El Tribunal de Bogotá condena a Iván Ramírez por la desaparición de Irma Franco en la retoma del Palacio de Justicia

31 años y 10 meses de prisión. Esa es la pena a la que fueron condenados en segunda instancia Iván Ramírez Quintero, general en retiro del Ejército, y Fernando Blanco Gómez, coronel también en retiro, por la desaparición forzada de Irma Franco en 1985. Se trata de una de las condenas más fuertes hasta el momento por la sangrienta toma del Palacio de Justicia de Bogotá por la extinta guerrilla del M-19 y la posterior y aún más sangrienta retoma militar del simbólico edificio.

Irma Franco era miembro del M-19. Estudiante de Derecho, de 26 años, se encontraba en la secretaría del Consejo de Estado, en el Palacio, cuando un comando de esa guerrilla se tomó el recinto judicial más importante de Colombia. No se ha logrado esclarecer del todo por qué estaba ahí en ese momento. Unos dicen que fue una coincidencia, que estaba buscando información para su tesis; otros, que estaba haciendo una labor del vigilancia para el grupo. La toma y posterior retoma, en todo caso, arrojó al país a una crisis, y desembocó en la muerte de alrededor de 94 personas y la desaparición de otras 12, incluyendo magistrados, visitantes y guerrilleros. Este miércoles, casi 39 años después, el Tribunal Superior de Bogotá informó que le dio la razón a la Fiscalía en su apelación contra una sentencia del juzgado 51 penal del circuito de Bogotá que, en diciembre de 2011, absolvió a Ramírez y Blanco Gómez por la desaparición forzada de Irma Franco.

Según la sentencia publicada por Caracol Radio, Ramírez, en coordinación con el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, ordenó a los militares bajo su mando llevar al museo Casa del Florero, diagonal al Palacio, a las personas que rescataran con vida. En la histórica casa los militares realizaron labores de reconocimiento, identificación e interrogación. Allí llegó Irma Franco, según la sentencia del Tribunal, y nunca se volvió a saber de ella. Por eso la condena no es por delitos como tortura u homicidio, sino por desaparición forzada.

Jorge Franco, hermano de Irma, se pronunció frente a la sentencia. En un video que ha difundido el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR), oenegé que ha asesorado a víctimas del Palacio durante estas décadas, asegura que no es partidario de las penas altas porque entiende que todas las personas son seres humanos con familia. Pero explica que en este caso la condena es justificada, “más cuando no colaboran para decir la verdad y más para saber en dónde escondieron o qué hicieron con los restos de Irma. Hubiera sido mucho mejor para nosotros una pena menor, pero con la verdad y con los restos de Irma”, asegura la víctima de la desaparición, un delito que tiene la particularidad de crear una zozobra permanente en quienes esperan por años la llegada de sus seres queridos sin poder abordar un duelo.

Eduardo Carreño Wilches, cofundador del CAJAR, ha celebrado la decisión judicial. En un video, señala que el Tribunal le da la razón a sus alegatos: “Irma Franco sí fue capturada viva y estuvo en la Casa del Florero, donde fue custodiada por miembros de inteligencia y contrainteligencia del ejército. Además, el soldado que la custodiaba informó a la familia sobre esta captura, y miembros del ejército confirman la presencia del coronel Iván Ramírez [luego ascendido a general]”, afirma. El penalista y defensor de derechos humanos concluye con una reflexión sobre la decisión de la justicia: “Desafortunadamente es tardía pero, como dicen, tarde pero llega la justicia”.

Iván Ramírez tiene más cuentas pendientes con la justicia. Se acogió a la justicia transicional pactada con las FARC, pero la Justicia Especial para la Paz, el tribunal pertinente, lo expulsó en agosto de 2022, tras encontrar que no colaboró con sus objetivos de lograr verdad y justicia. “El compareciente no ha cumplido con los compromisos de verdad asumidos previamente y ha ignorado las condiciones establecidas [...] para aceptar su sometimiento. Ramírez Quintero incluso expresó su intención de evitar el proceso dialogado con la participación de las víctimas”, explicó entonces el tribunal en un comunicado de prensa. Esa expulsión le valió a Ramírez más problemas. En mayo de 2023, el Gobierno de Estados Unidos le prohibió la entrada a su país, por “graves violaciones de derechos humanos”.

Además, Ramírez ha sido señalado por Salvatore Mancuso, uno de los principales jefes de los desmovilizados paramilitares de las AUC, de haber colaborado con ese grupo ilegal. En sus declaraciones ante la JEP sobre operaciones conjuntas de las autodefensas con la fuerza pública, mencionó que contaron con el apoyo del general retirado para la masacre de El Aro (Ituango ,Antioquia), cometida en octubre de 1997 y una de las más sangrientas del conflicto, con 17 muertos y 5.000 desplazados. “(Las planeaciones) iniciaron desde la Casa Castaño cuando las pide Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia hasta el general Iván Ramírez y de ahí hasta la IV Brigada”. También dijo que Ramírez fue uno de los militares que apoyaron a los paramilitares en el secuestro de Leonor Palmera, hermana de Ricardo Palmera, cabecilla de las extintas FARC conocido como Simón Trinidad. La connivencia fue tal, según Mancuso, que Ramírez “abrió las puertas a todas los batallones y brigadas” adscritas a la Primera División del Ejército.

Ramírez siempre ha negado su responsabilidad tanto en desapariciones forzadas en el Palacio como en cualquier hecho cometido por los paramilitares. “Yo no ayudé a expandir el paramilitarismo”, dijo en una audiencia citada por la JEP en diciembre de 2022 en el marco de otro caso relacionado con el genocidio de los integrantes de la Unión Patriótica (UP).

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