Yahir Acuña contrata a hombres armados, en moto y vestidos de negro para “cuidar los parques” de Sincelejo

Los vecinos de Sincelejo, una ciudad de unos 300.000 habitantes en el caribe Colombiano, se despertaron este sábado con una sorpresa: patrullaban en moto decenas de hombres armados, equipados de uniformes y cascos de negro. La presencia causó confusión entre los sincelejanos, pues la Alcaldía no había hecho un anuncio, tampoco la Gobernación de Sucre. No se sabía si eran policías ni militares especializados. A las pocas horas, las autoridades informaron de que se trataba de un equipo de seguridad privada de 100 hombres contratado por el alcalde, Yahir Acuña, quien ha sido señalado en múltiples ocasiones de tener vínculos con grupos paramilitares. La polémica fue inmediata.

Por un lado, algunos argumentan que la presencia de estos hombres armados era buena para la capital sucreña, que en 2023 tuvo la segunda tasa de homicidios más alta de un país particularmente violento: 50,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, para algunas voces los vigilantes traen recuerdos de los días más oscuros en la historia reciente de Sincelejo y todo Sucre, cuando los grupos paramilitares mandaban y sometían a toda la región una brutal violencia. Este miércoles, tras cinco días de la medida, el Gobierno nacional entró al debate y se mostró en contra. “La Alcaldía de Sincelejo debe desmontar de inmediato este ‘frente de seguridad’, que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos”, declaró en X el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Horas más tarde, el alcalde reveló que no piensa hacerle caso.

En una entrevista con Blu Radio, Acuña explicó este miércoles que los hombres conforman un equipo de seguridad privada que la Alcaldía ha contratado para “cuidar las 24 horas del día los 50 parques públicos” de la ciudad. Agregó que los vigilantes son en su mayoría expolicías y exmilitares, como es usual en los guardas de seguridad colombianos, pero que también existen integrantes que no tienen experiencia en la Fuerza Pública. Afirmó que “hay unos que están armados y otros que no”. Y explicó que se movilizan en motos “porque es vigilancia móvil” y tienen que cuidar 50 lugares distantes entre sí.

A una pregunta sobre las declaraciones de Velásquez, que comparaban la medida con el paramilitarismo, el alcalde respondió: “Me parece más un acto de opinión que un acto de gobierno”. A continuación, aseguró que no iba a desmontar el esquema de seguridad. “Es un servicio absolutamente legítimo y legal”, sostuvo. Justamente, el principal parque de Bogotá, el Simón Bolívar, también es vigilado por un equipo guardas de seguridad privada; estos trabajan sin motos ni uniformes de negro.

Las Convivir

Una de las críticas al esquema de Sincelejo es su similitud con las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural o Convivir, grupos en muchos casos de ingrata recordación. En febrero 1994, el Gobierno de César Gaviria autorizó la creación de esas cooperativas, con la idea de crear grupos de participación comunitaria que ayudaran a mejorar la seguridad en el campo, al estilo de las rondas campesinas peruanas. Sin embargo, muchas de estas asociaciones se fueron transformando hasta convertirse en la semilla de la expansión paramilitar de finales del siglo pasado. Justamente, un periodista de Blu Radio preguntó a Acuña por el parecido de su nuevo frente de seguridad con las antiguas Convivir. “Es completamente distinto, por favor”, respondió, indignado. Argumentó que se trata de un esquema completamente legal.

Los 100 hombres patrullan las calles de Sincelejo pertenecen a una misma empresa: Seguridad Vipers. Sus registros oficiales de Cámara de Comercio muestran que nación en 1993 en Montería, capital del vecino departamento de Córdoba. Según su página web, hoy tiene sedes en 11 ciudades del país y “presta servicios de vigilancia y seguridad privada, mediante el cumplimiento de requisitos contractuales, la normatividad legal aplicable, los requisitos de otra índole y la gestión, para evitar, prevenir y reducir eventos perturbadores o indeseables.”

El contrato de prestación de servicios, publicado en el SECOP II, revela que la Alcaldía de Sincelejo pagará casi 25.000 millones de pesos (unos 6 millones de dólares) por tres años y medio de servicios, que además de los parques suma decenas de infraestructuras físicas del municipio. El acuerdo vence el 31 de diciembre de 2027, el último día del mandato de Acuña.

Las críticas

José Fredy Aguilera es representante de la Musa Sucreña por la Paz, una organización que agrupa diferentes representaciones de la sociedad civil en el departamento. Explica por Whatsapp que los vigilantes contratados por la Alcaldía “no tienen capacidad ni competencia para hacer requisas, pedir documentos o utilizar sus armas”. Y dice, que en su opinión, son medidas anticuadas: “La Alcaldía debería apuntar en medios tecnológicos de control territorial e información rápida y oportuna”. Además, Aguilera teme que pagar a un equipo de vigilancia privada no sea el mejor uso posible de los recursos públicos. “Lo central sería fortalecer a la Fuerza Pública y a la Justicia para que mejore la convivencia, generando acciones sociales para mejorar la calidad de vida de la gente y desarrollando políticas incluyentes con los jóvenes”, asegura.

Efectivamente, desde que Acuña se posesionó el pasado 1 de enero, se ha enfocado en gran parte en mejorar la seguridad en la ciudad. El año pasado, una guerra urbana entre el Clan del Golfo, uno de los grupos ilegales más grandes del país, y una banda local llamada los Norteños, bañó a Sincelejo en sangre. Los homicidios pasaron de 89 en 2022 a 154 en 2023. Ante esto, Acuña entró a gobernar determinado a parar esa violencia. Y le ha dedicado muchos recursos.

En entrevista con este diario en abril, el alcalde aseguró que la Policía había copado la ciudad. Además, explicó que había armado un bloque de búsqueda contra el multicrimen, conformado por policías, soldados, fiscales y más, con cabezas que se reúnen todos los martes para revisar la situación y tomar medidas. En sus casi siete meses de mandato, parece que han funcionado: las estadísticas revelan que la capital sucreña es ahora una de las ciudades más seguras del país. Por eso, Aguilera dice que no entiende muy bien la necesidad de contratar a este nuevo equipo de seguridad: “Se mejoró la seguridad o la percepción de la misma, y persiste hacer una inversión millonaria cuando la gente tiene tantas necesidades. Hay un tema de prioridad del gasto que no clarifica cuál es la apuesta fundamental del Gobierno Acuña.”

Se muestra de acuerdo Juan David Díaz, hijo de Edualdo Díaz, asesinado en 2003 por paramilitares cuando servía como alcalde del municipio de El Roble. El defensor de derechos humanos sincelejano explica por teléfono que los nuevos vigilantes patrullan la ciudad en grupos de diez. Dice que le genera temor ver a estos hombres armados, vestidos de negro por las calles. “Trae recuerdos de los escuadrones de la muerte. Se vestían así”. Para Díaz, más allá del debate sobre el uso de los fondos públicos, la presencia de estos hombres armados manda un mensaje intimidatorio. “El alcalde ahora tiene un pequeño ejército a su servicio. Y no es cualquier alcalde. Es Yahir Acuña. Él tuvo vínculos con las autodefensas”, acusa.

Un alcalde polémico

Díaz no es el único sincelejano que duda del pasado, y presente, de Acuña. El político lleva más de dos décadas de carrera y siempre ha sido una figura controvertida. Desde antes de llegar al Congreso en 2010 por un partido afro que dominaba, ha sido señalado de tener vínculos con grupos narcoparamilitares y de compra de votos. Nunca ha sido llevado a juicio.

En 2015, fue retenido por la policía por llevar 480 millones de pesos en efectivo (unos 140.000 dólares de la época) en la camioneta que lo transportaba entre Sincelejo y el cercano municipio de Corozal. Faltaban dos días para unas elecciones en las que su esposa Milene Jarava buscaba ganar la Gobernación. La Fiscalía archivó el caso en 2019. Cuatro años después, en 2023, Acuña rindió indagatoria ante la Corte Suprema, que lo investiga por concierto para delinquir, relacionado con sus presuntos nexos con los Rastrojos, un grupo criminal que nació de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Acuña siempre ha negado todas las acusaciones en su contra con una frase que parece que tiene memorizada: “Es un privilegio ser investigado en una democracia”. Lo repitió tres veces en entrevista con este diario en abril. Este miércoles, usó una variante en Blu Radio: “Es un privilegio ser investigado en Colombia”.

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