El investigado Yahir Acuña busca consolidar su poder en Sucre ocupando la Alcaldía de Sincelejo

Faltaban dos días para las elecciones regionales de 2015 cuando Yahir Acuña, quien había renunciado a su curul en la Cámara pocos meses antes, fue retenido por llevar 480 millones de pesos en efectivo (unos 140.000 dólares de la época) en la camioneta que lo transportaba entre Corozal y Sincelejo. Las autoridades tardaron seis horas contando los fajos de billetes. No era la primera vez que el nombre del político sucreño –ahora uno de los candidatos con más posibilidades de ganar la Alcaldía de la capital de 310.000 habitantes, célebre por las corralejas del 20 de enero– se relacionaba con el manejo de dinero en época electoral. Tampoco sería la última.

Ha pasado casi una década y el controvertido político protagoniza nuevas denuncias. La emisora La W publicó un video en el que un hombre que viste una camisa con la frase “Yahir Acuña 100% la revolución de las pequeñas cosas”, al parecer, entrega dinero a un par de personas en una manifestación a favor del candidato. También se dio a conocer un audio en el que el aspirante confesaría la supuesta entrega de dinero a diputados.

“La plata que le entregaron a los diputados en diciembre del año pasado la entregué yo, que entregué mil barras y después en Semana Santa que entregué otros 1.000 los entregué yo, los puse yo (…)”, se escucha en la grabación sobre la que se desconocen detalles. Acuña se defendió en el mismo medio, diciendo que “la campaña ha venido sufriendo ataques sistemáticos, una selección de montajes que busca socavar la preferencia electoral”.

El candidato lleva a cuestas una investigación que la Corte Suprema de Justicia le abrió en enero de este año por presuntos vínculos con el grupo narcotraficante “Los Rastrojos” y la financiación irregular de su primera campaña a la Cámara para el periodo 2010-2014. Un mes después de que se conociera la apertura del expediente, Acuña repartía cascos a mototaxistas de Sincelejo que agradecían el regalo en videos divulgados en sus redes sociales.

La escena hace recordar el caso de Bernardo Miguel “El Ñoño Elías”, el político de Sahagún, Córdoba, condenado por recibir sobornos de Odebrecht, que fue recibido como héroe en su pueblo. Elías ganaba simpatía entregando lavadoras, televisores, planchas y otros electrodomésticos a personas que no tenían cómo adquirirlos, además de publicitar la entrega de obras públicas que había gestionado ante el Gobierno Nacional.

Una trayectoria debatida

Cuando estalló el escándalo de 2015, Acuña le hacía campaña a su esposa, Milene Jarava Díaz, a la Gobernación de Sucre. Era la carta que se jugaba tras quedarse sin el aval de la Unidad Nacional, la coalición de gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, que se lo negó por una investigación activa en su contra por presuntos nexos con paramilitares. El efectivo, según Acuña, provenía de la venta de dos inmuebles. Su compañera –que había renunciado como diputada de Sucre para encarnar la aspiración– estuvo a unos 22.000 votos de ganarle a Edgar Enrique Martínez, de Cambio Radical. Actualmente, Jarava ejerce su segundo periodo como representante a la Cámara por el Partido de La U.

Cuatro años después, en 2019, Acuña se lanzó nuevamente a la Gobernación, ya no en cuerpo ajeno y sin aval, pues recogió firmas. Sacó menos votos de los que obtuvo por medio de su esposa y perdió el pulso contra el actual gobernador, Héctor Olimpo Espinosa, del Partido Liberal. Ahora reaparece, avalado por La U, en el intento por conquistar la Alcaldía de Sincelejo este 29 de octubre.

La trayectoria del ingeniero civil de 43 años, que como líder estudiantil de la Universidad de Sucre ya mostraba más interés en la política que en la construcción, empezó como concejal de su ciudad en 2003. Luego fue diputado de ese departamento del Caribe – cargo que repitió entre 2020 y 2023 – y en 2010 llegó con más de 51.000 votos a la Cámara de Representantes, ocupando uno de los dos escaños de circunscripción especial para las negritudes.

Como congresista, estuvo encargado de investigar al expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusaciones por las interceptaciones telefónicas ilegales del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Pero pronto pasó a cargar el rótulo de investigado por las revelaciones de un exjefe paramilitar. Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, quien había comandado el bloque paramilitar local; lo acusó de haber ayudado a las autodefensas a infiltrar la Universidad de Sucre en su época como concejal.

Para entonces, Acuña era señalado de ser ahijado político de Salvador Arana, el gobernador de Sucre entre 2001 y 2003 que fue condenado en 2009 a 40 años de prisión por el homicidio del exalcalde del municipio de El Roble, Eudaldo León Díaz, y por su apoyo a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la confederación paramilitar que fue de las mayores responsables de crímenes en la historia del conflicto armado.

Arana, embajador de Colombia en Chile en el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe, se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en mayo de este año el tribunal le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada por sus aportes a la verdad sobre los hechos cometidos entre 1996 y 2006.

A Acuña también le cuestionaban su cercanía con Enilce López, alias ‘La Gata’, la empresaria del chance de la Costa Caribe que financió la primera campaña de Uribe a la Presidencia en 2002 y que utilizaba los juegos de azar para lavar dinero de los paramilitares.

Los prontuarios de ‘La Gata’, condenada por homicidio y nexos con ese grupo, y del exgobernador Arana, son una muestra de los alcances de la parapolítica en Sucre. Más de 30 políticos del departamento fueron procesados por vínculos con los paramilitares, desde exconcejales hasta excongresistas, incluido Álvaro “El Gordo” García, condenado por desviar dineros públicos y por ser autor intelectual de la masacre de 15 personas en Macayepo hace 23 años.

Ninguna de estas sombras detuvo la influencia de Acuña, que en 2014 fue reelegido como representante con 134.000 votos, más del doble de los de su anterior elección. A inicios de ese año, La Silla Vacía reveló que Acuña entregaba entre 20.000 y 50.000 pesos (entre 5 y 12 dólares) y botellas de whisky a simpatizantes y líderes de su campaña en reuniones políticas, e incluso regalaba la gasolina de los vehículos de mototaxistas. Como ficha clave para la reelección de Santos en su departamento, Acuña fue ganando fama de barón electoral, aunque no le alcanzó para la recordada elección de 2015 por la que dejó su puesto en el Capitolio.

Esta vez su suerte parece estar mejor: una encuesta sobre las carreras en todo el Caribe de la firma Mediciones Estratégicas, de las pocas que cubre la disputa por la Alcaldía de Sincelejo, le da el 46,4% de intención de voto, muy por encima de los demás candidatos. Su principal contrincante es el exalcalde de la ciudad, Jacobo Quessep, avalado por el Nuevo Liberalismo. En total, hay 15 candidatos, la mayoría con poco capital político, a diferencia de los dos punteros.

Acuña apoya para la Gobernación a Lucy García, exalcaldesa del municipio de Sincé que trabajó en la administración del actual gobernador y enfrenta en las elecciones a Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama Verónica Alcocer. De nuevo, las pocas encuestas le dan ventaja a García, aunque mucho más apretada que la de Acuña.

Fernández, abogado de 44 años, exconcejal de Sincelejo y exsenador de la República, tampoco está libre de señalamientos. Su compadre y antiguo aliado político Edgar Garay lo acusa de cobrar coimas en contratos de obras públicas en alianza con alcaldes locales. Sectores del petrismo se opusieron a que el tradicional partido de izquierda Polo Democrático lo respaldara por denuncias sobre presuntos nexos con paramilitares, y lograron evitarlo.

Finalmente recibió el aval de “En Marcha”, el partido del exministro santista Juan Fernando Cristo. La esposa del primo de la primera dama, Ana María Castañeda, también se mueve en la arena política. Fue reelegida el año pasado como senadora de Cambio Radical, un partido que se ha declarado en oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

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