Jóvenes indígenas exigen una comisión de la verdad por la época del caucho en Perú

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Omar Navarro, de 18 años, buscaba conocer su árbol genealógico y confirmar si pertenecía a un pueblo indígena. En todo ese tiempo, las respuestas que conseguía aumentaban las preguntas que se hacía. Consultó con su abuelo, y para conocer su origen, él le habló de la época del caucho: “Mi bisabuelo llegó a trabajar para un patrón en el río Marañón, mi abuelo me contó que se iba a trabajar y volvía casi nueve meses después, pero sin nada, con deudas… Llegaba con azotes y látigos”, cuenta Navarro. Descubrió que su bisabuelo pertenecía al pueblo Kukama, pero había decidido dejar su lengua por la constante discriminación que sufrió, también dejó de enseñársela a sus hijos. “Me lo contaba de una forma triste, porque él vio sufrir a su padre con el único fin de darle de comer a sus hijos”, relata.

En su búsqueda por conocer más sobre sus raíces, Navarro se unió al colectivo TS+UNI, formado por 40 jóvenes de 11 pueblos originarios de la Amazonia. El grupo trabaja por reivindicar la historia, la cultura y la memoria de sus comunidades. Su acción más reciente ha sido demandar al Estado peruano la creación de una comisión de la verdad que investigue uno de los capítulos más sangrientos de la región: la fiebre del caucho. Los jóvenes describen ese periodo como un genocidio y una explotación sistemática, y una historia contada sin sus voces. Buscan que el Estado reconozca los abusos y repare, aunque tarde, su memoria histórica. Investigaciones estiman que más de 30.000 indígenas murieron, aunque académicos advierten que no existen datos verificables para confirmar esa cifra.

Fue en un encuentro entre diversos pueblos como los Kukama, Huitotos, Secoya, Achuar, Maijuna, Bora, entre otros, que los jóvenes escucharon a los ancianos contar las historias del caucho. Dana Tello Morey, de 25 años y del pueblo Kukama, narra: “Se trató a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, de una forma tan cruel e inhumana que pareciera que en esa época no había nadie que pudiera velar por sus derechos. Hay historias desgarradoras de niños quemados en pilas de fuego o violaciones a niñas pequeñas”. Esos relatos intergeneracionales transmitieron “dolor y trauma”, agrega, pero también explica que “nació una necesidad de hacer algo por estas heridas que no han sanado”.

Los jóvenes recuerdan el boom del caucho —ocurrido entre finales del siglo XIX y comienzos del XX— con las correrías, cuando los caucheros organizaban expediciones armadas para matar, reclutar o castigar. Hablan de los tiempos en que les cortaban la lengua por hablar su idioma, las violaciones a mujeres y niñas, las deudas impuestas por los patrones que se heredaban por generaciones, las enfermedades traídas de fuera, y los desplazamientos forzados que provocaron la desintegración de comunidades enteras.

Juan Carlos La Serna, especialista en historia amazónica y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, explica que durante aquella época predominaba, en una élite, un entendimiento de la Amazonia como un territorio de recursos que debían ser explotados. Eso, además, trajo consigo que la violencia física en este tiempo “sea mucho más brutal, por la propia dinámica que exigía una mayor productividad a costa del trabajo”, sostiene. Y añade que ese proceso estuvo acompañado de un “discurso sobre el salvaje” que legitimaba los abusos.

María Ochoa, una joven de 20 años del pueblo Murui bue, dice que conoció esta historia gracias a su familia. “Nunca leí un libro que contara todas las atrocidades que los caucheros hicieron”, afirma. A su abuela, por ejemplo, le cortaron una oreja. Ochoa cuenta que algunos cuestionan su demanda: “Me dicen: a ti no te han azotado, no te han cortado la lengua, no te han castigado. Pero a mí sí me duele, porque fue mi tribu, son parte de mí”, dice.

Los integrantes de TS+UNI viven en diversas partes de la selva peruana y otros viven en Brasil y Colombia. Para trabajar, los jóvenes se han dividido en comisiones, dependiendo de lo que estudia o ejerce cada uno. La demanda, realizada en el Juzgado Mixto de Nauta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, la han hecho con el acompañamiento de dos abogados y la radio comunitaria Ucamara. También han tenido el apoyo de las organizaciones de base de los pueblos.

Recalcan que el colectivo no tiene como único objetivo esta acción legal, sino diversas actividades nacionales e internacionales para proteger y fortalecer sus territorios, su cultura y la relación entre los pueblos originarios y el Estado. “Estamos hablando de los pueblos indígenas como algo lejano al Perú, como algo separado. Es importante replantearnos la forma en que como país nos percibimos”, sostiene Tello.

La demanda, pese a pedir una comisión sobre hechos sucedidos en siglos pasados, está ligada a lo que sucede hasta hoy en la Amazonia. Patrick Murayari, de 28 años, también del pueblo Kukama, explica: “Antes era el caucho, pero ahora es el petróleo, la minería o la madera. La dinámica de explotación se sigue repitiendo en complicidad con el Estado”. Por ello, también reclaman atender la problemática actual relacionada a las actividades extractivas “que amenazan a las comunidades y el territorio”, explica.

Para Amnistía Internacional, que acompaña al colectivo, esta acción debería servir para reflexionar sobre los problemas actuales en la región: “La Amazonia sigue enfrentando la pérdida de lenguas, la vulnerabilidad de sus pueblos, el retroceso en derechos colectivos y la imposibilidad de proteger su territorio”, explica Rosario Grados, directora de programas de la organización. Además, afirma que “la impunidad o el acceso a la verdad no prescriben, y en ese sentido el dolor tampoco”.

El colectivo es consciente de que el paso del tiempo juega en su contra. Maruja Gormas, de 27 años, del pueblo Maijuna y quien vive en el Putumayo, lo explica: “Nos preguntan a quién vamos a escuchar, porque ya pasaron más de cien años. Nos dicen que es mejor dejarlo en el pasado”. Pero, precisamente, esa es la razón que los impulsa a actuar ahora. “Tal vez pasen más años y esas voces ya no se escuchen”, dice, en referencia a los últimos ancianos que aún guardan memoria directa de la época del caucho.

La Serna explica que, a diferencia de otros países como Colombia, que en los últimos años, desde el Estado, ha reclamado y ha posicionado una reflexión histórica y crítica sobre este episodio, el peruano no lo ha hecho. Por eso es importante el reclamo de los jóvenes. Sin embargo, considera que es un momento complicado en el Perú porque se vive un periodo donde los discursos de la memoria son duramente reprendidos: “La oleada conservadora que estamos viviendo es también una oleada negacionista”, indica.

Las razones que han llevado a los jóvenes a unirse al colectivo TS+UNI son diversas: desde reivindicar la historia de sus pueblos, hasta llevar justicia a sus casas y cerrar heridas. Katty Ordoñez, de 23 años y cuyo bisabuelo kukama fue torturado por los caucheros, menciona: “Busco que mi abuelo pueda cerrar una etapa de su vida, quizás emocionalmente no podrá porque siempre estará presente, pero al menos tendrá un poco de justicia, que el Estado comience a cumplir lo que siempre debió cumplir: protegernos y no matarnos”.