Las reformas de Petro enfrentan su semestre definitivo
La reforma a la salud y la laboral tienen que ser aprobadas en un Congreso sin mayorías definidas; la pensional debe ser avalada por la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia
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Gustavo Petro tiene una última oportunidad para cumplir con las tres grandes reformas sociales que prometió en campaña: a la salud, al sistema laboral y al pensional. La tercera es la única aprobada por el Legislativo, pero enfrenta una ponencia negativa en la Corte Constitucional. Si el presidente no logra consolidar esos cambios en este semestre, será muy difícil que lo haga luego, en su último año de Gobierno, cuando el país político estará concentrado en las elecciones. El primer mandatario de izquierdas de la Colombia contemporánea es consciente del poco tiempo que le queda y de que sus proyectos se enfrentan a la incertidumbre en el Congreso, la veeduría de la Justicia y el caos del Gabinete que él mismo generó al pedirle la renuncia protocolaria a todos sus ministros.
Petro sabe que sería un fracaso que el que se denomina a sí mismo Gobierno del cambio no mejore los problemas estructurales del sistema de seguridad social, que afectan a millones de ciudadanos que votaron por él. Por eso, convocó la semana pasada a las sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes para que esta aprobara la reforma a la salud; también por eso, se ha reunido en el último mes con representantes de varios partidos tradicionales para intentar recomponer una coalición legislativa que le devuelva las mayorías parlamentarias que tuvo al inicio del mandato. Además, pese a la oposición de muchos de sus aliados, llevó al corazón de la Casa de Nariño al controvertido Armando Benedetti, un operador político acusado de todos los males, pero con la capacidad de tender puentes con muchos sectores, e incluso de oposición.
Si bien no se ha confirmado ninguna alianza que destrabe las reformas, hay conversaciones abiertas con el Partido Liberal, Conservador y La U, que podrían asegurar unas mayorías oficialistas en el Legislativo. El plan parece sencillo: incluir a miembros de estas colectividades en el Gabinete a cambio de que voten los proyectos en el Congreso. En diálogo con El Espectador, el ministro del Interior encargado, Gustavo García Figueroa, insistió en esa posibilidad: “El presidente ha dado un mensaje de inclusión, un mensaje multicolor de que debemos tener esas amplitudes para la coalición. Todo esto hace parte de las ideas de liberales, algunos conservadores, de la U y de otros. La agenda legislativa del Congreso toma un nuevo vigor con ese mensaje”.
Si eso se concreta, el proyecto de ley que busca transformar de raíz el sistema sanitario podría superar el segundo de los cuatro debates que necesita para ser aprobado, en la Cámara de Representantes. Después deberá seguir su curso en la Comisión Séptima del Senado, donde se hundió una primera versión de la reforma, antes de discutirse en la plenaria del Senado, en la que Petro tampoco tiene las mayorías. La reforma laboral ya terminó el trámite en la Cámara y le hacen falta los dos debates en el Senado, los mismos del proyecto de salud. La iniciativa, que busca mejorar las condiciones de millones de trabajadores formales, no tiene el respaldo ni de los partidos de la oposición ni de los gremios empresariales, a pesar de que por el camino fue perdiendo muchos artículos relacionados con los derechos colectivos y sindicales.
En un largo mensaje en su cuenta de X, publicado al inicio de esta semana, Petro reconoció la difícil situación de sus reformas: “El neoliberalismo ha muerto en el mundo y por eso mi Gobierno propuso un gran acuerdo para hacer las reformas sociales a sus leyes fundamentales: salud, pensiones, laboral. El Congreso no quiere aprobarlas en sus mayorías”. El presidente insistió en su disputa con los dos últimos presidentes del Senado, el verde Iván Name, investigado por corrupción, y el conservador Efraín Cepeda, uno de sus mayores contradictores. “El problema central está en que los congresistas, en su mayoría, por ahora, no ven pertinente hacer las reformas y desean mantener el país en el caos de un neoliberalismo moribundo”. Terminó su trino con un mensaje de urgencia: “Es este año el decisivo”.
Sus cuestionamientos al Congreso se toparon con las críticas de senadores y representantes de varios partidos. El mismo Cepeda reafirmó la independencia del Legislativo. “El Congreso es autónomo en sus decisiones y no un apéndice de su gobierno. La Constitución es absolutamente clara frente a la Separación de Poderes. A todos los gobiernos se les han aprobado o negado iniciativas, y todos aceptaban con espíritu democrático las decisiones, menos usted que pretende que seamos notarios de su voluntad omnímoda”, escribió, y añadió: “Le exijo una vez más que deje de amenazar al Congreso”.
En paralelo a la fuerte disputa política, el Gobierno tiene ahora un nuevo frente de batalla con la Corte Constitucional. En la tarde de este martes el magistrado Jorge Enrique Ibáñez radicó una ponencia en la que solicita declarar inexequible la reforma pensional. Lo hace en el trámite de una demanda de la senadora uribista Paloma Valencia. El magistrado conservador argumenta que el proyecto tiene vicios de trámite por la aprobación exprés en el último debate en la Cámara de Representantes, en el que no se discutieron los artículos del proyecto, sino que se aprobó avalar todo lo decidido por el Senado, en medio de la afugia por falta de tiempo para culminar el trámite.
El texto de Ibañez argumenta que, con ello, la reforma incumplió el requisito de la doble instancia o aprobación en doble fase. Aunque pide tumbar toda la ley, serán los nueve magistrados de la Corte quienes tomen la decisión definitiva en los próximos meses. Aunque Petro no se ha pronunciado al respecto, su escudero Gustavo Bolívar ha llamado a sus seguidores a la calle para defender el proyecto. “Muchos viejos y viejas no se pueden movilizar para luchar por su derecho a la comida, pero jóvenes y adultos deberían movilizarse para impedir esta injusticia: Los que ganan salarios de 50 millones, como Paloma Valencia, una de las demandantes, impidiendo que los viejos que aguantan hambre reciban su mínimo vital de 230.000 pesos, miserables”.
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