Violencia contra los niños: más que cadena perpetua, se necesita acabar la impunidad y prevenir
Aprobar una ley de cadena perpetua no es garantía de justicia ni de prevención. Algunos afirman que esto puede disuadir a los delincuentes, pero las penas actuales son muy altas y aun así los delitos suceden con frecuencia
En Colombia se habla nuevamente de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. La propuesta surge cada vez que un caso particular impacta a la opinión pública. Ocurre de nuevo después del asesinato de la niña de 12 años Sofía Delgado en el Valle del Cauca y la confesión de Brayan Campo como responsable del crimen. Aunque la indignación mueva el debate hacia la necesidad de incrementar las penas, lo cierto es que si las instituciones responsables actúan con las leyes que hay se puede castigar con rigor. La pregunta debe enfocarse en cómo acabar la impunidad y sobre todo en cómo prevenir delitos que se han convertido en parte del paisaje.
Para vergüenza de la sociedad y de todos los adultos que estamos obligados a proteger a los niños, el abuso sexual de menores de edad ocurre todos los días y los asesinatos son frecuentes. Según el reporte más reciente que tiene en su portal el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y agosto de este año, se reportaron 375 homicidios de menores entre 0 y 17 años. En 46 de estos casos las víctimas fueron menores de 11 años. En el mismo informe Medicina Legal reporta que realizó exámenes para establecer posible abuso sexual a 11.871 menores de edad entre 0 y 17 años. La mayoría de estos casos no generaron indignación colectiva. Pasaron como parte de algo que se ha normalizado.
La violencia con los niños, las niñas y los adolescentes es cotidiana. El debate sobre qué hacer sale en las calenturas y casi siempre enfocado en aumentar las penas, pero poco se busca entender por qué los niveles de impunidad son tan altos y por qué son cientos los niños victimizados cada día sin que se pueda hacer algo efectivo para evitarlo. Castigar a los criminales es importante. Proteger a los niños y a las niñas para evitar que sean víctimas de estos delitos es aún más importante.
Aprobar una ley de cadena perpetua no es garantía de justicia ni de prevención. Algunos afirman que esto puede disuadir a los delincuentes, pero las penas actuales son muy altas y aun así los delitos suceden con frecuencia. Según algunos expertos, en el caso de Sofía Delgado el criminal podría enfrentar una pena de 50 años de prisión, con lo cual es prácticamente una cadena perpetua. El sistema falló no por la falta de penas altas porque hoy se tienen, falló porque un hombre que estuvo acusado de un delito sexual fue dejado en libertad y pudo hacerlo de nuevo. La ministra de Justicia Ángela María Buitrago reconoció que las alertas se activaron, pero fallaron.
Corregir los errores en la cadena de la justicia y buscar que en las investigaciones primen los derechos de las víctimas y no de los victimarios, puede ser un camino para evitar la impunidad. Conviene recordar siempre que la Constitución establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. Sin embargo, en la realidad eso parece letra muerta. El reto mayor es que toda la sociedad se convierta en guardiana de los niños y que no se mire para otro lado mientras hay sospechas de abuso.
Algo que pasa con frecuencia es que los adultos no les creen a los niños cuando manifiestan que son víctimas de abuso o dan señales de que una persona los incomoda o le temen. A los niños hay que creerles, dicen los expertos una y otra vez. En no pocas ocasiones los vecinos o familiares saben algo, intuyen o sospechan, escuchan al niño, ven signos claros y, sin embargo, prefieren callar y no meterse. A esto se suma que algunos abusadores, fueron niños abusados. Por eso es bueno ver las causas del fenómeno y establecer las responsabilidades individuales, familiares y sociales.
También conviene discutir desde los periodistas y analistas cómo se habla de estos asuntos cuando un delito sale de la oscuridad y se convierte en noticia y en tendencia. En la búsqueda de generar la emocionalidad que viraliza contenidos, se puede revictimizar a los menores de edad y al calificar a los agresores como monstruos o enfermos mentales, se puede mandar un mensaje equivocado. Por un lado, se estigmatiza a las personas con enfermedades mentales, por el otro se deshumaniza al perpetrador y puede llegar incluso a encontrar razones para justificar el delito.
Tras el asesinato de Sofía se habló también de la propuesta para que haya rebaja de penas si hay colaboración con la justicia. Quienes la defienden argumentan que así se puede bajar el nivel de impunidad en casos en los que es difícil probar el delito. Quienes la critican consideran que no se puede dar ningún beneficio para los perpetradores cuando las víctimas son niños. El debate, por supuesto, es más complejo y también está sobre la mesa.
La violencia contra niños, niñas y adolescentes tiene muchos factores y la respuesta debería ir más allá del endurecimiento de las penas. Hacer leyes tiende a ser la respuesta ante problemas graves porque se da la sensación de que se hace algo, pero no siempre lo que queda en una norma se traduce en justicia real o en una herramienta para reducir efectivamente un delito. Requiere de un esfuerzo mayor de toda la sociedad convertir en realidad el artículo 44 de la Constitución.
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