Crecer en el conflicto armado: la guerra se ensaña con los niños de Colombia

Dilan Camilo Erazo salió la noche de este martes a jugar al fútbol con sus amigos. Tenía 10 años y vivía en una zona rural de Argelia, en el sur del Cauca, uno de los epicentros del conflicto armado colombiano. De repente, un dron operado por los disidentes de las extintas FARC sobrevoló la cancha y dejó caer un explosivo. Seis personas terminaron heridas. Dilan falleció. Dos días después, miembros del Estado Mayor Central (EMC) convocaron a centenares de personas en el gimnasio de un colegio del pueblo y los hicieron guardar un minuto de silencio por Dilan. Acto seguido un comandante de ese grupo armado, vestido de uniforme militar, tomó el micrófono y responsabilizó al Ejército por la muerte del niño. En un video del momento, se nota que nadie más se atreve a hacer un ruido.

Un día después del asesinato de Dilan, se hicieron virales unas imágenes aterradoras. Un grupo de niños pequeños aparece sentado en el piso de un aula de clase en El Tambo, a dos horas de la capital caucana de Popayán. Algunos lloran, otros revelan el miedo en su cara. Afuera, el EMC y las Fuerzas Armadas están en pleno combate. Los profesores intentan calmar a los pequeños. “Vale, tienes que estar tranquila”, dice un docente a una niña. “Vamos a cantar alguito para que se tranquilicen”, agrega otro adulto. Los niños siguen llorando. Una se muerde las uñas. Otros se abrazan.

Al otro lado del país, hace poco más de una semana, 18 personas fueron raptadas en Arauca. Han pasado ocho días y siguen secuestrados. La ONU asegura que hay cinco menores de edad entre los privados de libertad. Ningún grupo ha aceptado su responsabilidad; las autoridades responsabilizan a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el municipio de Ricaurte, al sur de Nariño, cuatro niños del pueblo indígena Awá se ecuentran desaparecidos desde el pasado lunes. Y al norte de Antioquia, la mañana del martes, el Ejército detuvo en un puesto de control a siete camionetas blindadas de la Unidad de Nacional Protección (UNP), la entidad del Gobierno encargada de proteger a las personas cuyas vidas están en peligro, como los líderes sociales, los políticos o los altos funcionarios. En los vehículos había 18 disidentes del EMC, incluidos varios cabecillas que hacen parte de las negociaciones con el Gobierno y otros que tenían órdenes de captura en su contra. Uno de los combatientes tenía 17 años.

“Ha sido una semana bastante dolorosa y fuerte. Muy impactante para la vida de los niños y las niñas”, se lamenta por videollamada Julia Castellanos, la coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Colación contra la vinculación de niños, niñas al conflicto armado en Colombia (Coalico). Castellanos afirma que no es novedoso que los niños colombianos queden atrapados en la guerra. Según Coalico, casi 47.000 niños y adolescentes fueron afectados de manera directa el año pasado por el conflicto armado. La coordinadora advierte que varios fenómenos han crecido en los últimos años: “Hemos venido monitoreando desde el 2020 un aumento considerable de las violaciones como reclutamiento, desplazamiento, ataques a escuelas y hospitales. Sobre todo ataques a escuelas. Los grupos armados que están en combates las usan y ocupan para posicionarse y para vincularse con niños y adolescentes”.

La escuela como arma de guerra

Castellanos cuenta que los grupos armados han expandido su control territorial en Colombia desde la pandemia. Los datos de la ONU lo confirman: en 2021 eran 156 los municipios afectados por el conflicto armado; en 2022 fueron 180; y para 2023 ya sumaban 206, en 28 de los 32 departamentos colombianos. Mientras las organizaciones criminales han ido aumentando su presencia y control, muchos colegios han pasado “de ser espacios seguros a ser espacios de riesgo”.

En el municipio de Algeciras (Huila), por ejemplo, el Gobierno local se vio obligado a suspender durante varias semanas este año el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que daba de comer a más de 3.000 niños, por “interferencia” del EMC. En el Caquetá, la ONU ha recibido reportes de niños que han dejado los estudios porque los grupos armados plantaron minas cerca de sus escuelas. Y en el norte del Cauca, en Corinto, se cerró durante varios meses de 2023 el colegio José María Obando, ubicado justo en frente de la estación de policía. Los hostigamientos a la comisaría eran tan frecuentes que la escuela está repleta de marcas de impacto de bala.

“Sobre todo en el sur del país hay una dinámica bastante fuerte con los enfrentamientos cerca de las escuelas. Es una situación persistente”, cuenta Castellanos. Son combates que no solamente ponen a los alumnos en peligro físico: “Hay docentes pidiendo que se cierren las escuelas, familias evitando que sus niños vayan al colegio, se han encontrado municiones en las instituciones”. Todo esto resulta en que se dispare la tasa de deserción escolar, y que haya muchos más niños en sus casas, aburridos, sin nada para hacer y sin oportunidades para salir adelante: la receta perfecta para que un grupo armado los reclute.

El reclutamiento de menores

“Lo que hemos alertado desde marzo de este año es un temor de pérdida de gobernabilidad en Colombia”, dice por videollamada Juliette De Rivero, la representante en el país del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. Cuenta que los grupos armados cada vez tienen más poder en muchas regiones y que lo usan para destruir el tejido social de las comunidades: obligan a la población a seguir sus reglamentos, imponen economías ilícitas, limitan la libre circulación, imparten justicia, extorsionan, secuestran. “Entonces los niños carecen tanto de oportunidades que prácticamente su única alternativa es relacionarse con estos grupos armados”, se lamenta la representante.

De Rivero afirma que el reclutamiento de menores es la principal preocupación de las comunidades: “Es la primera queja siempre que visitamos el territorio”. La Defensoría del Pueblo registró en el primer semestre del año 152 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. El 80% de esos casos ocurrieron en el Cauca, de lejos el departamento más afectado. También hubo ocho casos de menores reclutados en Arauca, siete Nariño y Putumayo, y otros en Norte de Santander, Cundinamarca, Amazonas, Guaviare, Huila y Vaupés. Tanto la Defensoría como las dos expertas entrevistadas insisten en que muchos casos de reclutamiento no son denunciados por miedo a las represalias. De Rivero agrega que “un gran porcentaje de los niños y niños reclutados son indígenas, particularmente en el Cauca”.

Al igual que la violencia dentro y cerca de las escuelas, el reclutamiento ha aumentado desde la pandemia. Los criminales se ubican cerca a los colegios y ofrecen a los niños dinero, motos, celulares caros, la fantasía de poder salir adelante. Una vez que los menores entran al grupo armado, Castellanos, de Coalico, cuenta que desde este año está ocurriendo algo nuevo y siniestro: “Antes, reclutaban a los niños y empezaban un periodo de dos o tres meses de entrenamiento. Ahora no. Les dan el fusil y se van directamente a zonas de combate. Este año se ha visto un aumento considerable en niños y niñas muertos en combate”.

EL PAÍS viajó hace unas semanas a Corinto para hacer un reportaje sobre el conflicto armado en el norte del Cauca. Efectivamente, varios líderes indígenas allá reportaron que menores de su comunidad estaban siendo reclutados y enviados inmediatamente a combates en el sur del país. “No tenemos la oportunidad de recuperarlos. Los usan como carne de cañón”, aseguró Junior Elkin Pilcué, del Resguardo Indígena Páez Corinto.

La paz total

Para De Rivero, la representante de la ONU, hay una solución clara pero muy difícil de lograr para mejorar los derechos humanos de estos niños: acabar con los grupos armados. “El compromiso de desmantelar a los grupos armados es muy importante. Este Gobierno se ha mostrado comprometido. Tiene que avanzar con las políticas de desmantelamiento y consolidarse en los lugares más afectados por el conflicto”, asegura. La paz total, la política bandera del presidente Gustavo Petro, ha tratado de lograr justamente eso, negociando a la vez con todos los diversos grupos. Sin embargo el proyecto no ha logrado despegar en los ya casi dos años del Gobierno Petro. Y el conflicto armado, que ya había aumentado durante la pandemia, cuando mandaba Iván Duque, ha recrudecido. “Pocos países han tenido guerras tan largas”, sentencia De Rivero. Generaciones de niños son víctimas de una guerra que no es de ellos.

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