Laguna del Tigre: ¿puede el fin del petróleo en la selva maya abrir paso a un desarrollo con recuperación ambiental?

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Durante casi 40 años, en el norte de Guatemala, la empresa anglo-francesa Perenco extrajo crudo pesado con alto contenido de azufre y metales, un petróleo cuyo destino principal fue la elaboración de asfalto. Según estimaciones del Ministerio de Energía y Minas, en ese periodo el Estado percibió ingresos brutos por más de 1.500 millones de dólares.

Pese a los sueños iniciales en 1985, la industria nunca llegó a ser un motor económico para el país centroamericano. En sus mejores años, la producción petrolera apenas representó el 0,7% del Producto Interno Bruto nacional. En contraste, el costo ambiental y social ha sido profundo e irreversible, en especial en el Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), donde se ubica el campo Xan, que a inicios de agosto pasó a manos del Estado. “El parque ha estado sometido a presiones desde los años 80 y ha sufrido daños irreversibles a su integridad”, señala la ambientalista guatemalteca Vida de Paz.

A lo largo de ese periodo, Perenco extrajo alrededor de 482 millones de barriles de crudo. En contraste, México produjo 584 millones de barriles solo en 2024. A cambio, según fuentes oficiales, el país perdió alrededor de un tercio de su selva y un número indeterminado de especies de plantas, insectos, aves y mamíferos.

“En algún momento se pensó que Guatemala podía ser un país petrolero, pero la verdad es que el recurso sí existe, pero con limitaciones”, le dice a EL PAÍS Víctor Ventura, ministro de Energía y Minas. Esos límites, sin embargo, o no se sabían o no se consideraron cuando se le entregó la concesión a Perenco. Pero en 1990, el PNLT fue declarado área protegida.

Hoy, el fin del contrato abre, según Ventura, la posibilidad de corregir los vacíos legales que permitieron la explotación dentro de un parque nacional y de repensar el sector energético sobre tres ejes: económico, social y ambiental. Las buenas intenciones están sobre la mesa, pero la realidad por resolver es compleja.

El reto tras la petrolera

El mismo día en el que el Estado guatemalteco tomó posesión del campo Xan, centro de operaciones de Perenco, unas 250 personas que residen en los alrededores invadieron la zona. Esto provocó que el Gobierno desplegara una coalición interinstitucional, que incluyó a efectivos del ejército, representantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y técnicos de varios ministerios para iniciar el cierre técnico de la petrolera, realizar diagnósticos para la recuperación ambiental y mediar soluciones con los pobladores locales.

El PNLT forma parte de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM), el área protegida más grande de Guatemala, que se conecta con México y Belice en lo que se denomina la Selva Maya. Durante las cuatro décadas de actividad, el parque perdió más del 90% de su cobertura boscosa. Además, grupos ilegales aprovecharon la tala de bosques para instalar infraestructura para asentarse en la zona. “La empresa abrió caminos, e indirectamente, facilitó la ruta para que se diera el cambio de uso de suelo, ingobernabilidad, usurpaciones, asentamientos humanos ilegales, pesca y cacería furtiva, y hasta inscripciones anómalas en el Registro de la Propiedad. Grupos armados ilegales se creen hoy en día dueños del territorio”, asegura la ambientalista de Paz.

Tras décadas de extracción con beneficios limitados para Guatemala, el mayor reto ahora es lograr un cierre de operaciones que afecte lo menos posible la integridad del territorio. Según el ministro de Minas y Energía, “tendrá un costo de unos 50 millones de dólares y podría tomar hasta 20 años”.

A pesar del daño sufrido durante este tiempo, Laguna del Tigre es el humedal de agua dulce más grande de Mesoamérica, según le dice el viceministro de Ambiente, Rodrigo Rodas a América Futura por teléfono. “Es uno de los sitios con mayor diversidad biológica de Guatemala. Aquí tenemos el anidamiento de la guacamaya roja, poblaciones de jaguar, tapires, 97 especies de mariposas, 54 especies de peces y 680 cuerpos de agua que representan el 70% del total de cuerpos de agua de la RBM”, menciona.

El futuro, entre la energía y la conservación

El cierre implica riesgos ambientales como fugas de crudo, contaminación del aire por emisiones tóxicas, entre ellas el anhídrido sulfúrico (H₂S), que reacciona con el agua y provoca lluvia ácida, así como afectaciones al subsuelo y a las fuentes hídricas.

En medio de este panorama de incertidumbre, también surge una oportunidad: modificar la legislación vigente, que hoy no contempla este tipo de escenarios, para incorporar una visión sostenible de los recursos naturales. “Actualmente, prevalece el interés económico sobre el social y el ambiental. Es una realidad que no podemos pasar por alto”, apunta el ministro Ventura.

La idea es que el Legislativo analice los cambios sugeridos a la actual Ley de Hidrocarburos para que la producción remanente financie el cierre y genere empleo local. En paralelo, CONAP y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales contemplan un plan de restauración que incluye viveros forestales, reforestación y realización de rondas cortafuegos (solo en 2024, dentro del PNLT se afectaron más de 7.000 hectáreas debido a incendios).

El plan también aborda las áreas legal, ambiental y local, de acuerdo al viceministro Rodas. Por una parte, el fin es expulsar todas aquellas actividades que no están amparadas bajo la ley, léase ganadería, agricultura y tráfico de drogas. “Habrá que interponer denuncias y habrá desalojos”, advirtió.

Por otro lado, las instituciones ambientales, apoyadas en el plan de manejo del parque, cuentan con una estrategia compuesta por cinco factores que pretenden propiciar la regeneración natural de manera asistida. Incluye el saneamiento de suelos y fuentes hídricas por posibles contaminantes producto de la actividad petrolera. “En el ministerio [de Ambiente] tenemos experiencia y bastantes expertos en recuperación de ecosistemas, saneamiento de agua, recuperación de suelos, y restitución de ecosistemas forestales”, añade Rodas.

En los últimos años, Guatemala ha tenido una serie de experiencias exitosas en restauración de paisajes forestales. WCS Guatemala, junto con CONAP y otras entidades locales, ya lograron la regeneración natural de 9.800 hectáreas dentro de la misma RBM. La ONG guatemalteca Defensores de la Naturaleza coadministra otra zona protegida, el Parque Nacional Sierra del Lacandón. Para 2009, ya había unas 54.000 hectáreas de bosque en regeneración.

Pero el país continúa sufriendo el impacto que el narcotráfico, cazadores furtivos y colonos causan en Petén. Además, queda por ver cómo los diferentes sectores políticos se ponen de acuerdo para reducir las amenazas que persisten en la zona.

Otro de los retos es la falta de fuentes de financiamiento para la protección ambiental. Países como Guatemala dependían fuertemente de la cooperación internacional, como la estadounidense USAID, para desarrollar estrategias de conservación. Con la desaparición de parte de esta ayuda, la alternativa que aborda el Gobierno de Bernardo Arévalo en colaboración con México y Belice, es una agenda transfronteriza de desarrollo llamada “Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya”.

Mientras, en el Congreso de Guatemala, varias voces abogan por continuar con la producción petrolera. Incluso algunos diputados buscan evitar la clausura de los pozos mediante un proyecto de ley para el resguardo y protección del patrimonio industrial petrolero, declarándolos “patrimonio de la nación”.

Durante décadas, ambientalistas y expertos han insistido en que el futuro de Guatemala pasa por conservar su biodiversidad y sus bosques. El fin de la concesión petrolera ya ha abierto un debate acerca de cómo cerrar con responsabilidad ambiental décadas de extracción y qué caminos quedan para restaurar la selva más extensa del país.