La Superintendencia de Vigilancia suspende el patrullaje de hombres armados en Sincelejo

La polémica por los escuadrones de hombres armados que patrullan Sincelejo, Sucre, vive un nuevo episodio. En la noche de este jueves, la Superintendencia de Vigilancia, órgano gubernamental encargado de inspeccionar y controlar a las empresas de seguridad privada, suspendió cautelarmente las actividades de patrullaje armado con el objetivo de “salvaguardar la confianza pública y los derechos y libertades de la comunidad”. Detrás de la decisión hay una pugna entre dos posturas y dos poderes: aquellos que ven similitudes entre esa actividad y el paramilitarismo, como el ministro de Defensa Iván Velásquez; y quienes las consideran una alternativa legítima para reforzar la seguridad, como Yahir Acuña, alcalde de la ciudad. En medio de la discusión está la situación de seguridad en Sincelejo, que el año pasado tuvo una tasa de 50,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta de Colombia, pero ha mejorado en 2024.

Fue en la mañana del sábado 15 de junio cuando los sincelejanos notaron que sus calles ahora eran supervisadas por sujetos vestidos de negro que se movilizaban en motocicletas. Los hechos pronto se volvieron tema de conversación a nivel nacional, debatiéndose su pertinencia en mesas radiales y editoriales de prensa. Aún permanece viva la memoria de los estragos del fenómeno paramilitar —que cobró la vida de 205.280 colombianos entre 1985 y 2018, según la Comisión de la Verdad— y cualquier iniciativa que implique el porte de armas por parte de organizaciones privadas en áreas públicas es vista con incredulidad y temor. En el caso concreto, los hombres que patrullaban Sincelejo eran empleados de Seguridad Vipers, una compañía constituida en el vecino departamento de Córdoba hace 21 años y que había firmado un contrato por 25.000 millones de pesos (un poco más de 6 millones de dólares) con la Administración del alcalde Yahir Acuña para prestar servicios de vigilancia en espacios públicos del municipio hasta 2027.

El choque de posturas fue inmediato. El Gobierno Nacional dejó claro su rechazo a la medida. El ministro Velásquez, a través de su cuenta de X, fue tajante. “La Alcaldía de Sincelejo debe desmontar de inmediato este ‘frente de seguridad’, que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos”, señaló en la red social. El alcalde Acuña, quien tiene investigaciones por posibles vínculos con grupos paramilitares en el pasao, defendió su determinación, explicando que se trataba de “un servicio absolutamente legítimo y legal” y desestimó las críticas de Velásquez. “Me parece más un acto de opinión que un acto de Gobierno”, aseguró en los micrófonos de Blu Radio.

Pero el intercambio de pareceres no era entre pares. La Superintendencia de Vigilancia es un órgano del Gobierno Nacional, del sector que encabeza Velásquez. Actualmente es dirigida por Raúl Gutiérrez, quien se posesionó en marzo pasado y venía de ser subalterno de Velásquez en el Ministerio. Se preveía que la balanza eventualmente se inclinaría en favor del Ejecutivo. Y así fue. En un breve documento, un superintendente delegado resuelve “imponer medida cautelar consistente en la suspensión inmediata de las actividades de patrullajes y todas aquellas que trascienden a actividades exclusivas de la Fuerza Pública, relacionadas con el restablecimiento y/o conservación del orden público”. También advierte a Seguridad Vipers que podría recibir nuevas sanciones si no acata la decisión.

En contra de la medida cautelar proceden recursos. El alcalde, interpelado tras conocerse la suspensión de las actividades de patrullaje, ha bajado el tono y se ha mostrado conciliador. “No pretendemos desacatar la medida impuesta, pero es un tema que la empresa de vigilancia debe abordar y defender dentro del marco legal correspondiente”.

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