpetrados por las fuerzas del orden, según las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La activista por los derechos de las mujeres y la población afroperuana, Sofía Carrillo, le dedicó unas palabras al fallo del Poder Judicial: “Se logró. Gracias a la valentía de las mujeres de Manta y un abrazo para las compañeras de Demus que no cesaron en acompañarlas en estas décadas de espera”.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la sala determinó la culpabilidad de Vicente Yance Collahuacho, alias Pato, quien vulneró a Marilia, una de las víctimas que falleció hace un par de meses debido a varias complicaciones de salud. Marilia fue clave en la sentencia al contar su caso en detalle en el libro Nuestras voces existen. “¿El día que me muera me olvidaré de esto?”, se preguntó. Aunque no fue en vida, la justicia obró con ella y sus compañeras.

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