Una serie de asesinatos de niños reabre el debate sobre la cadena perpetua en Colombia

Un nuevo caso de violencia infantil estremeció a Colombia esta semana. Alexis Delgado, un niño de apenas dos años, fue hallado muerto y enterrado en una finca del municipio de San Cayetano, en el céntrico departamento de Cundinamarca. El cuerpo tenía signos de estrangulamiento y de violencia sexual. Este jueves en la noche las autoridades señalaron como responsable a su tío, quien fue arrestado y será investigado por homicidio, tortura y acceso carnal violento. Una semana antes fue capturado Brayan Campo por el homicidio de Sofía Delgado, una niña de 12 años, que fue había desaparecido a finales de septiembre en el Valle del Cauca. Los crímenes han conmovido al país, han indignado a miles y han provocado que se reabra el viejo debate de cómo castigar apropiadamente a los violadores y asesinos de niños.

Varios políticos, en su mayoría de la derecha ideológica, han salido en tromba a reclamar la cadena perpetua, una pena que la Constitución prohíbe. Una de las primeras en pedir tal castigo para Campo, el asesino confeso de Sofía, fue la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. “Debemos pensar en establecer la cadena perpetua para los monstruos que asesinan niños”, dijo en X la política del centroderechista Partido de la U. Lo hizo justo el día en el que se halló el cuerpo de Sofía Delgado. Tres días después, detalló por el mismo medio su propuesta: “Una campaña ciudadana para pedir al Congreso una ley para que castigue de por vida a quienes violen, maltraten o maten a un niño”. Se trata de una iniciativa ya conocida en el país: en 2010, la política Gilma Jiménez, impulsó un referéndum con la misma motivación. Aunque aquel proyecto fracasó, las voces que lo alientan siguen vigentes.

Una treintena de congresistas de distintas agrupaciones políticas, según un conteo de El Espectador, apoyan revivir esa misma idea o la de la castración química a los violadores. Entre los legisladores que más figuran está la congresista Erika Tatiana Sánchez, presidenta de la Comisión Infancia y Adolescencia de la Cámara. La representante santandereana incluso pidió analizar las opciones jurídicas para alcanzar el “ideal” de “castigar con la vida y con la pena de muerte” a los asesinos de menores. Esta visión la respaldan congresistas de formaciones tradicionales, como Julián Peinado, del Partido Liberal, que sostiene que para estos criminales no puede haber resocialización.

Los niños enfrentan una grave ola de violencia en Colombia. Entre enero y agosto, 375 fueron víctimas de homicidio, según Medicina Legal. La cifra, ligeramente menor que en el mismo periodo de 2023 (393), mantiene en alerta a las autoridades, especialmente en el Valle del Cauca, departamento que lidera la lista de casos, con 86; seguido de Atlántico, con 32; y Antioquia, con 31. Los abusos sexuales siguen elevados. Durante los primeros ocho meses del año, se realizaron 11.871 exámenes médicos a menores por presunto abuso sexual.

Una medida inconstitucional

El planteamiento que defiende la cadena perpetua presenta un gran escollo: la Corte Constitucional ha dicho que no es válida. En 2021, declaró inexequible una reforma constitucional del año anterior que modificaba el artículo 34 de la Constitución —“Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”— para permitir las condenas de por vida a este tipo de criminales. Según el alto tribunal, la norma, apoyada por el entonces presidente Iván Duque, violaba el principio de la dignidad humana, que es la base del Estado Social y Democrático de Derecho.

Al año siguiente, los jueces encontraron que una ley que modificaba el Código Penal para crear una sanción de condena perpetua revisable era contraria a la Constitución. Aquella normativa consistía en la posibilidad de imponer una condena vitalicia con la obligación de que la justicia la revisara al cabo de 25 años para establecer si el responsable se había resocializado y, en tal caso, permitirle la libertad.

“Lastimosamente, hay una gran división en el criterio político y el criterio jurídico que lleva a que se reabran propuestas vetadas hace apenas tres años”, analiza en conversación telefónica el abogado penalista Juan José Castro. Para el experto, este tipo de propuestas son un reflejo de “populismo punitivo”. “Detrás de todo esto está la intención de figurar para tratar de sacarle réditos políticos de situaciones tremendamente tristes”, añade.

La gobernadora del Valle reconoce las limitaciones jurídicas de su propuesta. “Si no se puede imponer una cadena perpetua, que sea de 90 años, lo importante es que estas personas no salgan ni tengan principio de oportunidad”, indica a este diario por teléfono. Para Toro, “si no hay sanciones fuertes, va a seguir el mismo problema”. La Corte Constitucional se pronunció al respecto en 2023, cuando definió que la pena máxima en el país podía ser de 50 años, luego de que otra ley —de nuevo impulsada por Duque— la subiera a 60 años. Para los jueces, ese lapso en la práctica equivale a una condena vitalicia y aumentarla violaría la dignidad humana.

Carlos Fernando Motoa, senador del partido de derecha Cambio Radical, concede que “existe cierto populismo punitivo” en el Congreso. “A los pocos minutos de que nos enteramos del caso de Sofía, ya varios [congresistas] salieron a proponer algo que ya vetó la Corte”, dice el político vallecaucano, que votó a favor de la cadena perpetua en 2020. Ahora, asegura, es pragmático, pues sostiene que los legisladores deben buscar alternativas. “El efecto disuasorio del aumento de penas no está funcionando”, por lo que propone un punto medio: reabrir el debate de la castración química, una propuesta que ha rondado el Congreso por años.

Populista o no, para la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, el renacer de este tipo de proyectos surge del hartazgo. “Es comprensible que la gente pida la pena de muerte o prisión perpetua, especialmente porque estos crímenes impactan a los más vulnerables: los niños. Es el reflejo de la ira ante la injusticia, de la impotencia frente a la impunidad”, señala por mensaje de texto.

¿Rebaja de penas?

Para todos los políticos consultados, el mayor problema es la impunidad de los violadores y asesinos de niños. En el caso de Sofía Delgado, por ejemplo, su asesino había sido procesado por presuntamente abusar de una menor, pero estaba de nuevo en la calle por el vencimiento de términos en su detención. Ante este panorama, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia incorporaron en su propuesta de reforma judicial un artículo que permite la reducción de penas de los delitos contra menores si el acusado colabora con la justicia. Según ambas instituciones, y con el respaldo del Ministerio de Justicia, los condenados cumplirán así su condena en totalidad y se limitará la impunidad.

Como era de esperarse, este punto generó un amplio rechazo a nivel social y político. Más de 120 congresistas han firmado una proposición para eliminar el artículo de raíz. El senador Motoa propone buscar un consenso para permitir que la rebaja aplique únicamente a los acusados que permitan desmantelar una banda criminal contra menores. Lozano, por su parte, aprecia “la intención” del proyecto, pero cree que el mensaje que envía es errado.

Al otro extremo, para quienes la cadena perpetua es una de las soluciones de la violencia infantil, la reforma es “indignante”, según dijo el representante Peinado en un debate parlamentario. “No hay ninguna forma de establecer a los niños y sus derechos como una moneda de cambio con los criminales”, deploró. Para la gobernadora Toro, que sostiene que reducir las penas es algo que “no puede pasar”, también se debe trabajar en la prevención de los delitos.

El penalista Castro se declara a favor de priorizar la prevención sobre el castigo. “Nos preocupamos solo cuando el niño ya está muerto o la niña violada, ahí se ve la mediocridad de los legisladores, porque no ponen el mismo empeño en formular políticas preventivas”, apunta, a la vez que justifica que no hay estudios que demuestren que un aumento de las penas tenga un factor disuasorio para que se cometan más crímenes. Una de las medidas que aprobó el año pasado el Congreso es la implementación de la ‘Alerta Rosa’, una reproducción de la ‘Alerta Amber’ de Estados Unidos, la cual, notifica a todos los teléfonos celulares de una ciudad o un municipio cuando se denuncia la desaparición de un niño. La senadora Lozano, autora de la ley, pide que se implemente pronto. “Es vital y urgente que ese decreto se expida ya”, exhorta.

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