Los tiempos de la verdad

La absolución en primera instancia de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por parte del Juzgado Primero Penal Especializado de Antioquia, abre un debate alrededor de la lucha por la verdad, la memoria colectiva y los impactos de las decisiones judiciales. En varios casos de violaciones de derechos humanos, han sido los Tribunales Internacionales en los que la verdad judicial ha emergido tras un espinoso camino recorrido por las víctimas.

Apelando a in dubio pro reo o “duda razonable”, el juez Jaime Herrera Niño absolvió a Santiago Uribe por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, relacionados con el proceso judicial del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. El proceso penal, que continuará con la apelación de los representantes de víctimas ante el Tribunal Superior de Antioquia, fue abierto por primera vez en 1995 y luego en 2010, tras las declaraciones del mayor retirado Juan Carlos Meneses Quintero, comandante de Policía de Yarumal (Antioquia) entre 1992 y 1994, quien señaló a Santiago Uribe como financiador de la organización armada.

La decisión del juez contrasta con los testimonios de exintegrantes de esta facción paramilitar, hoy comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), víctimas y testigos. El pasado 6 y 7 de noviembre, durante una Audiencia de seguimiento al régimen de condicionalidad a comparecientes vinculados con Los 12 Apóstoles, el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP, señaló a Santiago Uribe Vélez como comandante y planificador de las actuaciones del grupo armado, antes conocido como Autodefensas del Norte Lechero, responsable de la muerte de 525 víctimas entre febrero de 1992 hasta el año 1998, periodo en el cual operó esta facción paramilitar.

Según el informe del GRAI, a la cabeza de la estructura se sumaba Gonzalo Palacios (coordinador y encargado de la inteligencia), quien junto con Santiago Uribe se articulaba con la comandancia del distrito de Policía Número 7 de Yarumal, entre ellos el mayor retirado Meneses Quintero, para coordinar acciones de “limpieza social” y el reclutamiento de paramilitares. A cargo de las finanzas estaba Álvaro Vásquez Arroyave y Martha Ligia Arango, expersonera de Yarumal. A su vez, según versa el documento, el centro de operaciones de Los 12 Apóstoles fue la hacienda La Carolina, propiedad de Uribe, y una casa de Francisco Javier Piedrahíta, cercana a la estación de la Policía.

Algunos de los hechos descritos en el informe del GRAI ya habían sido documentados tras años de trabajo de organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas y abogados en un ejercicio de búsqueda de la verdad y memoria histórica para buscar justicia. Parte de este archivo documental y testimonios están contenidos en los libros periodísticos como El Clan de los 12 Apóstoles, de Olga Behar, y El Apóstol Santiago. Uribe, contra insurgencia y limpieza social, de Santiago Mesa, dos textos complementarios en los cuales las voces de testigos, víctimas y presuntos responsables esclarecen las prácticas y repertorios de violencia del grupo paramilitar, del cual formaron parte cerca de 80 personas, entre ganaderos, policías, militares y redes urbanas.

Este no es el único caso relacionado con Los 12 Apóstoles en el que la justicia ha tardado más de una década en pronunciarse. En 1995, la familia de Carlos Emilio Rendón, un campesino asesinado el 7 de noviembre de 1993 en Yarumal, demandó a la nación por omisión del deber de protección y exigió una acción de reparación directa, peticiones que fueron negadas en primera instancia. En 2005 el caso llegó a la Sección Tercera del Consejo de Estado y, solo hasta 2021, el máximo Tribunal se pronunció argumentando que el crimen no se podía atribuir ni por acción ni omisión al Estado y que las pruebas aportadas eran suficientes para verificar las relaciones entre los integrantes de la Policía Nacional y el grupo paramilitar.

En el curso de los 16 años que tomó la decisión y previendo la ausencia de justicia, en julio de 2008, la familia presentó el caso junto a otras víctimas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reclamando que han pasado más de 22 años sin que exista ningún tipo de reparación integral por parte de la justicia colombiana, que no se ha esclarecido la identidad de los asesinos de sus seres queridos, ni de quienes ordenaron los asesinatos. En abril de 2020 la CIDH aceptó el caso y desde entonces investiga las distintas vulneraciones de derechos humanos y la responsabilidad del Estado en ellas.

Casos como el de la vereda La Esperanza, el de la periodista Jineth Bedoya y las masacres de Mapiripán, Pueblo Bello y 19 Comerciantes, fallados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demuestran que la verdad judicial responde a la lucha que por años ―y hasta décadas― han dado las víctimas del fenómeno paramilitar por la verdad, la memoria y contra la impunidad en la justicia local. Una verdad que ya había sido develada entre archivos, testimonios y testigos y que esperaba a la justicia para acceder a mecanismos de reparación. ¿Será esté el camino que tomen los casos de las víctimas de Los 12 Apóstoles?

En la lectura de las más de 200 páginas de la sentencia absolutoria de Santiago Uribe, fuera de los errores de tipeo y gramática, es posible evidenciar confusiones sobre los integrantes del grupo armado y los roles desempeñados, se desestima la profundidad de los testimonios y no guarda consistencia con el cruce de información documental y testimonial. ¿Fue entonces la duda razonable la verdadera razón del fallo? Será un juez es segunda instancia quien lo determine. Aún queda mucha verdad por esclarecer sobre Los 12 Apóstoles.

Para las víctimas hay una verdad que emergió hace años y que, tras las declaraciones de algunos victimarios, se ha ido reforzando. Los tiempos de la verdad o las verdades, aunque a temporales, terminan, en muchos casos, dando la razón a las víctimas.