Banditas, bandas y bandotas: la violencia urbana desangra a Cúcuta

Ya era de noche cuando Yudy Chacón y su novio, Rafael Pacheco, salieron el pasado lunes festivo de un bar en el barrio Jerónimo Uribe, en Cúcuta, en el nororiente de Colombia. Se habían tomado unas cervezas. El calor era insufrible. De repente se escuchó el ruido de una moto: dos hombres venían por ellos. El parrillero sacó un arma y disparó. Chacón recibió una bala en la cabeza, Pacheco cuatro. Ambos murieron. Los sicarios se dieron a la fuga y no han sido capturados. Dos horas antes, en el barrio Cúcuta 75, Wolffan Cacua tomaba algunos tragos en su casa con un amigo. De golpe se pusieron a pelear. El amigo sacó un cuchillo y se lo clavó en el pecho. Cacua falleció.

Chacón, Pacheco y Cacua fueron las últimas tres muertes de un fin de semana largo y sangriento en la capital nortesantandereana. Un festivo no tan festivo: la ciudad sufrió 13 asesinatos entre el viernes 7 de junio y el lunes día 10. La cantidad de tragedias, con razón, ha llamado la atención nacional. Y aunque para los cucuteños también es una noticia impactante, para muy pocos es una sorpresa. Pasó algo similar los últimos días de marzo: nueve homicidios en un fin de semana. En Cúcuta la violencia se ha urbanizado, y es cada vez más visible.

En una urbe de cerca de 800.000 personas, hubo 129 asesinatos entre el 1 de enero y el 9 de junio, según los datos de la Policía Metropolitana. Son 25 más que en el mismo periodo el año pasado, un aumento del 19%. Si se toma en cuenta el área metropolitana, donde viven unos 1.200.000 habitantes, hubo 176, 19 más que en ese lapso de tiempo de 2023, 11% más.

Ubicada en la porosa frontera con Venezuela, donde cruzan miles de personas cada día y reinan economías ilícitas como el contrabando, la exportación de cocaína, el microtráfico, el lavado de dinero o la extorsión, por años Cúcuta ha sido una de las ciudades más violentas del mundo. Sin embargo, varias fuentes aseguran a este periódico que los homicidios de este año ocurren de una forma nunca antes vista: en casas, en la vía pública, en el centro de la ciudad, en zonas que se pensaban intocables.

Una anarquía criminal

“Aquí hay una anarquía criminal. No hay un lugar seguro en Cúcuta”, afirma por videollamada Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar Norte de Santander. “El sicariato está desbordado”, agrega. La zozobra es tanta que la ANDI, el gremio sombrilla empresarial, de Norte de Santander publicó en mayo un comunicado con otros 19 gremios de la región, que expresaba “su profunda preocupación por el grave deterioro de la seguridad” en el departamento. “Queremos destacar la gravedad de los recientes actos sicariales ocurridos en Cúcuta y los municipios aledaños, donde se han registrado numerosos asesinatos a plena luz del día sin que las autoridades hayan podido controlar la situación ni explicar la amenaza que enfrenta la población”, se lee en el documento. Según Cañizares, experto en la situación humanitaria y de seguridad de la región, casi el 90% de los homicidios ocurridos este año han sido por sicariato.

El alcalde, Jorge Acevedo, recibió en enero amenazas de muerte por parte el crimen organizado. Culpa de este pico de asesinatos a una disputa entre varias bandas. Y los expertos, en parte, le dan la razón. Carlos Arturo Ramos, director administrativo de la Corporación red departamental de defensores de derechos humanos, asegura por videollamada que dos de las más poderosas bandas de la ciudad, Los Porras y la binacional AK-47, han declarado la guerra a Los Manzaneros, dirigida por Jayson Omar Pabón, Pepino. Este conflicto ha resultado en enfrentamientos en la ciudad con armas de guerra como fusiles y granadas. Es más que posible que el choque se haya intensificado desde que el padre de Pepino fue asesinado el pasado 16 de mayo, presuntamente por los Porras.

Pero no hay una sola disputa. Ramos advierte de que el aumento en la violencia también puede deberse al temido Tren de Aragua, al ELN, al Clan del Golfo, a Los Lobos, Los Ñoños, Los Pulpos, La Línea, Los Pelusos, las disidencias de las extintas FARC, o cualquiera de las 25 organizaciones criminales de todo tipo de tamaño y poder que, según la Policía Metropolitana, operan en la urbe. En palabras del periodista cucuteño Cristian Herrera en diálogo con este diario: “Aquí hay banditas, bandas y bandotas”. Y todas quieren un pedazo de las economías ilegales.

Herrera explica que durante los noventa, cuando los grupos paramilitares se enfrentaban con las guerrillas, Cúcuta se acostumbró a una violencia rural. Solo fue en los últimos años que empezó a aumentar considerablemente la violencia urbana, especialmente desde la pandemia. Es la ciudad colombiana con más masacres en los últimos cinco años: 17, según cifras oficiales. Las siguientes en esa lista son Barranquilla, Tumaco y Bogotá, con 12 cada una; la capital y la mayor ciudad del Caribe tienen poblaciones mayores a las de la ciudad fronteriza.

El factor de la migración

De acuerdo con el periodista, el incremento de la violencia ha coincidido con la llegada de bandas de origen venezolano como el Tren de Aragua o los AK-47. Asegura que muchos miembros de estas organizaciones se mueven libremente de un lado al otro de la frontera, lo que dificulta la ya complicada tarea de capturarlos. Además, señala que entre los más de 200.000 venezolanos que se han asentado en la urbe, gran parte de ellos de escasos recursos económicos, varios han sido instrumentalizados por el crimen organizado. Afirma que, en una ciudad donde la tasa de informalidad laboral ronda el 70%, algunos de estos migrantes no tienen otra opción que trabajar para las bandas.

Cañizares, de la Fundación Progresar, se niega a echar la culpa a la migración. Dice que el crimen organizado, arraigado en Cúcuta desde hace años, sí se aprovecha de las necesidades de estos migrantes, pero también de los jóvenes nortesantandereanos. Sin embargo, para él la violencia tiene mucho más que ver con la enorme caída en precio de la hoja de coca, por la sobreoferta de esa materia prima para la cocaína. De acuerdo con la ONU, un kilo de hoja vale hoy hasta la mitad de lo que valía en 2022.

Justamente, Cúcuta se encuentra en un punto estratégico para todo lo que tiene con el narcotráfico. Su larga frontera con Venezuela facilita el envío de drogas por las rutas de exportación venezolanas. Además, a unos 200 kilómetros al norte está el Catatumbo, uno de los mayores enclaves cocaleros del país, que produce el 12% de la coca de Colombia, según datos de 2022 del Ministerio de Justicia. Durante años, la violencia se concentraba en esa zona, y en áreas rurales aledañas a la capital del departamento. Pero, explica Cañizares, la crisis de la hoja llevó a que sus grandes compradores, los carteles mexicanos, abandonaran la región. En busca de otras rentas criminales, y queriendo exportar su mercancía a través de Venezuela, varias bandas se han trasladado a Cúcuta, donde se han sumado a la guerra por el control de las economías ilegales de la ciudad.

La criminalidad vence a la institucionalidad

El crimen ha vencido a la institucionalidad en la ciudad, afirman todos los entrevistados. Ramos, el defensor de derechos humanos, dice que “lo único organizado hoy en Cúcuta son las bandas criminales”: “No hay una organización, un liderazgo por parte de las autoridades que pueda frenar esto”. Yefri Torrado, abogado especialista en derecho penal y criminología, coincide. Dice que las políticas de seguridad del alcalde Acevedo, quien se posesionó el 1 de enero, se quedan cortas, al igual que las de la anterior administración. “Parece que las autoridades cayeron en una suerte de inercia donde esperan que los criminales se maten entre sí hasta que no queden más”, comenta.

Torrado dice que el alcalde tiene un enfoque de control situacional, que no funciona. “Habla de instalar más cámaras, más alarmas; de más policías en la calle, de poner un batallón militar en la ciudad. Ni él ni el anterior alcalde han hablado de solucionar el problema de raíz”, afirma. Y es que el problema de raíz es profundo, y muy difícil de solucionar. Cúcuta está pegada a un país que lleva años en una crisis humanitaria y es la capital de uno de los departamentos más pobres de Colombia. En ese contexto, Torrado explica que el crimen se ha convertido en un proyecto de vida para muchos jóvenes en la ciudad: “Hay casas lujosas que todo el mundo sabe que son compradas con dinero de lavado de activos. Hay comunas a las que casi no puede llegar la Policía. La informalidad es del 70%. ¿Qué otras oportunidades tienen los jóvenes?”.

Para él, se necesitan soluciones no solo por parte de la Alcaldía y de la Gobernación, sino de la Administración del presidente Gustavo Petro. “Pareciera que el Gobierno nacional no ha puesto ojos acá”, afirma. Asegura que no se realizan conversaciones sobre la paz urbana con las bandas, cómo se está haciendo en Medellín, Buenaventura o Quibdó, y que se necesita una “solución más integral” que incorpore todos los sectores de la sociedad.

Es una posición que comparte Cañizares. “Hay 150 asentamientos informales en esta ciudad. Hay bandas que patrullan en la noche con fusiles. La mayoría de la población se dedica al rebusque. Esto es un cóctel”, se lamenta. Según él, la situación solo va a cambiar si Gobierno nacional decide enfrentar al crimen organizado en la ciudad: “Ni la Gobernación ni el Estado han sido capaces de diseñar una estrategia seria para enfrentar a la criminalidad. Le han dado la espalda a Cúcuta”.

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