Fin de tres años de sequía: Uruguay hace balance de la peor crisis hídrica en 70 años

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Uruguay respira aliviado: la sequía que azotó su territorio durante tres años es un capítulo cerrado. Lo anunció recientemente el Instituto Nacional de Meteorología, luego de que diciembre de 2023 mostrara condiciones normales de precipitaciones, algo que no ocurría desde principios de 2020. Fue la peor sequía en 70 años y sus efectos golpearon tanto al campo como a la ciudad. El sector agropecuario registró, entre 2022 y 2023, pérdidas equivalentes al 3% del PIB nacional, unos 1.880 millones de dólares. También el déficit hídrico dejó seco a Paso Severino, la principal fuente de abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana, provocando una crisis sin precedentes en el suministro. 1,7 millones de personas fueron afectadas, sobre todo entre abril y agosto de 2023, por el deterioro del agua corriente que se volvió salada e imbebible.

Pese a estar regado por ríos, arroyos y cañadas, Uruguay carece de una fuente alternativa para abastecer de agua potable a la mitad de su población. Durante la crisis, las autoridades decidieron captar aguas provenientes del Río de la Plata, más saladas por influencia oceánica, para no cortar el suministro. Eso hizo que el agua de los grifos saliera con un fuerte tono salobre y no recuperara la neutralidad de su sabor hasta el regreso de las lluvias. El 94% de los montevideanos dejó de beber agua corriente y se pasó a la envasada, según la consultora Cifra. “Faltó planificación”, coincidieron los analistas, que hicieron eco de otro dato que dejó patidifuso al ciudadano desprevenido: en Uruguay, más del 40% del agua potabilizada se pierde por roturas en las vetustas cañerías de OSE, la empresa pública encargada del suministro.

Ayudado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Gobierno (una coalición de centroderecha) está actualmente en vías de reparación de esas averías, según afirma el ministro de Ambiente de Uruguay, Robert Bouvier, en conversación con América Futura. Bouvier defiende lo hecho durante la crisis hídrica: “El Gobierno actuó bien, actuó a tiempo”. Destaca la construcción en mayo de 2023 de un dique de emergencia en Belastiquí, sobre el río Santa Lucía, y la atención prestada a la población más vulnerable. Unas 500.000 personas, detalla, recibieron ayuda entre julio y septiembre para comprar dos litros de agua embotellada por día. Y añade: “Desde que se declaró la emergencia hídrica [el 19 de junio de 2023], el Gobierno fue transparente con la información”.

Frente a las críticas que apuntan a la falta de planificación, Bouvier responde que esta administración presentó el proyecto Arazatí antes de la crisis hídrica, con el objetivo de construir una planta alternativa para el suministro de agua potable. Arazatí, también llamada Neptuno, es una iniciativa privada que potabilizará agua del Río de la Plata y cubrirá un 30% de la demanda de la zona metropolitana, que hoy depende exclusivamente del río Santa Lucía. “Estamos convencidos de que es una muy buena solución”, enfatiza. El ministro explica que el proyecto aún no tiene fecha de inicio porque el estudio de impacto ambiental no ha concluido y el contrato con el consorcio privado Aguas de Montevideo, encargado de la obra, aún no se ha firmado. Está previsto que Arazatí se construya en dos años y medio y le cueste al Estado uruguayo alrededor de 660 millones de dólares.

“La gran crisis de la cual estamos saliendo mostró cómo no hemos cumplido con la Constitución, cómo no priorizamos la preservación de nuestros suelos y de nuestras aguas”, le dice a América Futura la socióloga María Selva Ortiz, integrante de la ONG Redes Amigos de la Tierra. Más allá de la sequía, Ortiz sostiene que esta crisis evidenció el impacto que tuvo el avance del agronegocio en Uruguay en los últimos 20 años sobre la cuenca del río Santa Lucía, principal fuente de agua para el área metropolitana. “La plantación de árboles a gran escala con destino a la celulosa y el monocultivo sojero han puesto a nuestras aguas en graves problemas de calidad y de cantidad”, subraya. Según indica, hay estudios académicos que advierten de una disminución del 50% de los caudales hídricos debido a los monocultivos de árboles.

“Si la cuidamos, la cuenca del Santa Lucía es absolutamente apta y puede dar agua para toda el área metropolitana. Pero estamos haciendo lo contrario”, remarca Ortiz. En ese sentido, considera que el Gobierno da la espalda a esta zona decantándose por el proyecto Arazatí, que captará aguas del Río de la Plata. “Arazatí es una falsa solución”, continúa. Para Redes, este proyecto infringirá el artículo 47 de la Constitución, que establece que la gestión del agua debe ser pública. Arazatí, argumentan, dejará el manejo del agua en manos privadas. Además, coinciden con el manifiesto presentado por científicos, en octubre de 2022, según el cual, el proyecto “presenta problemas ambientales” y dice que la salinidad del agua del Río de la Plata “supera ampliamente los valores aceptables para ser potabilizados”.

El Gobierno niega que Arazatí suponga una privatización del agua y sostiene que los eventos de salinidad no son frecuentes. “[La empresa pública] OSE será la encargada de gestionar la planta, no hay ninguna inconstitucionalidad”, dice Bouvier. El ministro hace hincapié en que el proyecto ofrecerá seguridad a la población por captar agua de una fuente distinta, el Río de la Plata, que además será potabilizada en una nueva planta. No obstante, asegura que el Gobierno no ha descartado el proyecto Casupá, presentado por la anterior administración del Frente Amplio (centroizquierda), que contempla la construcción de otro embalse en el río Santa Lucía. “Eso quedará para una etapa posterior”, afirma.

Lucía Etcheverry, diputada por el opositor Frente Amplio, cree que la crisis hídrica que atravesó Uruguay evidenció que ni el sistema político ni la sociedad “tenían en el radar” que el país “pudiera llegar a la situación que se vivió”. Espera que parte del aprendizaje sea que el sistema político “tenga una mirada de largo plazo” y genere políticas de Estado en materia ambiental. “Es posible”, asegura en diálogo con América Futura. “¿Quién iba a pensar que Uruguay cambiaría su matriz energética? Hoy el 90% de nuestra energía proviene de fuentes renovables”, comenta. Para empezar, Etcheverry dice que el país debe romper con la dicotomía entre ambiente y producción y buscar los equilibrios para que el crecimiento no vaya en detrimento de los recursos hídricos, perjudicados hoy por la explotación intensiva y el uso de agroquímicos, entre otros factores.

En Uruguay, la variabilidad de las precipitaciones, las sequías más frecuentes y su impacto en la producción han colocado a la implementación del riego en el centro del debate. El país ya cuenta con una ley desde 2017, pero nunca llegó a reglamentarse cabalmente. “Esa ley de riego es perfectible y hay que trabajar para que pueda cubrir las expectativas y las necesidades de todo el sector productivo”, dice Etcheverry. Para eso, sostiene, el Estado tiene que ser un actor regulador, que equilibre las asimetrías entre grandes y pequeños productores. “La política de riego tiene que avanzar en la línea de una producción responsable”, continúa. De acuerdo con Regadores Unidos del Uruguay, el riego se emplea actualmente en 40.000 de las 1,8 millones hectáreas dedicadas a la agricultura.

“La lección de esta crisis es que de a poco se va consolidando una cultura hídrica en el Uruguay”, explica a América Futura el antropólogo Javier Taks, coordinador de la Cátedra Unesco de Agua y Cultura de la Universidad de la República. “Como si fuera un idioma, a través del agua, nos entendemos mejor como sociedad. Comprendemos mejor cuáles son nuestras limitaciones, nuestro potencial, nuestro orden social”. Para Taks, en esta crisis hubo “una gran distancia” entre la institucionalidad que existe en el país en torno a la gobernanza del agua, como la comisión de la cuenca del río Santa Lucía (integradaentre otros por la sociedad civil), y las decisiones que se tomaron en otros niveles políticos, como el Parlamento o el Poder Ejecutivo. “Falta madurez y comprensión”, apunta.

Asimismo, el antropólogo observa que en el sector agropecuario de Uruguay ―principal consumidor de agua dulce― todavía prevalece un sentimiento de ser víctima del ambientalismo y una visión caricaturesca del movimiento ecológico. “Hay que trabajar para entender la relación íntima que hay entre un ambiente sano, la producción y la inserción de este país en el mundo”, remarca. Tras la crisis hídrica, Taks plantea mejorar el acceso de la ciudadanía a la información sobre cómo el país gestiona sus aguas y expandir la educación ambiental más allá de la escuela. También considera necesario fortalecer la capacidad de análisis y control del Estado sobre el uso de este recurso y apostar por la investigación académica local que ensanche el conocimiento. “No es menos Estado, es más Estado o, por lo menos, un Estado distinto”, razona.