¿Cómo es posible que se asesinen a más ambientalistas en Guatemala que en México o Brasil?

Don Ricardo lleva la mitad de su vida defendiendo su territorio: Santa Cruz, Chinautla, una comunidad ribereña a una hora de Ciudad de Guatemala. A él se unieron sus nueve hijos. Esa fue, dice, la mayor de sus enseñanzas: pararse frente a quienes quieren destruir su entorno. Y los desafíos han sido muchos. Las autoridades ancestrales -de las que forma parte- llevan dos décadas enfrentándose a los basurales que se amontonan al lado de sus casas, a la minería o a las areneras que sacan camiones y camiones de arena del río, ocasionando grandes y frecuentes inundaciones en la comunidad.

El 14 de abril de 2024, alguien llamó por teléfono a su hijo de 17 años, y a uno de sus hermanos menores, Roberto, ambos nombres falsos. El hijo bajó las escaleras, saludó a sus padres que cenaban en la sala y se dirigió a la tiendita a comprar un jugo. 30 segundos después de salir de casa, recuerda Ricardo, se empezaron a escuchar tiroteos. Una de las balas acabó con la vida del hijo y otra de ellas dejó a Roberto impedido de una pierna. “Puede que lo hicieran para asustarme”, explica el papá de 55 años. “Pero no lo van a conseguir. No tenemos otra causa más digna por la que luchar que la de defender nuestros territorios”, cuenta por teléfono.

Su hijo es uno de los 20 líderes asesinados en Guatemala en 2024, según el recuento de Global Witness. El país centroamericano, de apenas 18 millones de habitantes, se convirtió en la nación del mundo con más ambientalistas asesinados per cápita. Esta fue una de las mayores sorpresas del informe, en el que Colombia ha acumulado el mayor número de homicidios en los últimos tres años, un puesto que otros años han encabezado también México y Brasil. En 2024, la nación mexicana, de más de 130 millones de habitantes, registró 18 ambientalistas muertos, mientras que la brasileña, con más de 212 millones de habitantes, 12. Comparativamente, los datos conmocionan. Sin embargo, para los defensores guatemaltecos del territorio, los datos no sorprenden.

Lucía Ixchíu, activista K’iche y periodista comunitaria, se estremece al pensar en esta sangría de compañeros de lucha. Hace más de cuatro años tuvo que salir exiliada de su país por miedo a ser la siguiente en la lista. La defensa de los bosques de Totonicapán, al suroeste del país, le costó amenazas, acoso en redes, vapuleo en las protestas y un intento de asesinato por documentar la tala ilegal de árboles durante la pandemia. “Salí para vivir, porque no tenemos condiciones en Guatemala de hacer nuestro trabajo. Para los defensores de Centroamérica, el único destino que tenemos es asesinato o la cárcel”, critica por teléfono. “Quisiera creer que otras formas son posibles, pero no podía quedarme a esperar y ser la siguiente”.

La reconocida ambientalista señala tres elementos principales detrás de estas cifras: la impunidad, el racismo estructural y el desinterés estatal. “Tenemos que ver esta ola de violencias como parte de un todo, de un mundo que apoya la industria extractivista, con el cambio de Gobierno en Estados Unidos, la oligarquía de internet... Estamos regresando a la época de exilio, que ya conocemos, a los asesinatos selectivos. Esta es una época de pregenocidio para líderes sociales”, zanja.

Un estado cómplice

Brenda Guillén, coordinadora de Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), señala que es el año más letal en los últimos 25, a excepción de 2018, cuando fue incluido en los registros propios el Caso Hogar Seguro, un incendio en el que murieron 41 adolescentes en un albergue en Guatemala.

En el informe de Global Witness, titulado Raíces de resistencia, se constata lo que ya saben Ricardo, Lucía y Brenda: que defender el territorio es una tarea arriesgada, sobre todo en América Latina y el Caribe, una región que mantiene el título de ser el continente más peligroso para hacer activismo. Del total de los fallecidos en los últimos 13 años, 1.619 (72%) sucedieron en esta región.

La activista es crítica con la voluntad política del Estado guatemalteco de defender a quienes custodian sus tierras, ríos y montañas. En Guatemala, si bien a ciertos líderes pueden serles asignados escoltas, no existe un mecanismo de protección coordinado, con financiación e intersectorial. Los ambientalistas asumen los gastos -estancia y alimentación- de los guardias. “Es tal la impunidad y la desprotección que los actores locales adversos ven la oportunidad de agredir sin ninguna consecuencia”, cuestiona. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales no ha querido conceder una entrevista a EL PAÍS. Presidencia, mediante una respuesta por escrito, señaló que el Gobierno estaba llevando a cabo medidas como la construcción de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (aún por aprobarse) y la elaboración de protocolos para el análisis de riesgo de las medidas de protección, también pendientes de implementación.

“La cooptación del Estado por parte de redes político-criminales que procuran corrupción e impunidad ha generado agresiones directas a activistas de derechos humanos, defensa de la democracia y defensores de la naturaleza. Actualmente, estas redes mantienen cooptado partes del aparato de justicia”, ha reconocido esa oficina del Gobierno de Bernardo Arévalo en un comunicado. “Esto explica los casos de criminalización contra operadores de justicia que investigan casos de corrupción, periodistas dedicados a exponer los problemas de impunidad, activistas defensores de la naturaleza, pueblos indígenas o activistas involucrados en la defensa de la democracia en el año 2023″.

Precisamente, los pueblos indígenas y campesinos, que emprendieron un paro de más de cien días tras las elecciones de 2024 frente a los embates judiciales que trataban de invalidarlas, fueron fundamentales para que el Gobierno de Arévalo pudiera asumir su cargo tras ganar esos comicios. Según Guillén, esta fue la excusa perfecta de la oligarquía guatemalteca y la oposición para “vengarse”. Ixchíu coincide. “Romper el tejido social y comunitario es fundamental para la estrategia extractiva”, dice. En su caso, dice, la difamación en su contra llegó a tal punto que hicieron desaparecer todas las denuncias que interpuso por acoso, violencia o intimidación a lo largo de su vida. “Es así como te intentan dejar de mentirosa. Los demás movimientos sociales tampoco salen a la defensa porque son muchos los ataques”, reconoce.

Si bien ambas hablan del sinsabor de que la llegada de Arévalo no haya conseguido cambiar el país, son justas con los tiempos. “No puede transformar en dos años las cinco décadas de Gobiernos ultraderechistas”, narra Ixchíu, quien soñó -y nunca pudo- con volver a vivir en Guatemala tras la toma de posesión del presidente. Guillén, sin embargo, exige que su Administración se tome en serio a sus defensores. “Existe un proceso de elaboración de políticas públicas de protección, hay iniciativas para ratificar el Acuerdo de Escazú [que se negó a firmar el expresidente Alejandro Giammattei]... Son buenas iniciativas, pero necesitamos actuar ya”.

Don Ricardo tampoco muestra rencor al presidente Arévalo, quien llegó al poder gracias a los apoyos del movimiento indígena, los jóvenes y la izquierda guatemalteca. “Su desempeño en el cuidado de líderes ha sido un poco precario, pero es verdad que no lo dejan actuar como él quiere. Todo el sistema está corrupto, está cooptado. Y a quienes levantan la voz son encarcelados o muertos, como mi hijo”.

Su hijo era un chico comprometido con la causa ambiental que seguía los pasos de Ricardo. Aprendió en la escuela que lo que hacía su papá era valiente y honrado. “No nos lo agradece nadie, pero es lo que hay que hacer”, recuerda que le decía. Tocaba el saxo y la marimba y era “bien estudioso”. “Se llevaron a un patojo (muchacho) bueno”, lamenta afectado. Su caso, como los demás 19, siguen archivados en algún despacho. Olvidado para todos, menos para su papá, quien toca por los dos la marimba.