Los agricultores del sur de Brasil, en primera línea frente a la crisis climática

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Roselei dos Santos Porto tardó 15 días en atreverse a volver a sus campos, sumergidos por las inundaciones que en mayo afectaron a casi todo Rio Grande do Sul. Esta agricultora de 44 años había conseguido volver a su casa de Eldorado do Sul, en las afueras de Porto Alegre, la capital del Estado más meridional de Brasil. Pero no tenía fuerzas para ir a donde la tierra negra y compacta se había apoderado de lo que antes era una colorida plantación de hortalizas, legumbres y tubérculos.

Cuando decidió inspeccionar por fin sus campos el viernes 1 de junio, Porto lloró. “Los viernes era el día de llenar el camión de verduras para el mercado”, recuerda. La inundación no dejó rastro de la plantación ecológica de su familia. Los árboles de hierba de elefante que rodean el jardín, de unos tres metros de altura, llevaban la marca de las inundaciones: sólo las copas permanecían verdes.

Las inundaciones fueron consideradas la peor catástrofe medioambiental de la historia de Rio Grande do Sul. Las lluvias torrenciales comenzaron a finales de abril y persistieron durante casi un mes y medio, provocando el desbordamiento de ríos, el derrumbe de laderas e inundaciones en ciudades situadas en llanuras, especialmente en el valle de Taquari, en el interior del Estado, y en el área metropolitana de Porto Alegre. La tragedia dejó al menos 180 muertos, y más de 30 desaparecidos.

El asentamiento en el que vive Porto es uno de los muchos que hay en Brasil pertenecientes u ocupados por el Movimiento de los Sin Tierra (MST), un movimiento de reforma agraria que se calcula que cuenta con más de 1,5 millones de miembros. En el área metropolitana de Porto Alegre, las inundaciones han provocado que más de 170 familias de los asentamientos del MST hayan perdido toda su cosecha. La crecida del río Jacuí, que atraviesa Eldorado do Sul, acabó con las instalaciones de una de esas cooperativas de trabajadores, así como con la maquinaria de Pão na Terra, una productora de pan, pasteles y galletas ecológicas fundada en un asentamiento.

En los seis asentamientos del MST afectados, se destruyeron más de 2.300 hectáreas de cultivos de arroz, por un total de más de 10 millones de reales (1,8 millones de dólares) en daños, según cifras preliminares del MST.

Rio Grande do Sul, uno de los mayores productores agrícolas de Brasil y el principal productor de arroz, ha estado en primera línea de la crisis climática en los últimos años: este es el séptimo acontecimiento extremo desde 2020. A los largos periodos de sequía de tres años consecutivos han seguido inundaciones que, en conjunto, han creado condiciones muy difíciles para la agricultura.

Pero las repercusiones se han dejado sentir incluso durante más tiempo en el Estado. “Desde 2005, cada cuatro años hemos tenido que empezar de nuevo”, afirma Marcia Riva, una de las fundadoras de Pão na Terra. Además de la inundación de su cocina industrial, Riva perdió su propia cosecha de hongos shimeji.

Las investigaciones apuntan a que el cambio climático puede estar provocando una intensificación de los fenómenos de El Niño y La Niña, los patrones meteorológicos que surgen como resultado de cambios en las temperaturas del Océano Pacífico, episodios recientes que han tenido efectos devastadores en Rio Grande do Sul. Un reciente estudio realizado por investigadores de cinco países muestra que el calentamiento global ha duplicado las probabilidades de fuertes lluvias en un corto espacio de tiempo en el Estado.

Las graves sequías de 2020 a 2023 estuvieron influidas por La Niña, que también afectó a los vecinos Argentina y Uruguay. El año pasado, con la llegada del patrón de El Niño, hubo tres inundaciones: en junio, septiembre y noviembre, que dejaron más de 70 muertos, la mayoría en los valles de Taquari y Caí, también en el centro de Rio Grande do Sul.

Los agricultores se resisten a abandonar

A pesar de la conmoción más reciente, la mayoría de los trabajadores de cinco ciudades consultados para este reportaje afirma que no quiere renunciar a la agricultura, pero espera contar con apoyo público para seguir trabajando la tierra.

Actualmente se está debatiendo en el Congreso nacional una propuesta de ley para ampliar los plazos de las deudas de los productores afectados por las inundaciones. Además, el Ministerio de Desarrollo Agrario ha anunciado un fondo de 600 millones de reales (110 millones de dólares) para que los damnificados puedan acceder a líneas de crédito federales.

El 3 de julio, el Gobierno federal también anunció incentivos para los productores rurales, como hace todos los años con su plan agrícola anual, el Plan Safra. Pero esta vez se destinaron más de 400.000 millones de reales (73 millones de dólares) a los grandes y medianos productores del país, casi cuatro veces más que a las explotaciones familiares, que recibirán 86.000 millones de reales (15.8000 millones de dólares).

“Para sorpresa de nadie, la cantidad asignada a la agricultura familiar sigue siendo enormemente desigual a la asignada a la agroindustria. No es justo”, declaró Mariana Campos, coordinadora de agroecología de Greenpeace Brasil, en un comunicado en respuesta al plan.

Las inundaciones afectaron al 56% de las 365.000 propiedades rurales de Rio Grande do Sul. Emater, la agencia federal de asistencia técnica rural, señala que los daños son más pronunciados en zonas donde predomina la agricultura familiar, como la región metropolitana y los valles de Taquari y Caí.

Sin embargo, las medidas del Gobierno federal pueden no ser suficientes para reconstruir la agricultura en Rio Grande do Sul, que ya se enfrenta a un intenso éxodo rural y a la jubilación de su mano de obra. Según los informes, más de la mitad de las explotaciones agrícolas del Estado están dirigidas por personas mayores de 55 años.

Los censos agrarios muestran que la agricultura familiar ya está perdiendo terreno. El número de pequeñas propiedades de este sector pasó de unas 378.000 en 2006 a 294.000 en 2017, el más reciente, lo que supone un descenso del 22%.

“Sin una política pública de condonación de la deuda y financiación con una [ampliación del período de gracia] y tipos de interés bajos, muchos no volverán a la producción, ni habrá un estímulo a la sucesión”, dijo el ingeniero forestal Ernestino Guarino, investigador de Embrapa, una agencia del Gobierno federal centrada en la innovación agrícola.

Embrapa ha creado una plataforma para estimar los impactos y proponer un nuevo modelo de agricultura más resiliente al clima. Pero Guarino dice que “los próximos meses serán decisivos” para saber si la actividad perderá aún más terreno, y eso dependerá de las medidas que se tomen.

Hay consenso entre los expertos entrevistados para este reportaje en que es necesario corregir las desigualdades de financiación entre pequeños y grandes productores, que tienen más fácil acceso al crédito, incentivar la recuperación de áreas degradadas y la adopción de prácticas sostenibles, así como reforzar las agencias de apoyo como Emater y Embrapa. Sin esta combinación, afirman, los productores no se recuperarán de este último revés.

“Es necesario impulsar un nuevo modelo de producción agroecológica, respetuoso con la legislación medioambiental, que recompense económicamente al agricultor que preserva”, afirma Sérgio Schneider, profesor de posgrado en desarrollo rural de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) y consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

El agrónomo Pedro Selbach, profesor del departamento de suelos de la UFRGS, junto con otros colegas de la universidad, estimó en 19.400 millones de reales (3.500 millones de dólares) el impacto inmediato de las inundaciones de 2024 en la agricultura familiar, debido a la pérdida de cosechas y de producción. Los impactos de las pérdidas de fertilidad del suelo se estimaron en más de 6.000 millones de reales (1.100 millones de dólares), y es probable que estos cambios tengan efectos más duraderos y perjudiciales a largo plazo.

“Se produjeron graves daños en las características físicas, químicas y biológicas de los suelos”, dijo Selbach, explicando que la fuerza del aguacero se llevó su capa cultivable o modificó por completo sus propiedades en zonas que estuvieron inundadas durante semanas. “Muchas zonas que eran cultivables ya no lo son, algunas pueden tardar 400 años en recuperarse”.

Un estudio realizado por Cleberton Bianchini, del Movimiento Pro-Bosques Ribereños del Valle del Taquari, ha puesto de manifiesto una intensa destrucción de las áreas de preservación permanente (APP), que protegen, según la legislación nacional, la vegetación próxima a los cursos de agua. Según los informes, más de la mitad de las APP situadas en las orillas de 140 kilómetros del río Taquari, que atraviesa la región, se han convertido en pastizales, plantaciones o infraestructuras urbanas, en algunos casos, antes de que se incorporara la protección en 2012.

Además, de 1985 a 2022, el Estado perdió el 22% de su vegetación autóctona, y un tercio de esta destrucción se produjo en la cuenca del lago Guaíba, sobre el que se asienta Porto Alegre, y que se extiende hacia el sur por varias ciudades. En el mismo periodo, aumentaron la producción de soja, la silvicultura y el área urbanizada.

Un estudio preliminar de Selbach y sus colegas evaluó la relación entre deforestación e inundaciones. Si se hubieran conservado las orillas del lago Guaíba, el estudio calcula que el nivel de los ríos habría sido hasta 1,5 metros más bajo, lo que podría haber evitado la reciente inundación de Porto Alegre, donde la mitad de los barrios quedaron sumergidos.

Barro y piedra en las plantaciones

En Muçum, en el Valle de Taquari, el desbordamiento sin precedentes del río Guaporé devastó la propiedad de la familia Canal, que cultiva heno desde hace más de 40 años. Los 748 milímetros de lluvia caídos en tres días a finales de abril, más de cinco veces la media de todo el mes, provocaron el deslizamiento de rocas desde las colinas, cubriendo una presa y parte de los pastos de la familia. “Si no hubiera piedras, sería barro”, dice Ezequiel Canal, de 32 años, señalando su presa enterrada.

El aguacero se llevó 340 bolas de heno, lo que supuso una pérdida de 165.000 reales (30.000 dólares) para la familia. Irónicamente, también destruyó su sistema de riego subterráneo, importado de Israel por 250.000 reales (46.000 dólares) para protegerse de la sequía, pero que nunca se utilizó. “Durante la sequía, pasamos tres años ganando un 40% menos cada año”, afirma.

Adair José Villa, presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Muçum, añade: “Un día de inundaciones ha echado a perder más de tres años de sequía”.

De pie sobre las rocas, junto a un cobertizo de aluminio con el tejado retorcido por el torrente, Ezequiel y su padre Izair, de 65 años, dicen que piensan abandonar su tierra. “Se puede sobrevivir a una inundación, pero no a tres”, dice el padre, que vivió su primera inundación hace menos de un año. Esta vez, él y su mujer Ana se refugiaron durante día y medio dentro de la retroexcavadora de una excavadora a la espera de ser rescatados, mientras veían cómo su propiedad quedaba sumergida.

A unos 15 kilómetros al sur de Muçum, el municipio de Encantado también sufrió el desbordamiento de arroyos como el Jacarezinho, que aisló a una comunidad rural ocupada por pequeños productores de leche y cerdos.

Mauro Vieira Marques, de 65 años, perdió dos vacas lecheras, dos bueyes y 150 pollos y gallinas jóvenes, arrastrados por la corriente. De todo su ganado, sólo quedó una vaca.

El granjero y su mujer, Ivete Justina, regentaban una finca de media hectárea donde producían quesos artesanos y huevos, además de cultivar frutas y verduras. “Ni siquiera quedan árboles frutales”, dice Mauro, mirando hacia una llanura pelada.

Cuando nos encontramos, Mauro estaba entre los escombros de lo que quedaba de dos pequeños cobertizos, que albergaban congeladores para almacenar queso, un tambor de leche y una pajarera. “Esto era un paraíso, ahora parece que ha estallado una bomba”, añadió.

Los dos hijos de la pareja viven lejos. “Insisten en que nos vayamos, pero nuestra vida está aquí”, afirma. Mauro e Ivete pretenden reconstruir su casa en un terreno más alto y empezar de nuevo poco a poco, aunque siguen con el corazón roto. “¿Cómo vamos a quedarnos si el río ya ni siquiera tiene cauce?”, dice mirando un arroyo que ahora parece una zona inundada sin forma definida.

A tres kilómetros de la propiedad de la pareja, la familia Gonzatti sintió los efectos de la inundación a pesar de vivir en las montañas. Los desprendimientos salvaron a sus más de 1.100 cerdos, pero aislaron su propiedad durante 18 días, dejándola sin electricidad ni agua. La situación obligó a los hermanos Josué y Jonathan a caminar cuatro kilómetros diarios para alimentar a los animales con el poco pienso que les quedaba.

La familia Lorenzon, criadora de cerdos desde hace tres generaciones, también sufrió pérdidas. La inundación se produjo justo cuando estaban cargando cerdos en un camión para sacrificarlos, y el derrumbe de una barrera impidió el transporte. Tampoco había forma de comprar más pienso, y las existencias eran escasas. “Tuvimos que racionar el pienso y perdimos 13 animales”, explica Gustavo Lorenzon.

Desde que decidió seguir la tradición familiar en 2021, Lorenzon, de 37 años, ha sufrido sequías e inundaciones, así como el elevado precio de los cereales utilizados para alimentar a los cerdos. La pandemia de Covid-19, los impactos de la guerra en Ucrania y las sequías han provocado que el precio del maíz se duplique temporalmente y el de la soja aumente un 60%.

“Queremos seguir en el negocio, es nuestra vocación, pero estamos muy a merced del tiempo”, dijo el criador de cerdos.

A mediados de junio, algunos productores seguían sin poder regresar a sus casas, que permanecían inundadas. Era el caso de Vanusa e Isaías Kaiper, pescadores y vecinos del barrio de Arquipélago, en la zona metropolitana de Porto Alegre. Llevaban dos meses sin pescar en el lago Guaíba. “Los peces están contaminados por comer animales muertos y basura”, dijo Isaías en junio. “Ahora no podemos pescar, tenemos que esperar”.

Aun así, las inundaciones no le preocupan tanto como la sequía, que en 2022 provocó la desaparición de los peces. “Tuvimos que comprar pescado para revenderlo”, explica. Pero la pareja no piensa rendirse, a pesar de las adversas condiciones meteorológicas. “Nuestra vida está aquí, hemos criado a nuestras hijas con la pesca y vamos a seguir”, afirma Vanusa.

Se acumulan los reclamos al seguro

En una de las mesas de la oficina de Emater en Encantado, una bandeja de papeles de casi un metro de largo revela la dimensión del problema de la continuidad de la agricultura: son casos de Proagro, una especie de seguro emitido por el Gobierno federal para suspender las obligaciones financieras en caso de fenómenos naturales.

“Hasta 2013, los agricultores de la región ni siquiera sabían lo que era Proagro”, afirma el ingeniero agrónomo Eduardo Mariotti Gonçalves, responsable de prestar asistencia técnica a 300 propiedades rurales del municipio. Ahora, dice, “apenas dan abasto” con el número de solicitudes e inspecciones para obtener el seguro.

Para tener derecho a Proagro, los productores deben plantar de acuerdo con la Zonificación Agrícola de Riesgo Climático (Zarc), una directriz cartográfica del Gobierno federal que indica los riesgos y los cultivos apropiados para cada zona. Si un productor planta fuera de los límites de la Zarc, no tiene derecho al seguro. Pero a Gonçalves le preocupa especialmente la oferta de seguros después de tantas catástrofes.

Tras las inundaciones de mayo, se prevé que Rio Grande do Sul afronte un segundo semestre más seco, con la llegada de otro periodo de La Niña. Pero el riesgo de inundaciones podría volver a partir de 2025, según el Centro Nacional de Vigilancia y Alerta de Catástrofes Naturales. “Más que nunca, los agricultores tendrán que tomar sus decisiones en función del clima”, afirma Pedro Selbach.