Los maestros oficiales anuncian un paro en su puja por priorizar la educación pública

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) ha sido hasta ahora una fiel aliada del Gobierno de Gustavo Petro. Ni siquiera las fallas en el nuevo modelo de salud de los maestros oficiales, implementado el 1 de mayo, la llevaron a un enfrentamiento frontal. Pero las modificaciones a la reforma a la educación que el Ejecutivo negoció la semana pasada con la oposición han desbordado la paciencia de sus más de 300.000 afiliados. La tensión es evidente. “Fue a espaldas de nosotros, a puerta cerrada y por asalto”, explica por teléfono Martha Rocío Alfonso, secretaria de Relaciones Internacionales y portavoz de Fecode. Ahora, el mayor sindicato de Colombia prepara un paro contra la Administración de Petro y acusa a su ministra de Educación de ir contra la prioridad a la educación pública que defiende el presidente. El cese comenzará el miércoles y se extenderá, al menos, hasta que el Senado lleve a cabo la última votación del proyecto, que prevén que sea el 17 de junio.

La reforma busca consagrar el derecho fundamental a la educación. Es una ley estatutaria, lo cual implica que requiere de mayorías más amplias y que su función es establecer principios básicos que sirvan como un marco para otras leyes más específicas. En el centro de las críticas de Fecode está el rol del sector privado. El sindicato rechaza que el texto aprobado por la Comisión Primera del Senado el pasado miércoles incluya menciones explícitas a estos actores. Considera que abre la puerta al regreso de iniciativas como Ser Pilo Paga, un programa del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) que otorgó créditos condonables para que los alumnos con los mejores promedios pudieran estudiar en universidades privadas.

“Claro que puede haber educación privada, la discusión no es esa. El punto es que el dinero de lo público es para lo público y no puede llevarse para los privados”, remarca Alfonso. “[El proyecto] dice que el Estado pone dinero y el sector privado también. ¿Entonces quién es el responsable? Se abre la puerta a una mercantilización a la cual Fecode ha resistido muchísimos años”, añade. Asimismo, hay malestar con la inclusión de un apartado que establece el desempeño de los estudiantes como un criterio para las evaluaciones de los docentes. “No es lo mismo estudiar en el Champagnat o San Ignacio [tradicionales colegios privados urbanos] que hacerlo en escuelas de territorios inmersos en el conflicto social o armado”, dice la portavoz.

El sindicato exige que el proyecto se hunda y se radique de nuevo. Según explica Alfonso, para Fecode las modificaciones han desvirtuado toda la reforma. “La esencia del proyecto fue modificada. El constituyente primario llevaba un proceso y fue traicionado a puerta cerrada”, subraya. El enojo es principalmente con la ministra del ramo, Aurora Vergara, y con la senadora María José Pizarro, que pertenece al Pacto Histórico y fue una de las ponentes del proyecto en la Comisión Primera. El presidente, por ahora, ocupa un lugar secundario. “Estamos esperando que él se manifieste y entienda que la ley estatutaria va en contra del programa de Gobierno”.

La ministra

Vergara se ha mostrado abierta a hacer cambios en el último debate legislativo. En una nota que el Ministerio publicó en El Espectador, la funcionaria reconoció que la evaluación de docentes a partir del desempeño de sus estudiantes “es uno de los temas que debe revisarse”. Por otro lado, dejó en claro que hay que incluir al sector privado. “La Constitución Política de Colombia reconoce el derecho de los particulares a fundar establecimientos educativos y establece la obligación del Estado de crear un sistema público educativo. Este mandato y la realidad de la cobertura educativa en el país nos exigen reconocer la existencia de un sistema educativo mixto”, declaró.

En el medio, han quedado en evidencia los desacuerdos al interior del petrismo. Vergara celebró el resultado en el Senado como un ejemplo de la capacidad del Ejecutivo de consensuar sus reformas. “Cuando el país dialoga, se alcanzan acuerdos que nos permiten avanzar”, resaltó. Pero varios congresistas afines, y Fecode, lo vieron como una traición. El domingo, el sindicato cuestionó a la ministra públicamente, a través de una respuesta en X a la nota en El Espectador. “Se sale por la tangente. No responde a los verdaderos cuestionamientos sobre los nefastos micos que le incluyeron a este proyecto de ley. Debe reconocer que como está va en contra de su norte de reconocer a la educación como derecho fundamental”, le reprocharon.

Otros puntos de debate

Un comunicado de Fecode del pasado jueves enumera varias “propuestas absurdas y regresivas” que se incluyeron en el nuevo texto. Denuncia que se crearán bonos escolares o vouchers que “habilitarán la privatización” y eliminarán “la función social de la educación”. También que se establecerán aparatos burocráticos innecesarios para vigilar al sistema y que la definición de la educación como “un servicio público esencial” busca reducir la capacidad de movilización de los docentes. Asimismo, cuestiona la práctica “perversa y punitiva” de vincular las evaluaciones docentes a resultados ajenos a la práctica pedagógica y señala que el nuevo texto niega el carácter obligatorio a los grados de pre-jardín, jardín y transición.

La Fundación Empresarios por la Educación respondió con un cuadro en el que desmiente la mayor parte de estos puntos. Asegura que no habrá bonos escolares —contemplados en una ponencia que se hundió— y que la definición de la educación como un servicio público no limitará los derechos laborales de Fecode. Agrega que no se van a crear nuevas entidades de vigilancia y que habrá varios componentes en las evaluaciones de docentes. Reconoce, sin embargo, que no se establece la obligatoriedad de la educación inicial y que, en vez, se contemplarán esquemas de financiación para fortalecer la oferta estatal.

Uno de los puntos que produce mayor tensión es la creación de la educación terciaria, también llamada posmedia. Es un concepto que incluye tanto a las universidades como a la formación técnica y al reconocimiento de aprendizajes y saberes previos. Para Fecode, se incluyó “sin la suficiente sustentación ni debate con la comunidad educativa” y puede ir en detrimento del acceso a la educación superior. En cambio, según Empresarios por la Educación, el concepto estuvo presente en la audiencia pública del Senado y permitirá incluir a más actores en el sistema.

Tensión entre la educación pública y privada

Andrés Vélez, abogado especializado en el sector educativo, enfatiza por videollamada que los lineamientos que establece una ley estatutaria no deben servir para favorecer una visión estatista de la educación, sino dejar esa decisión a cada Administración, como a su juicio hace el proyecto actual. “Si el Gobierno de Petro quiere promover la matrícula cero [gratuidad en la educación superior], lo puede hacer. Pero la idea es que mañana otro Gobierno también pueda usar vouchers o volver a Ser Pilo Paga”, subraya. Para él, Fecode busca que la ley solo represente su visión. “El acuerdo es importante porque establece unas reglas básicas que permiten que gobiernos de izquierda o derecha puedan impulsar las políticas públicas que consideren con el mandato que les dé el pueblo”.

El experto cree que el mayor margen de negociación del Gobierno está en el punto que vincula la evaluación docente con el desempeño de los estudiantes. “Si para bajar tensión con Fecode es necesario quitar esa referencia, se puede eliminar”, afirma. Según Vélez, los detalles del sistema de evaluación ni siquiera deberían estar en la ley estatutaria, que debe ser más amplia y genérica que una ordinaria. Sin embargo, es más intransigente con respecto a las menciones al sector privado. Remarca que hay que tener en cuenta el peso que tiene la educación privada en Colombia y que hay que considerar sus capacidades “para ampliar la cobertura y fortalecer la calidad”. Asimismo, defiende que el concepto de educación terciaria es importante para reconocer que existen vías educativas diferentes a las universidades y que el mercado ahora demanda más técnicos que profesionales.

Andrés Felipe Mora, director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, está en desacuerdo. Cuestiona el concepto de educación terciaria porque, a su juicio, limita la educación a la formación para el trabajo. “Plantea que muchas instituciones empiecen a ofrecer ciclos cortos de formación en un estricto sentido de acople a las necesidades productivas de los empresarios. Es una forma reduccionista de pensar la educación superior y lleva paulatinamente a la extinción de las universidades”, afirma.

El investigador ve, además, una “reivindicación de la educación privada” que encuentra problemática. “En una perspectiva de los derechos y de garantía del derecho fundamental, la reivindicación fundamental tiene que ver con la educación pública”, sostiene por mensaje de WhatsApp. Para él, la oposición ha planteado “una discusión falsa e ideológica” que busca mercantilizar al sector con lógicas de oferta y demanda. “Ellos asumen el fortalecimiento de la educación pública como una estatización y eso no es así. La ley no prevé que se elimine el sector privado, sino que el público es el que debe fortalecerse para garantizar el derecho”, subraya. “Fecode es un sindicato de profesores del sector público. Fortalecer la privada no solo debilita la pública, también debilita al sindicato”.

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