Una nueva ola de escasez de gasolina golpea a Venezuela

Venezuela, la otrora potencia energética que abastecía de combustible a casi todo occidente, se queda de nuevo sin gasolina. Los inconvenientes no se sienten en Caracas, pero están muy extendidos en varias entidades federales del interior del país, particularmente en los pueblos del occidente. Las estaciones de servicio que no están cerradas organizan a los usuarios de acuerdo a los dígitos de la placa del auto. Así ocurre en los pueblos andinos de Mérida, en el Zulia, en las regiones llaneras de Barinas, Cojedes y Portuguesa, en Barquisimeto, en Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar. La producción agrícola tiene en esta falla crónica uno de sus clásicos dolores de cabeza.

Las causas parecen circunstanciales, aunque desnudan las graves deficiencias de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el mantenimiento de sus refinerías y el manejo en sus estructuras de personal poco calificado, circunstancia agravada por las sanciones internacionales. Un carguero de bandera griega proveniente de Irán se retrasó con el combustible que esperaba Venezuela. Este, si bien ha recuperado parte de su producción de crudo y derivados, aún no logra abastecer por sí sola su mercado interno.

Cualquier retardo en la llegada del combustible importado produce graves sobresaltos. En esa inestabilidad, arreglando fallas que se vuelven a averiar, lleva el Estado unos cuantos años. También sucede con la luz. Tras el derrumbe productivo de entre 2014 y 2019, en la presidencia de Nicolás Maduro, Venezuela lucha desde 2021 por recuperar su producción petrolera. Esta promedia actualmente algo más de 800.000 barriles diarios, lejos de su promedio histórico, cercano a los tres millones.

Hace muy poco, apoyada en las licencias individuales que provee la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, la energética española Repsol anunció inversiones en nuevos campos petroleros y de gas, que podrían aumentar la producción unos 200.000 barriles adicionales para fines de año. Algunos economistas consideran factible que el país llegue al millón de barriles diarios al cierre de 2024.

Además de Repsol, la estadounidense Chevron, la francesa Murel & Prom y la italiana Eni mantienen, junto a otras 20 compañías y contratistas, inversiones y proyectos en el país. La mayoría es de mediano espectro, dedicadas al mantenimiento de pozos y cobros atrasados.

La producción local ha registrado algunas mejoras con el esfuerzo propio de PDVSA, presidida por Pedro Tellechea. Antes del chavismo, la empresa era capaz de encargarse sola de la cadena productiva: exploración, producción, refinación y exportación del crudo nacional y sus derivados.

Rafael Quirós, economista enfocado en la industria y académico de la Universidad Central de Venezuela, explica: “La mayoría de las petroleras internacionales que están en el país se quieren quedar, aunque todas saben que no se irá muy lejos ni se podrá hacer mucho mientras Nicolás Maduro siga en el poder”. Y agrega: “Se quedan esperando que las cosas algún día cambien, que se pueda invertir en otros términos. Mientras tanto, harán inversiones de mantenimiento”.

La vecina Guyana atrae de momento las millonarias inversiones de petroleras multinacionales que la dirigencia revolucionaria venezolana lleva años invitando a invertir. Pero al mismo tiempo, la ahuyenta con procedimientos hostiles contra el capital privado.

En la crisis de la producción concurren varios factores: la sobrepolitización de sus objetivos, el abultamiento de su nómina, la corrupción desbordada y la incorporación de negocios distintos al petrolero. Además de las dificultades que actualmente imponen las sanciones internacionales, hay un problema fundamental en la falta de mantenimiento. El pasivo se acumuló durante la década pasada.

El parque de refinerías, uno de los más grandes del mundo, ha estado averiado a pesar de que el Gobierno ha hecho enormes esfuerzos por recomponerlo parcialmente con ayuda de Irán. Es común que sean reparadas, se anuncie su reapertura, comiencen a trabajar y sobrevenga una nueva avería.

Los accidentes, incendios y derrames con daños ecológicos han sido comunes en esta década. Uno de los más célebres fue la explosión de la refinería de Amuay, en 2010, que desató un enorme escándalo y causó numerosos muertos y enormes destrozos en pueblos aledaños.

Una comisión legislativa ―encabezada por la entonces diputada opositora María Corina Machado― estaba decidida a asistir a Amuay, a seis horas de Caracas, con el objeto de investigar las causas del accidente, acusando al Gobierno de negligencia y falta de mantenimiento. Fue Diosdado Cabello, entonces presidente del Poder Legislativo, quien se negó a que la investigación tuviera lugar, aferrado a la tesis del sabotaje. Algo que logró aprobar con la mayoría parlamentaria de entonces.

El propio Cabello se dedicó recientemente a comentar someramente el grave problema de los servicios públicos, cosa que ha hecho ocasionalmente en algunos mítines. “No nos cerramos los ojos, tenemos fallas. Las estamos atacando. Lo que tiene que pensar la gente es que estaríamos mucho peor si gobernara la derecha, los apellidos. Lo primero que harían sería privatizarlo todo”.

Siga toda la información de El PAÍS América en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.