La mitad de las mujeres judicializadas en Colombia lo están por delitos asociados al narcotráfico

Delcy Arboleda siempre soñó con bailar un currulao junto a su mamá cuando cumpliera 15 años. El día llegó, el pasado 24 de junio, pero sin música ni fiesta. Su madre, Ilsy Johana Arboleda (Tumaco, 35 años), paga una condena de 55 meses de prisión en Estados Unidos por el delito de conspiración asociado al tráfico de drogas. En la celebración que le hizo su familia arreglaron un puesto en la mesa para Ilsy. Es el mismo asiento que está vacío desde hace dos años, cuando fue capturada — según su abogada Rocío Quiñonez, “por haber sido pareja de una persona que se involucró en el negocio del narcotráfico”.

La casa en la que esperan a la mujer es un palafito de madera, casi a borde del mar. Queda en el pueblo de Bocas de Curay del municipio Francisco Pizarro, en la costa pacífica colombiana. El poblado de poco más de 7.000 habitantes se conecta con Tumaco, el puerto nariñense, luego de tres horas en lancha rápida, o cinco en canoa. Queda frente a la ciudad, al otro lado de una amplia bahía. Pizarro aparece en los titulares de prensa por ser uno de los municipios en los que la alcaldesa debe despachar desde fuera, para preservar su vida, o por ser el pueblo en el que la gente, a modo de protesta, no acudió a las urnas a elegir presidente en 2022 por el abandono al que los ha sometido el Estado.

En el expediente, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia por su pedido de extradición, Ilsy Arboleda es señalada de ser la pareja de un hombre involucrado en el tráfico de drogas. La justicia estadounidense también señala que, en interceptaciones legales a su teléfono, encontraron que ella cumplía un rol logístico en una organización criminal, organizando barcos con cargamentos, según dice el documento. Su madre, Ángela, defiende la inocencia de su hija. Sostiene que “estas son las horas, los minutos y los segundos, que nosotros no nos damos cuenta por qué está pagando una cárcel”.

Ilsy Johana fue capturada el 22 de agosto de 2022 en Tumaco, en medio de una redada que hicieron en pleno centro de la ciudad. “Ella iba pasando y vio que estaban deteniendo a un conocido, entonces se acercó a preguntar qué pasaba y los oficiales le pidieron la cédula. Cuando la entregó, le dijeron que tenía un pedido de extradición desde 2020″, señala su defensora. La noticia llegó a su casa materna cuando ya estaba siendo trasladada hacia una estación de policía, a la espera de una orden que la llevara hacia Bogotá, mientras se tramitaba su extradición. Las fechas coinciden con el tiempo en que sostuvo una relación con un hombre al que también llevaron preso por delitos asociados al narcotráfico.

Los documentos del proceso indican que algunos de los testigos que entregaron información para su captura “le identificaron la voz como la esposa o novia de”. Sin embargo, de esa información no había ni rastro en Colombia, donde Ilsy no tenía ningún pendiente con la justicia. Ese fue el argumento central de su abogada. “Las mujeres, en estos contextos rurales, pueden terminar judicializadas por ser parejas, madres o hijas de alguien involucrado en la cadena del narcotráfico, sin que eso compruebe su responsabilidad en la comisión de algún delito”, explica.

Lo advierte convencida de que, en un país donde la mayoría de mujeres cumplen roles de cuidado, las dinámicas criminales las terminan impactando, en muchas ocasiones, injustamente. “A las mujeres se les suele usar en la cadena del narcotráfico para los roles que son fácilmente sustituibles”. Se refiere a que son frecuentemente las que venden la droga por menudeo, los “correos humanos”, las que transportan los estupefacientes y, en muchos casos, las que exponen como anzuelos en algún negocio ilícito. Y remata diciendo que Colombia es un país “de pocas Griseldas”, para referirse a la poderosa narcotraficante colombiana a quien han llegado a comparar con Pablo Escobar.

La única caracterización que ha hecho el Ministerio de Justicia sobre las mujeres judicializadas por delitos asociados a las drogas fue en 2019. Ese año, determinaron que el 53,4 % de las mujeres involucradas en procesos habían tenido, por lo menos, un familiar condenado por algún delito de narcotráfico. “Los principales eran sus parejas (38 %) o sus hermanos (20 %)”, dice el documento. A eso se refiere Isabel Pereira, de la organización Dejusticia, cuando advierte que cinco de cada diez mujeres que están en prisión en Colombia, lo están por delitos asociados a las drogas ilícitas. Recuerda, además, que la mayoría son madre cabeza de familia o deben hacerse cargo de su núcleo familiar, aún cuando están tras las rejas.

Ilsy refleja a esa mayoría. Desde la cárcel en Miami (Florida), en donde paga su condena, trenza los cabellos de otras mujeres para ganarse algunos centavos de dólar que le permitan comunicarse con su hija al menos cinco minutos a la semana. En Bocas de Curay esperan esa llamada. Dejan el teléfono sobre la única superficie de la casa en la que entra señal, una esquina entre la cocina y una de las habitaciones. “Cuando ella me llama dice que se siente culpable de que yo le esté cuidando la hija”, señala su madre, Ángela.

La señora cuenta que la habilidad de su hija con los peinados ha sido su moneda de transacción. “Ofrece los peinados a cambio de que le paguen con un minuto para llamar a Colombia o de un plato de sopa”. Casi siempre elige a su familia. Desde su casa, Delcy (15 años) también aprende a ganarse la vida con el cabello. Intercambia trenzas con sus amigas en el colegio, con la certeza de que, como le ha enseñado su abuela, los dibujos que dejan en las cabezas son mapas hacia la libertad. “Lo primero que voy a hacer cuando mi mamá salga de la cárcel es pedirle que me haga trenzas para ir al colegio”, cuenta, y sonríe tímidamente.

En los procesos judiciales de mujeres por delitos asociados al narcotráfico hay varias características. Luz Piedad Caicedo, de la Corporación Humanas, explica que, además de la sanción penal, deben enfrentar a la sanción social y moral que recae sobre ellas. “Hemos identificado que es reiterado que, por ejemplo, los jueces les reprochen supuestamente no haber pensado en sus hijos o hijas antes de cometer algún delito”. Y explica que, aunque muchos de los hombres en prisión también son padres, “a ellos jamás les preguntan si pensaron en su familia. La sociedad no los responsabiliza de la misma forma”.

Caicedo señala que, con frecuencia, en estos casos las mujeres terminan aceptando los cargos por miedo, así puedan demostrar su inocencia. Entre otras cosas, porque la mayoría termina representada por abogados de oficio asignados por la Defensoría del Pueblo. “Una mujer de estas siempre llega a donde un juez pensando, antes que nada, en quién se va a quedar con sus hijos, porque las labores del cuidado son difícilmente reemplazables. Lo primero que hace su defensor es decirle que acepte cargos para rebajar su pena”. Sin embargo, explica que, si fueran a juicio, “el Estado difícilmente tendría cómo comprobar su responsabilidad”.

Pensando justamente en las madres cabeza de familia encarceladas, el Gobierno de Petro ha sacado adelante la llamada Ley de Utilidad Pública (2292 de 2023), que les brinda alternativas para resarcir su pena fuera de las rejas. Por ejemplo, pueden trabajar en entidades del Estado por tiempos determinados, y estar cerca de sus hijos. Un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Universidad Javeriana de Bogotá, que fue el insumo principal para la construcción de esta ley, encontró que la mayoría de mujeres en condiciones sociales vulnerables y madres cabeza de hogar, están pagando penas por delitos asociados a drogas. Lo confirma Claudia Cardona, de Mujeres Libres, una organización social que vela por los derechos de las mujeres en las cárceles. “De las 64 mujeres que hasta ahora han recibido decisiones favorables gracias a la ley, 47 estaban por delitos de estupefacientes”, cuenta a EL PAÍS. Es el 73 % de las beneficiarias.

Rocío Quiñónez, la defensora de Ilsy, conoce la Ley. Pero advierte que en Colombia, en un país que vive los coletazos del narcotráfico, la justicia no discrimina sobre la responsabilidad de una persona juzgada por esos delitos; es decir, que la severidad de las penas es la misma aún teniendo grados de responsabilidad distintos. Se refiere al caso, al borde de la Playa del Morro, en Tumaco, cuando a su celular entra una llamada internacional. Desde el otro lado, Ilsy le cuenta que, por su buena conducta y por un costurero que ha liderado en la cárcel de Miami, le han reducido su pena. “Sale este año o a comienzos del próximo”, dice Rocío en voz alta. Son los únicos cinco o diez minutos que tiene, quizá por el resto del mes, para escucharla hablar desde la prisión.

* Este reportaje fue producido gracias al apoyo del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo.

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