Fidel Zavala, el salvadoreño mandado a la prisión donde denunció que había torturas y corrupción

No es la primera vez que detienen a Fidel Zavala. En febrero de 2022, este empresario de 30 años enfrentó un proceso penal por estafa, del cual fue absuelto en abril de 2023. Durante su detención provisional, fue testigo de corrupción, tortura e incluso asesinatos a presos a manos de los custodios del sistema penitenciario salvadoreño en las dos cárceles por las que pasó, Cutumay Camones y Mariona. El también activista denunció ante la Fiscalía en julio de 2024 al director general de Centros Penales y viceministro de Seguridad Pública, Osiris Luna Meza, y a los directores de ambas prisiones, por los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, cohecho y tortura. Siete meses después, ha sido detenido y trasladado de nuevo a la cárcel de Mariona. Esta vez, acusado de agrupaciones ilícitas, el mismo delito por el que encierran a pandilleros.

Su primer paso por la cárcel coincidió con el arranque del estado de excepción, un mecanismo extremo que se activó para frenar un alto a la tregua que el Gobierno de Nayib Bukele había negociado con las pandillas. Ante una oleada de asesinatos en febrero de 2022, permitió que con este régimen extraordinario se aceleraran los procesos de detención. Sin embargo, han pasado tres años y más de 84.000 adultos han sido detenidos desde entonces, sin que uno solo tenga aún sentencia.

La denuncia de Zavala en ese contexto de represión y censura fue un parteaguas y tuvo gran repercusión nacional e internacionalmente. En el medio digital El Faro, dijo estar dispuesto a carearse con los funcionarios en los tribunales. Pero esta declaración cruzada cara a cara nunca llegó a darse. Sí el hostigamiento. Tras su detención, el pasado 25 de febrero, la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), de la que es vocero, anunció públicamente que se trataba de una persecución política. “Volvió al penal donde él denunció a los custodios (...). Es una venganza política por haber expuesto el sistema”, dice a EL PAÍS Ivania Cruz, abogada y directora de la misma entidad. “Todo lo que le pase dentro será responsabilidad del Estado”. El ministerio de Seguridad no respondió a las consultas de este medio.

Fidel Zavala fue detenido esta segunda vez en un operativo que incluyó el allanamiento de la sede de Unidehc, la vivienda de la abogada Cruz, y la captura de más de 20 líderes de la comunidad La Floresta, un colectivo vulnerable defendido legalmente por esta organización. Esta activista y Rudy Joya se encontraban en un viaje de incidencia política sobre la situación de su país en España en el momento de la detención, por los que actualmente recae sobre ellos una orden de captura. “Seguimos en España a la fuerza, estamos exiliados”, señala.

Unidehc está conformada por abogados independientes y líderes comunitarios que llevan más de un lustro siendo referentes en la defensa de casos de violaciones de derechos humanos, desalojos en las comunidades más vulnerables, víctimas de capturas arbitrarias y persecución política a organizaciones sociales. Para Celia Medrano, periodista especializada en derechos humanos, esta detención tiene mucha carga simbólica: “Se busca aleccionar a los que hablan”.

La comunidad La Floresta se creó hace más de 15 años, cuando empezaron a poblarla personas desmovilizadas y desplazadas de la guerra en los años noventa. Allí han convivido más de 200 familias, sin que ningún dueño reclamara su derecho de dominio. En mayo de 2024, llegó maquinaria pesada a realizar un desalojo “arbitrario y violento”, según Cruz, “dañando muchas viviendas y derrumbando en su totalidad algunas de ellas”. De acuerdo a su testimonio, nadie presentó documentos oficiales de pertenencia u orden judicial. Esta comunidad hizo denuncias en los medios y presentó un aviso penal de los hechos ocurridos ante la Fiscalía. Junto a Unidehc, iniciaron el proceso para garantizar su derecho de posesión, que consiste en un modo de adquirir terrenos ajenos por haberse poseído durante más de diez años, una posibilidad que permite el Código Civil del país. Además de agrupaciones ilícitas, a Zavala se le acusa de comercialización ilegal de parcelas o lotificaciones y ejercicio ilegal de la profesión. Días después de empezar con los trámites, fueron detenidos por tandas varios de los líderes sociales, hasta la veintena. Cruz lamenta no haber podido conversar con su compañero desde su detención, ya que lo impide el régimen. “Lo que hacen con los detenidos en mi país prácticamente es un secuestro”, lamenta.

“Desalentar la denuncia de abusos estatales”

Ante esta gravísima situación, Amnistía Internacional emitió una carta de acción urgente en la que mostraban su preocupación ante una “estrategia de criminalización de personas defensoras de derechos humanos”: “La detención de Fidel Zavala parece responder a un patrón de represalia e intimidación por su labor de denuncia sobre torturas, muertes y otros abusos en centros penales bajo el régimen de excepción. Su testimonio ha sido crucial para exponer estas violaciones a nivel nacional e internacional, lo que aumenta el temor de que su captura busque silenciar su labor y desalentar la denuncia de abusos estatales”. Hacía 10 años que el organismo no emitía un comunicado similar en el país.

Para Celia Medrano, este es un claro ejemplo de que el estado de excepción es una herramienta que tiene la finalidad de “control social y represión política”. “Aunque aseguran que es para combatir la criminalidad, el régimen se ha aplicado a trabajadores que protestan porque no se les pagan sus salarios, a defensores ambientales, a personas que protestan contra la derogación de la única ley en el continente que prohibía la minería metálica en El Salvador, e incluso hasta para personas que infringen leyes de tránsito... Funcionarios de este ramo han declarado públicamente que el régimen de excepción no es sólo para delincuentes”, zanja.

Asimismo, recordó que Zavala elevó su caso al Sistema Interamericano y a Naciones Unidas. “Es importante que activen el mecanismo de protección contra represalias contra personas que han denunciado ante diferentes comités, relatorías y grupos de trabajo violaciones a derechos humanos”. La CIDH ya exigió el fin del estado de excepción en septiembre de 2024, en un informe que denunciaba abusos sistemáticos del Gobierno de Bukele, abortos por falta de asistencia médica, patrones de arbitrariedad en las detenciones, violaciones a presos por funcionarios, y allanamientos sin orden judicial, sobre todo en viviendas en barrios pobres”.

La organización Socorro Jurídico Humanitario registró la muerte de al menos 349 presos en prisiones hasta diciembre de 2024. Cruz asegura que son muchas más, habla de miles. “Y Fidel Zavala se puede convertir en uno más”, temió en un video de la red social X. “Las manos de las autoridades salvadoreñas están manchadas de sangre”.