Escala la presión judicial contra la vicepresidenta de Ecuador con la posibilidad de un juicio político

La fiscal de Ecuador, Diana Salazar, ya tiene en sus manos el expediente judicial contra la vicepresidenta, Verónica Abad, y ha realizado las primeras diligencias para apresurar el proceso. Ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia que le asigne un día y una hora para vincular en la causa que se abrió en marzo a la segunda mandataria. Además, ha cambiado el delito. Abad no será procesada por oferta de tráfico de influencias, lo que motivó a la investigación desde un inicio, sino por concusión; es decir, será acusada de usar su cargo para exigir un pago a otra persona a cambio de un puesto de trabajo. Con este cambio, Abad no solo podría ser procesada penalmente, sino también abre la posibilidad para que la Asamblea pueda iniciar un juicio político en su contra e inhabilitarla a cualquier cargo público.

El caso fue bautizado por la Fiscalía como Nene, porque el único implicado era el hijo de la segunda mandataria, Sebastián Barreiro Abad. Según la investigación del fiscal que recogió las primeras pruebas, el delito se configuró en una suite de un hotel de la capital. El denunciante es un joven comunicador Rommel P., quien acudió a la cita convocada una noche en la suite del hotel. Lo esperaban Barreiro y Daniel R., un asesor de la vicepresidenta. La reunión era para negociar el puesto de coordinador de comunicación en la Vicepresidencia de la República. El cargo de coordinador tiene un salario de 3.200 dólares, pero le ofrecieron ganar 1.200 dólares. Al final cerraron el negocio en 1.500 y la diferencia debía entregarlo en efectivo y en las manos del hijo de la segunda mandataria. Para garantizar los pagos mensuales, según el denunciante, lo obligaron a firmar una letra de cambio por 30.000 dólares. Rommel firmó.

En la ampliación de la versión, el denunciante ha asegurado que la vicepresidenta estaba al tanto de todo, y mostró los chats de sus conversaciones. La investigación acumula por lo menos nueve testimonios de diferentes testigos, desde empleados del hotel hasta funcionarios de la Vicepresidencia, entre esos el del exsecretario quien dijo que Abad dispuso la contratación de Rommel P. para el cargo de coordinador de comunicación.

Para obtener las pruebas, la fiscal Salazar ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia una autorización para extraer y analizar la información del teléfono móvil de Rommel P., donde asegura que están las conversaciones con la segunda mandataria. Salazar también ha pedido que tanto Abad como su asesor Daniel R. rindan su versión el 13 de junio. Lo harán vía telemática desde la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, a donde fue enviada la vicepresidenta como embajadora de la paz en la guerra de Israel contra Palestina.

Pero para continuar con el proceso judicial contra la vicepresidenta, los jueces deberán solicitar autorización a la Asamblea, que deberá aprobarlo con mínimo 92 votos de los legisladores. Si el Legislativo no aprueba la autorización, Abad no podrá ser procesada penalmente. Pero con el cambio de delito a concusión, Abad no sólo enfrentaría un posible juicio penal, sino también político. La Constitución de Ecuador establece tres causas para que la Asamblea lleve al banquillo del Pleno al presidente o vicepresidenta: por delitos contra la seguridad del Estado, delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas y por concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

No es la primera vez que se ventila un posible juicio político contra la segunda mandataria en los pasillos del parlamento, pero en ese entonces no tenían causales para proponerlo. El trámite de un juicio político requiere de un acusador y el respaldo de 46 firmas. El Gobierno tiene asegurados al menos a 34 asambleístas. Ahora el futuro de la vicepresidenta está en la Asamblea y sobre todo en las manos de la Revolución Ciudadana, el movimiento político de Rafael Correa, al que ella ha criticado y ha acusado de desmantelar el país en los 10 años que gobernó. Abad también se opuso desde el inicio al pacto político que negoció Noboa con el correísmo para gobernar sin obstáculos en el Congreso, un acuerdo con el que consiguió pasar cinco leyes económicas urgentes y que terminó tras ordenar ingresar a la fuerza en la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glas.

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