En medio de la profunda sequía, los incendios avivan la polémica sobre el chaqueo en Bolivia

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Casi 2,7 millones de hectáreas han sido arrasadas por incendios forestales en lo que va de año en Bolivia, un país que desde hace meses sufre una intensa sequía que afecta el suministro de agua en las ciudades y pone en peligro las cosechas en el campo. Las autoridades responsabilizan de los fuegos a la práctica del chaqueo, quemas que tradicionalmente han llevado a cabo pequeños y grandes agricultores con la intención de preparar sus tierras para el cultivo y que se salen de control.

En un año especialmente seco y caliente como este, los incendios hicieron llegar la semana pasada el humo denso y la contaminación a algunas de las principales ciudades, como Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba, donde viven más de 7 de los 11 millones de habitantes de Bolivia. En la primera, las autoridades decretaron la alerta sanitaria roja tras el aumento del 20% de las atenciones de enfermedades respiratorias en hospitales públicos y suspendieron las clases durante una semana, una medida que también se tomó en otras regiones como La Paz y el Beni.

Los incendios empeoraron tanto la contaminación en la capital cruceña que el 24 de octubre pasado la ciudad oriental alcanzó los 313 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de partículas contaminantes en el aire, una cifra calificada de “extremadamente mala” por el Índice Nacional de Calidad del Aire (ICA). Según esos datos, ese día Santa Cruz superó a la ciudad china de Pekín que presentaba un ICA de 185 µg/m³ y que era primera en el ránking mundial en línea de IQAir, la plataforma más grande del mundo de monitoreo en línea sobre la mala calidad del aire, pero que no registra las cifras de esa ciudad boliviana.

En total, en octubre, las autoridades bolivianas reportaron 21 incendios forestales en cuatro departamentos, que arrasaron con miles de hectáreas de campos agrícolas. Para el combate de las llamas, movilizaron a cerca de 4.000 bomberos, policías y militares. Los incendios llegaron incluso al parque Amboró en Santa Cruz, donde las autoridades descubrieron alrededor de 20 hectáreas de cultivos de coca, además de asentamientos ilegales de campesinos, lo que en el país ha sido interpretado como un símbolo de abandono oficial de zonas que deberían estar protegidas.

Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), hasta el pasado martes 16 personas estaban siendo investigadas por su presunta participación en tres incendios en Santa Cruz. Cuatro de ellos ya están detenidos preventivamente en la cárcel de Palmasola. “Todos los incendios que hemos registrado son provocados por la mano del hombre”, informó por su parte Mauricio Suárez, responsable de la Unidad de Alerta Temprana de la Gobernación del departamento amazónico del Beni, el más afectado con más de 1,5 millones de hectáreas quemadas.

El incontrolable chaqueo

Los incendios, además, han reavivado la polémica sobre el chaqueo, la quema controlada de pastizales que realizan anualmente los campesinos hacia el final de la época seca. Esta práctica se ha hecho tradicionalmente con el objetivo de mejorar la tierra que luego será sembrada, aunque en los últimos años ha sido cuestionada su efectividad, así como su uso indiscriminado para aumentar la frontera agrícola y por el daño que causa al medio ambiente.

En el centro de la polémica están varias decisiones del Gobierno del expresidente Evo Morales (2006-2019) que benefició a pequeños agricultores y también a grandes agroindustriales directamente interesados en la ampliación de nuevas tierras para cultivos de exportación. Las normas promulgadas durante su mandato permiten el desmonte de tierras mediante la tala de árboles para convertirlas en suelo cultivable.

Esto afecta principalmente al departamento de Santa Cruz, el motor económico de Bolivia y la región más afectada por el humo de los incendios. Esta región del oriente de Bolivia produce más del 70% de los alimentos del país, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Además, en los últimos 40 años, la superficie cultivada se multiplicó 11 veces: de 264.800 hectáreas a más de tres millones, según datos de Tierra, una fundación dedicada a la investigación y acción sobre el desarrollo rural sostenible.

Un ejemplo es la soya, el cultivo más importante en Santa Cruz, con un 97% del total nacional, y tercer producto de exportación en Bolivia que en 2022 generó ingresos por más de 2.000 millones de dólares. En paralelo, la deforestación en Santa Cruz ha ido en ascenso: este departamento concentra cerca del 80% de la tala de árboles a nivel nacional. Según el reporte de Global Forest Watch (GFW), en 2022 Bolivia ocupó el tercer lugar entre los países del mundo con mayor pérdida de bosques primarios, después de Brasil y la República Democrática del Congo.

Entre las medidas que amparan el chaqueo promulgadas durante el Gobierno de Morales, existe una que perdona las multas a la deforestación ilegal, otra que autoriza el desmonte de distintas formas, incluyendo la quema hasta 20 hectáreas para propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, y una más para “promover el buen uso y manejo integral de fuego a través de la quema planificada y controlada”.

Aunque esas normas permiten la deforestación para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni en espacios legalmente asignados para ello, el desmonte en áreas no designadas sigue considerándose una infracción punible. Pero el cuestionamiento a estas medidas ha crecido ahora con los incendios, como sucedió en 2019, cuando una serie de incendios destructores en la Chiquitania, también en Santa Cruz, pusieron en jaque a Morales dos meses antes de las elecciones. “Ese tipo de discurso alienta y normaliza que los chaqueadores sigan quemando arriba de 2 millones de hectáreas por año”, lamenta Alcides Vadillo, director de la oficina en Santa Cruz de Tierra.

Colonización de territorios

Por su parte, grupos indígenas de Santa Cruz se quejan porque estas leyes benefician a colonos o “interculturales”, migrantes de otras zonas del país a quienes acusan de avasallar sus tierras y de recibir hectáreas de suelo agrícola del Gobierno. Los pobladores originarios señalan a los nuevos ocupantes del territorio como los causantes de los incendios forestales que dañan los ecosistemas que han cuidado por siglos. En su momento, Morales llegó a decir que el chaqueo era el único sistema que los campesinos tenían a mano y que, sin él, se morían de hambre.

“Los incendios grandes se producen por los avasallamientos de tierras de los interculturales que no saben cómo manejar la quema. Prenden fuego donde sea y no saben controlarlo”, asegura Antonia Méndez, una vecina de San Miguel de Velasco, un municipio a 500 kilómetros de Santa Cruz directamente afectado por los incendios. “Los incendios llegaron a cinco kilómetros de nuestro pueblo y la gente combate el fuego, pero cuando se descontrola no hay nada que hacer”, explicó la mujer. “El humo y el calor son insoportables, pasamos de tener 35 grados de temperatura a 42″.

Méndez llegó a la capital del departamento la semana pasada para participar en el Encuentro Nacional de Organizaciones de Territorios Indígenas Originarios, una reunión convocada por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), donde se firmó una resolución que pide la derogación de las “leyes incendiarias que permiten los desmontes y autorizan las quemas” ante el desastre ambiental de los “masivos incendios provocados”.

Para Yasin Peredo, investigador del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (Cenda), “el chaqueo está afectando significativamente al país” principalmente por culpa de los colonos interculturales. “Al ser aliados estratégicos del Gobierno obtienen fácilmente tierras para su producción”, denuncia. “El chaqueo también beneficia al agroindustrial que permanentemente quiere ampliar la frontera agrícola”, critica Peredo.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, se mostró esta semana partidario de agilizar el debate sobre las normas que regulan el chaqueo para dar “tranquilidad” a los ciudadanos. “Si hoy tienes una normativa y siguen haciendo chaqueos, pues hay que ser más drásticos”, ha dicho.

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia tiene previsto un proyecto para reformar la ley sobre uso del fuego. La norma prevé incrementar las multas por quema ilegal desde los actuales dos 2 a 7 dólares por hectárea y elevar la condena por delito ambiental de 4 a 8 años de cárcel.

Por el momento, esta semana las esporádicas lluvias y los equipos de bomberos lograron reducir los incendios forestales que aún se concentran en Santa Cruz y La Paz. Sin embargo, dadas las condiciones de sequía y falta de lluvias, el fuego podría avivarse en cualquier momento.