El Gobierno de Noboa eleva la presión contra Verónica Abad: “Sería nefasto que la vicepresidenta asuma el poder”

Al Gobierno de Ecuador se le agota el tiempo para impedir que la vicepresidenta, Verónica Abad, asuma el poder cuando Daniel Noboa renuncie al cargo a finales de este año para ser candidato a las elecciones de 2025. Al menos ya ha dejado clara su postura al respecto. “Sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y reacción del presidente asuma el poder”, sentenció este martes el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, después de ocho meses de gestos incómodos y silencio. “Lo primero que hará en el primer día es revertir todas aquellas victorias que el Gobierno ha tenido, especialmente en la lucha contra la impunidad y la seguridad”, añadió Torres sobre lo que el Gobierno piensa que podría pasar si la vicepresidenta queda a cargo del poder.

Abad reconoció en una entrevista con EL PAÍS que la ruptura del binomio se dio desde agosto, justo después de que ganara sorpresivamente la primera vuelta electoral. “Nunca he hablado con él como presidente”, dijo la mandataria desde Israel, donde fue enviada por Noboa para que sea mediadora de la paz en la guerra contra Palestina. En las declaraciones que dio Torres a la prensa, advirtió que este martes se daría una nueva diligencia judicial por el caso Nene. Así bautizó la Fiscalía del Estado la investigación que abrió en contra del hijo de Abad, Sebastián Barreiro, quien es acusado por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias, tras una denuncia de un funcionario de la Vicepresidencia, que señala a Barreiro de haberle exigido una parte de su sueldo por un cargo en la institución. El hijo de la mandataria fue enviado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, y solo un mes después fue liberado con el pago de una fianza.

Para Abad, esta es una campaña en su contra promovida por el Gobierno de Noboa que no quiere ceder el poder cuando sea candidato. Ella asegura que está sometida a violencia política, hostigamiento y maltrato continuo. “Una persona que se cree que está por encima de la ley, sin duda, es un Gobierno autoritario. Arrasa con las personas por querer hacer su voluntad”, dijo la mandataria. Para el Gobierno, la diligencia judicial es una demostración de que el presidente no es autoritario, dijo Esteban Torres, “sino incorruptible”. Según el viceministro, cuando el mandatario detectó lo que se discute en ese proceso penal fue cuando alejó del Gobierno a la vicepresidenta. Pero los tiempos no están coordinados con esta versión. La ruptura de Noboa y Abad inició en septiembre de 2023, cuando aún no ganaban las elecciones y la separó completamente del Gobierno al enviarla a Medio Oriente. Esto ocurrió con la firma de un decreto solo unas horas después de asumir la Presidencia, con la única función de colaborar en calidad de embajadora en nombre de Ecuador por la paz para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. Un mandato que Abad aceptó. Dos semanas después de que el binomio llegara al poder, ella viajó. Lo que pone al presidente en una posición compleja es si él supo que durante la transición de Gobierno se ofrecieron supuestas coimas a cambio de cargos públicos y no lo denunció sino que envió fuera del país a la persona señalada. La causa del proceso tiene menos de un mes para concluir su investigación. “Esperamos que la justicia cumpla su tarea y llegue hasta la verdad”, añadió Torres.

La vicepresidenta fue llamada por el Ministerio Público a rendir su versión pero no lo ha hecho de forma oficial, según la defensa de Abad. La mandataria no acudió a la diligencia porque tampoco sabe para qué la requieren. Si la Fiscalía la solicita como testigo, ella no podría declarar contra su hijo, la ley así lo prohíbe. Y si es considerada como sospechosa, el caso debe ser tratado por una unidad de fuero, por su cargo de vicepresidenta, y el proceso no cumple con estos requisitos, informó su abogado, Oswaldo Trujillo. Además, para cualquier acción penal, la Fiscalía necesitaría primero una autorización de la Asamblea Nacional para su vinculación. Lo que podría ser un obstáculo para el Gobierno, porque es un terreno donde tiene poco margen de maniobra tras convertir en sus opositores políticos a la bancada de mayoría en el Congreso cuando ordenó el asalto a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas.

El viceministro también se refirió a las salidas constitucionales que buscan impedir que Verónica Abad quede a cargo de la Presidencia a inicios de 2025. La Constitución no provee de muchas alternativas al mandatario cuando le ha quitado la confianza a su binomio que es elegido por votación popular. Torres mencionó la denuncia que hizo un funcionario público en contra de la vicepresidenta en el Tribunal Electoral por supuesta campaña anticipada cuando ella participó como candidata al Municipio de Cuenca en 2022. Si el Tribunal sentencia en contra de Abad, la sanción podría ser la destitución y con eso el mandatario tiene el camino para enviar una terna a la Asamblea para que designen a su nueva vicepresidenta -el caso es que Noboa también incurrió en esa falta electoral-. El Gobierno también baraja aplicar el artículo 150 de la Carta Magna que se refiere al caso de una ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República. Solo ahí el presidente podrá reemplazar el cargo con un ministro de su confianza. “Son todavía hipotéticos”, dijo Torres ante el futuro de la vicepresidenta que no renunciará al cargo.

Siga toda la información de El PAÍS América en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.